«

»

Sep 01 2018

Imprimir esta Entrada

LAVADO II: la justicia chaqueña nuevamente a las andadas en actos de corrupción

 

El Fiscal General Federal Federico Carniel emitió un claro y duro dictamen a través del cual propuso a la titular del Juzgado Federal de Resistencia, Dra.  Zunilda Niremperger, que rechace la pretensión de la Juez de imagesGarantías Nº 3, Rosalía Beatriz Zózzoli, de quedarse con la impactante causa conocido como Lavado II, en la que se encuentran procesados y con prisión preventiva la exintendente y actual diputada nacional Aida Ayala, el dirigente sindical Jacinto Amaro Sampayo, Carlos Huidobro, el empresario Pedro Martínez, los abogados Alejandro Fischer y Rolando Javier Acuña, entre otros tantos a los  que  la justicia federal investiga por asociación ilícita y por posibles  delitos que habrían cometido contra l administración pública, más enriquecimientos ilícitos,  lavados de activos y evasiones tributarias.

Carniel advirtió que  el peculiar y llamativo planteo de competencia dispuesto por la Dra. Zózzoli surgió a raíz de la presentación que realizaron  los defensores de Rolando Javier Acuña, ex gerente de la empresa PIMP y procesado con prisión preventiva  por la juez Niremperger.

En su dictamen Carniel   se pronunció en contra de la pretensión de la magistrada chaqueña de declararse competente en la causa. Específicamente sostuvo que:  “si se observa que en forma pormenorizada se ha ocupado de contestar cada uno de los aspectos analizados por el agente fiscal, con lo cual parece convertirse éste en quien articuló o puso en movimiento el sistema de justicia (provincial), cuando en realidad lo fue su contra parte, resultando ello casi anecdótico pero no menos importante toda vez que no se alcanza a entender por qué motivo (según sus considerandos) asiste razón a los letrados Gaitán y Argarate”.

Funcionalidad del poder judicial de Chaco

Aunque no lo reseñó en su dictamen, claramente se advierte que el poder judicial de Chaco  pretende apropiarse de las tres causas (Lavados I, II y III)  que investiga la justicia federal y que le quita el sueño a gobernantes y dirigentes políticos. Quedó al descubierto que la justicia local claramente apunta a generar un conflicto de competencias como mecanismos para entorpecer las investigaciones federales. Es visible su funcionamiento para garantizar impunidad selectiva.

El Fiscal Federal destacó  que Zózzoli, a diferencia de otros funcionarios de la Justicia provincial que reivindicaron la competencia para investigar los delitos precedentes, pretende abocarse directamente a la cuestión del lavado de activos y sobre esto expuso que “no pueden dejar de mencionarse defectos de los que adolece el resolutorio cuando confunde delitos precedentes con bien jurídico protegido por la norma contenida en el delito de lavado de activos, afirmando aspectos tales como que existe un orden económico y financiero municipal de la ciudad de Resistencia (bien jurídico) el cual se vería afectado por conductas delictivas a las que denomina delitos precedentes”.

Sostiene el fiscal que la juez Zózzoli confunde “delitos precedente con bien jurídicamente protegido por la norma penal contenida en el delito de lavados de activos, y más allá de la discusión, estéril a esta altura, acerca de la posibilidad de aceptarse un orden económico y financiero municipal o provincial, no es lo mismo decir que se está afectando el bien jurídico protegido a través de alguna de las acciones típicas enunciada en el art. 303 (convertir, administrar, vender, gravar, disimular…bienes provenientes de un ilícito penal), con decir que con aquel ilícito penal (delito precedente) se está afectando el bien jurídico del delito de lavado activos”.

Justicia chaqueña contra la Corte Suprema de la Nación

Defendiendo la competencia federal, Carniel expuso que “al respecto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que corresponde a la Justicia Federal entender en la tramitación de las causas de lavado de activos, al entender que: “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional- que se ha comprometido internacionalmente con ella- toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos”.

Además, remarcó  “Estamos frente a un delito que transgrede las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas y obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados” art. 33 inc. c del Código Procesal de la Nación”.

Sobre esta base, el fiscal general dictaminó que la juez Federal Zunilda Niremperger debe “rechazar el planteo de incompetencia por declinatoria efectuado por la titular del Juzgado de Garantías N° 3 y ratificar la Competencia Federal”.

Entrevista a Rolando Núñez en el programa CONTRACARA, conducido por Tonino Guinter, por Radio Resistencia:

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=23195