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Ago 25 2018

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LAVADO II: teléfono para la juez de garantías de Chaco Rosalía Zozzoli

Por: Tadeo Lenadro Fernández

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El 10 de mayo de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) resolvió en la causa “Olivetto, José Luis y otro s/ infracción art. 303 inc. 2 a)” un conflicto de competencia entre el Juzgado de Instrucción Nº 6 de General Roca, Provincia de Río Negro y el Juzgado Federal con asiento en dicha ciudad.

Como se desprende del fallo, el titular del juzgado local declaró su incompetencia ya que entendió que la actividad financiera ilícita en cuestión constituye un delito susceptible de afectar la economía del Estado y, por su parte, el juez a cargo del juzgado federal la rechazó con fundamento en que el legislador solo asignó competencia a la justicia de excepción respecto al delito previsto y reprimido en el art. 303 del Código Penal, aun cuando el bien jurídico protegido fuera el orden económico y financiero.

Para resolver, la CSJN indicó que las presentes actuaciones tuvieron inicio luego de la sanción de la Ley Nº 26.683 en la que la figura de “lavado de dinero” ya no es tratada como un encubrimiento calificado en perjuicio de la administración pública, sino como un delito autónomo contra el sistema financiero nacional. Además, citó al Decreto Nº 825/11, en cuanto que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional -que se ha comprometido internacionalmente con ella-, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos“.

La CSJN concluyó que “estamos frente a un delito que transgrede ‘las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados’ –art. 33 inc. c) del Código Procesal Penal de la Nación-, por lo que es la justicia federal la que debe continuar con su investigación“.

La Procuración General de la Nación había remitido al criterio establecido en el dictamen emitido con fecha 3 de septiembre de 2013 in re “Renga, Francisco s/competencia“, competencia n° 138, libro XLIX, según el cual corresponde declarar la competencia de la justicia federal. En tal oportunidad, se había concluido que corresponde que la justicia federal intervenga en estos casos “puesto que el tipo penal de lavado de activos de origen ilícito afecta el orden económico y financiero, y que la Argentina se ha comprometido internacionalmente a luchar contra este tipo de conductas“, señalando para ello el artículo 33, inciso c) del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, en “Renga” la CSJN había remitido la causa al tribunal local, ya que de acuerdo al argumento brindado por el tribunal federal, no controvertido por su par provincial, referido a la aplicación de la ley vigente al momento de comisión de los hechos que se investigaban en la causa principal, al caso resultaba aplicable lo resuelto en Fallos: 326:4530, esto es, “Empresa Geosur S.A. Rawson” (4/11/2003), que consideraba la competencia penal local en la sustanciación de estos procesos.

La razón de este nuevo criterio estriba en el cambio de paradigma que la Ley 26.683 implicó respecto a la ley anterior de lavado de activos, mediante la cual se incorporó el título XIII “Delitos contra el orden económico y financiero” al Código Penal.

LA INSÓLITA SENTENCIA DICTÓ LA JUEZ ROSALÍA BEATRIZ ZÓZZOLI, A TRAVÉS DE LA CUAL  QUE DECLARÓ LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL DE CHACO PARA INVESTIGAR EL DELITO FEDERAL DE LAVADO DE ACTIVOS 

Expte. Nº 17161/2018-1.- Nº 147       

            

RESISTENCIA, 15 de Agosto de 2018.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa, caratulada “DRES ADRIAN MAXIMILIANO GAITAN Y MARIO HIPOLITO ARGARATE, COMO DEFENSORES DE DR ROLANDO JAVIER ACUÑA E/A ‘NN. S/INF LEY 24769. PRESENTANTE FISC FEDERAL REMITE ACTUACIONES’ – EXP 138/2018 – QUE TRAMITA ANTE EL JUZGADO FEDERAL 1 DE RCIA S/ INCIDENTE”, EXPTE. Nº 17161/2018-1, registro del Juzgado de Garantías Nº 3; y,
CONSIDERANDO:

