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Sep 03 2018

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Derechos Humanos: denuncia internacional por las muertes y abusos en la Alcaidía

Fuente: HDP Noticias

La defensora general adjunta: Gisela Gauna Wirz, elevó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Diego Ibáñez. Denuncia una larga serie de violaciones en el Servicio Penitenciario Provincial.


La defensor general adjunta acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Ibáñez.

La defensora general adjunta Gisela Natalia Gauna Wirz elevó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las muertes ocurridas en la Alcaidía de Resistencia y las recurrentes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Chaco a través del Servicio Penitenciario Provincial.

La funcionaria expuso ante el organismo internacional el reciente caso de Diego Armando Ibáñez, de 23 años, que denunció haber sido torturado y empalado por un grupo de agentes del Servicio Penitenciario que después habrían intentado colgarlo del techo ciñéndole una sábana al cuello para simular un suicidio.

Por esto habían sido detenidos seis penitenciarios que recuperaron la libertad rápidamente tras la intervención de funcionarios del Poder Ejecutivo que asumieron inmediatamente la defensa de los guardias ignorando las acciones instruidas por la Justicia. Y, además, negando la existencia del abuso sexual y la golpiza a pesar de que ya habían sido comprobados por los peritos médicos.

Gauna Wirz informó que la defensora Daniela Acosta Calvo presentó un hábeas corpus ante la Justicia provincial para proteger al detenido pero a pesar de que su planteo fue consentido, la sentencia aún no se cumplió y éste sigue a disposición del Servicio Penitenciario. Para ella, esta situación no es novedosa, ya que se tornó habitual que el Estado incumpla las medidas ordenadas por la Justicia en esta materia.

Paralelamente, denunció el montaje oficial de una campaña para desprestigiar a Ibáñez y relativizar su denuncia atribuyendo el episodio a presuntos desequilibrios emocionales y psiquiátricos, que se completó con presiones del propio Servicio Penitenciario al resto de los detenidos a los que se conminó a firmar notas en contra de Ibáñez que rápidamente fueron difundidas a través de medios de comunicación.

En este contexto, la defensora entiende que la vida de Ibáñez está en peligro y podría correr la misma suerte que otros internos muertos en la Alcaidía en circunstancias poco claras, que no fueron esclarecidas o que directamente ni siquiera fueron investigadas. Y, para graficar, menciona algunas de las muertes ocurridas en poco tiempo en la Alcaidía, como la de Gustavo Gabriel Catán, ocurrida el 28 de abril de este año; la de Jorge Ariel Pichoto, el 6 de agosto, y la de Martín Cuevas, al día siguiente.

Las razones de la muerte de Catán aún no fueron dilucidadas.

Pichoto no recibió la asistencia médica que demandaba su afección, y la desidia de las autoridades del penal hizo que no llegara a tiempo para un turno en el hospital Perrando. Días después su cuadro empeoró cuando no había médicos ni ambulancia en la Alcaidía, y tuvo que ser trasladado a través de toda la ciudad en la caja de un patrullero sin más atención que masajes en los brazos.

Pero el SPP parece tener una solución para resolver las deficiencias del sistema sanitario: los internos dicen que son obligados a firmar un “consentimiento” en el que expresan taxativamente su negativa a recibir atención médica, sobre todo cuando se encuentran en situación de aislamiento.

Cuevas no sólo tenía buena conducta, sino que además cursaba estudios universitarios y estaba pronto a recuperar la libertad. Inexplicablemente, apareció muerto en su celda, colgado con un cable, y las autoridades se apresuraron a definir el caso como suicidio mucho antes de conocer el resultado de la autopsia que hasta el último viernes aún no había sido incorporada a la causa.

Según Diego Armando Ibáñez, el día de la muerte de Cuevas, la comisión de guardia estaba integrada por los mismos penitenciarios que lo torturaron y pretendieron “suicidarlo”.

Para la defensora general adjunta, estos casos no son aislados como se pretende imponer desde el Gobierno provincial, sino que se repiten casi cotidianamente, según los testimonios que ella y el Comité Provincial contra la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes recabaron entre los internos, muchos de los cuales piden mantener su identidad en reserva para evitar sufrir represalias de los guardias. Buena parte de ellos asegura haber sufrido torturas o amenazas en algún momento y admite el temor a ser asesinados.

Varios de los entrevistados por la funcionaria dentro de los pabellones 9, 27, 15 y 31, que ofrece como testigos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguraron haber presenciado la tortura a Ibáñez o escuchado sus gritos, y lo interpretaron como una venganza por sus denuncias de maltrato a otros detenidos o del “manejo” de drogas dentro de la Alcaidía; esto último, una situación que es vox pópuli pero que sin embargo el Estado jamás investigó.

Esta concatenación de violaciones a los derechos humanos se completa con las inhumanas condiciones de salubridad e higiene de todos los lugares de detención, con una infraestructura completamente en ruinas, sin que el Gobierno demostrara voluntad de revertir la situación más allá de algunas mínimas refacciones arrancadas a fuerza de hábeas corpus.

Así, en la Alcaidía de Resistencia hay 530 internos cuando su capacidad máxima es de 270, lo que describe el cuadro de hacinamiento que se convierte en un castigo extraordinario, más allá de las penas impuestas por la Justicia por los delitos que hubieran cometido, lo que constituye la violación de todas las normas y los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

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