I.- Que las presentes actuaciones se inician con la presentación realizada por los Dres. ADRIAN MAXIMILIANO GAITAN y MARIO HIPÓLITO ARGARATE, quienes ejercen la defensa técnica del imputado Sr. ROLANDO JAVIER ACUÑA, mediante la que solicitan se declare la Incompetencia por Inhibitoria (Art. 45 C.P.P.N y Art. 58 C.P.P.CH) de las actuaciones caratuladas “N.N. S/INFRACCION LEY 24.769. PRESENTANTE FISCALIA FEDERAL REMITE ACTUACIONES” Expte. Nº 138/2018-1, tramitadas por ante el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Resistencia – Chaco, a cargo de la Dra. ZUNILDA NIREMPERGER, Secretaría Nº 1.

Habiendo examinado los actuados arrimados para estudio, especialmente en lo referente a la solicitud impetrada por los defensores del encartado ROLANDO JAVIER ACUÑA, quienes sostienen que los delitos que fueran endilgados a su defendido pertenecen a la competencia de la justicia ordinaria.

En referencia a los fundamentos constitucionales de su petitorio, precisan que nuestra Constitución Nacional en su Art. 18 contempla la garantía Debido Proceso Legal, que comprende a su vez la garantía del juez natural e imparcial designado por ley anterior el hecho que diere lugar al proceso. Comprenden también, que el Art. 1º del Código Procesal Penal de nuestra provincia es recurrente al mencionar las garantías fundamentales que deben regir todo procedimiento judicial, entre ellas la de inviolabilidad de la defensa en juicio y la del juez natural. Afirman que estos institutos se traducen en la necesidad de asegurar la máxima imparcialidad del juzgador, a fin de que éste actúe como un tercero, ajeno a los intereses y libre de prejuicios respecto de los hechos y sus protagonistas.

Argumentan los letrados, que la justicia federal es fuero de excepción, que su competencia reúne las características de excepcional, expresa y restrictiva, de conformidad con lo prescripto por los Arts. 34 y 116 de la Constitución Nacional, Ley N° 48 y Art. 33 del Código Procesal Penal de la Nación, siendo la regla la competencia ordinaria.
Señalan en su presentación, que el delito de Lavado de Activos previsto y penado por el Art. 303 del Código Penal, reformado por Ley Nº 26.683, no establece de manera expresa la competencia de los tribunales federales para intervenir en su averiguación y juzgamiento, el que tampoco ., citan doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia aplicable al caso.

II.– Que en sentido contrario, al contestar la vista, el Sr. Fiscal de Investigaciones Nº 3 – Subrogante- Dr. JORGE OMAR CÁCERES OLIVERA, consideró que debe rechazarse la competencia de la justicia provincial, puesto que la trascendencia nacional del caso, representada por la gravedad de los bienes jurídicos en afectación, amerita la intervención del fuero excepcional. Para fundar el rechazo, el titular del Ministerio Público cita, entre otros, el dictamen del Procurador General de la Nación en la causa “Renga, Francisco s/ Competencia” en donde este se pronunció en favor de la intervención de la justicia federal, sosteniendo que el delito de lavado de activos al afectar el orden económico y financiero, estaría comprendido dentro de los supuestos establecidos por el Art. 33 inciso 1° ap. c) del Código Procesal Penal de la Nación “El juez federal conocerá: 1) En la instrucción de los siguientes delitos: Los cometidos en el territorio de la Capital o en el de las provincias, en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados”.
III.- Planteada así la cuestión traída a consideración, una vez expuestos los fundamentos esgrimidos por los Sres. defensores y el titular del Equipo Fiscal Nº 3, corresponde anticipar mi postura a favor de la declaración de competencia de la justicia provincial, por vía de inhibitoria, y solicitar la declinatoria de competencia de la justicia federal, de conformidad a los argumentos que a continuación se formulan.

Como primera medida, advierto que si bien la defensa realiza su presentación en resguardo de los derechos del Sr. ROLANDO JAVIER ACUÑA –imputado-, esta Magistrada, en virtud de las funciones que le son propias, control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, debe analizar la totalidad de las imputaciones efectuadas en la presente causa por la titular del Juzgado Federal Nº 1 Dra. ZUNILDA NIREMPERGER.

Así, tengo que en estos actuados se encuentran procesadas (Arts. 306 y sgts. C.P.P.N.) las siguientes personas: 1º) Sra. AIDA BEATRIZ MÁXIMA AYALA, D.N.I. 10.990.805, por considerarla prima facie penalmente responsable del delito de asociación ilícita (Art. 210 del C.P.) en calidad de coautora, en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública (Art. 265 C.P.), enriquecimiento ilícito (Art. 268 C.P.), fraude en perjuicio de la administración pública (Art. 174 inc. 5 C.P.), incumplimiento de deberes de funcionario público (Art. 248 C.P.) en calidad de coautora, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público (Art. 303 con la agravante prevista por el Art. 303 inc. 2, apartados a) y b) del C.P.), en calidad de coautora; 2º) Sr. JACINTO AMARO SAMPAYO, D.N.I. Nº 8.255.721, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de asociación ilícita (Art. 210 del C.P.) en calidad de coautor, en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública (Art. 265 C.P.), enriquecimiento ilícito (Art. 268 C.P.), fraude en perjuicio de la administración pública (Art. 174 inc. 5 C.P.), incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP) en calidad de coautor, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) y b) del Código Penal),en calidad de coautor, con Prisión Preventiva; 3º) Sr. CARLOS ALBERTO SECUNDINO HUIDOBRO, D.N.I. Nº 24.297.105, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de asociación ilícita (art 210 del CP) en calidad de coautor, en concurso real con, enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP), en calidad de coautor, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado a) del C.P., con Prisión Preventiva; 4º) PEDRO ALBERTO MARTINEZ, DNI Nº 11.820.640, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de asociación ilícita (art 210 del CP) en calidad de coautor, en concurso real con enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP), en calidad de coautor, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado a) del Código Penal),en calidad de coautor, y con Prision Preventiva; 5°) DANIEL ALEJANDRO FISCHER DNI Nº 26.418.320, cuyos demás datos personales obran en autos, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de asociación ilícita (art 210 del CP) en calidad de coautor, en concurso real con enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP), en calidad de coautor, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartado a) del Código Penal),en calidad de coautor , con Prisión Preventiva; 6º) PATRICIA NOEMI VAZQUEZ, D.N.I. Nº 25.904.984, por considerarla prima facie penalmente responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP) y enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario, ambos en concurso real, en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de coautora, con prision preventiva; 7º) ROLANDO JAVIER ACUÑA, D.N.I. Nº 23.492.006,  por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP) en calidad de partícipe necesario en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe necesario, con Prision Preventiva; 8º) FÁTIMA JESICA RIGASSIO, D.N.I. Nº 33.454.529, por considerarla prima facie penalmente responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP) y enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario-ambos en concurso real entre si- en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe necesario, con Prision Preventiva; 9º) LUIS GUILLERMO ESCOBAR D.N.I Nº 11.016.014, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP) en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe secundario; 10º) NATALIA SOLEDAD MARTINEZ GUARINO, D.N.I. Nº 29.440.934, por considerarla prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP) y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario-ambos en concurso real entre si- en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe secundario; 11º) DIEGO ALBERTO MARTINEZ GUARINO, D.N.I. Nº 28.660.941, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP) y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario , ambos en concurso real entre si-en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe secundario; 12º) CRISTIAN ADRIAN ZAPATA, D.N.I. Nº 24.889.209, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe secundario; 13°) VICTOR HUGO QUIROZ, D.N.I. Nº 23083609, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe secundario; 14º) EULALIO ALFREDO BOUZA, D.N.I. Nº 21.911.832, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 CP) en calidad de partícipe secundario en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe secundario; 15°) MÓNICA SONIA CENTURIÓN, D.N.I. Nº 26.987.720, por considerarla prima facie penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito en concurso real con lavado de activos, agravado por habitualidad, (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe secundario.

Pues bien, del análisis general de las pruebas acreditadas se advierte que en la causa se investiga la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros, ejecutados por funcionarios públicos y particulares, quienes malversando fondos provenientes del erario de la Municipalidad de la ciudad Resistencia, habrían obtenido beneficios económicos, para luego introducirlos en su patrimonio o en el de terceros, dándole el carácter de fondos de origen lícito.
Surge del auto de procesamiento de fecha 28 de Mayo de 2.018 del Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, que la presente investigación se inició el día 23 de Enero del corriente, cuando personal de la Policía Federal -Delegación Resistencia- recibió un llamado telefónico anónimo en el que se denunciaban hechos delictivos que estarían siendo cometidos por los Sres. JACINTO AMARO SAMPAYO y FACUNDO SAMPAYO. En virtud de ello, el Sr. Fiscal Federal Dr. PATRICIO SABADINI, desplegó una investigación tendiente a verificar la noticia criminis, logrando determinar que los sindicados como posibles autores habrían conformado una organización con el fin de obtener beneficios económicos, con sociedades creada al efecto, ocultando la identidad de sus titulares y utilizando los mecanismos legales dispuestos por la administración local, para resultar adjudicatarios en las prestaciones de determinados servicios públicos.
En sus argumentos el Sr. Fiscal a cargo del Equipo Fiscal N° 3, sostiene la competencia del fuero federal apoyándose en el Art. 33 inc. 1º ap. c) del Código Procesal Penal de la Nación, entendiendo que el delito de lavados de activos y la posterior afectación del bien jurídico protegido por éste, se encuentra comprendido en la parte que reza: “El juez federal conocerá en los delitos cometidos en: a) …; b)…; c) (…) en el territorio de las provincias, en violación de las leyes nacionales”. Agrega, que la trascendencia institucional del caso, representada por la gravedad que importa la potencial afectación de los bienes jurídicos protegidos, torna necesaria la intervención del fuero de excepción. Abunda en su postura, citando lo dictaminado en los fallos “Renga, Francisco s/ Competencia” y “Empresa Geosur S.A. Rawson s/ Competencia”, en los que la Corte Suprema de nuestro país se pronunció en favor de la competencia federal para conocer en el delito de lavado de activos.
Es preciso señalar, que la competencia del juez o tribunal comprende uno de los presupuestos de todo proceso penal. De la organización dispuesta por nuestro sistema federal de gobierno surge que en materia judicial coexisten dos ámbitos de conocimiento, el federal y el provincial. Por esto, “lo que debe determinarse en cada caso concreto es cuándo son competentes los tribunales de la Nación en materia penal, y ello negativamente significa que no lo serán los tribunales de ninguna de las provincias” (Clariá Olmedo, Jorge A – Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal Culzoni, 2008).
Por disposición de los Arts. 75 inc. 12, 116 y 118 de la Constitución Nacional, las provincias delegaron determinadas potestades judiciales en las autoridades nacionales, específicamente aquellas que tienden a la protección de los intereses supremos.

Su aplicación práctica se halla en el Art. 3° y sgtes. de la Ley N° 48 y el Art. 33 del Código Procesal Penal de la Nación, de los que surge que por ante el fuero de excepción deben tramitarse aquellas causas en que se encuentren vulnerados intereses públicos de carácter general, frente a aquellas conductas ilícitas que damnifican a la Nación o a sus instituciones, que atacan su soberanía y seguridad, que defraudan sus rentas o propiedades, que agreden a autoridades nacionales o extranjeras y, finalmente, aquellas que violan la Constitución y sus leyes nacionales.

Se interpreta que el fuero federal reúne los caracteres de excepcional, puesto que interviene de manera originaria y exclusiva en aquellos asuntos que le han sido delegados por las Provincias; expresa, porque solo actúa cuando le está atribuido expresamente por ley fundada en la Constitución, no extendiéndose a los supuestos no reseñados; restrictiva, en virtud de que no puede ampliarse ante casos análogos por vía de interpretación, e interjurisdiccional porque se extiende y abarca a más de una jurisdicción (provincias). En consecuencia, se ha dicho que “todos los caracteres enunciados son rigurosos en materia penal, y rigen para cualquiera de los criterios (material, territorial, personal) que se tengan en cuenta a los fines de su determinación práctica” (Clariá Olmedo, Jorge A. – Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal Culzoni, 2008).
En términos similares se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al enunciar que “La competencia federal es limitada, de excepción, y su aplicación de carácter restrictivo, y nada obsta que los jueces provinciales se expidan si la materia es de naturaleza federal, ya que todos los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden y deben, por expreso mandato de la Constitución Nacional, interpretar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponda” (C.S.J.N., Fallos 329:5896, entre otros).

De igual manera, determinó que “la competencia originaria y la federal de los tribunales inferiores, son taxativas, es decir, no pueden ser ampliadas por la ley” (Fallos 302:1209), y que “La intervención del fuero de excepción está condicionada a la existencia de hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente a la Nación. (“Manzur, Juan Luis s/ enriquecimiento ilícito (art. 268, inc.1)” resuelta el 16 de febrero de 2015) (lo subrayado me pertenece).
Luego, la doctrina sostuvo que “las reglas de competencia tienen por misión poner orden en el ejercicio de la jurisdicción, lo que es imprescindible en materia penal para hacer práctico el principio del Juez Natural” (Claria Olmedo, Jorge A. – Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal Culzoni, 2.008).

Por tanto, se debe concluir que la competencia de los órganos judiciales reconoce origen en nuestro sistema federal de gobierno y su orden constitucional, como así también, que en materia penal la regla es la competencia ordinaria o provincial, siendo la federal de excepción e inalterable, lo que significa que los jueces federales provinciales no pueden modificarla en los casos en que ésta no fuera acordada por una ley previa (C.S.J.N., Fallos 10:413).

Entiendo que el Sr. Fiscal a cargo del Equipo Fiscal Nº 3 Dr. JORGE OMAR CÁCERES OLIVERA preopinante, efectúa un análisis erróneo del Art. 33 del Código Procesal Penal de la Nación que en su parte pertinente reza “en los delitos cometidos en el territorio de las provincias, en violación de las leyes nacionales”, incluyendo a la figura delictiva de lavado de activos en consonancia con el apartado citado. Si ello fuera así, la competencia de la justicia provincial u ordinaria en el área de conocimiento, quedaría reducida a su mínima expresión. En tal sentido, la doctrina es conteste al señalar que, desde el punto de vista constitucional, todas las leyes sancionadas por el Congreso Nacional pertenecen a la categoría de leyes nacionales.
En idéntica interpretación, cito al Dr. Jorge A. Clariá Olmedo, quien sostiene “que la reserva que el Art. 116 de la C.N. hace del Art. 75 inc. 12 se refiere a los casos en que las cosas o las personas con respecto a las cuales se aplicará el derecho común cayeren bajo jurisdicción provincial. El propio Art. 116 excluye al Código Penal y determina que corresponde aplicarlo a las provincias” (Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T I., Ed. Rubinzal Culzoni, Pág. 332/333, 2008). Es claro que en nuestro Código Penal quedan comprendidas todas las leyes nacionales que amplíen o modifiquen su contenido y, siendo lo general el derecho común, jurisdicción ordinaria, si no se aceptara esta interpretación restrictiva nada o casi nada escaparía a la competencia federal. Cabe recordar en este párrafo lo que ya sostuviera anteriormente, la competencia federal es excepcional, restrictiva, expresa e interjurisdiccional.

La interpretación correcta sin lugar a dudas, es que cuando el Código Procesal Penal de la Nación refiere a “leyes nacionales”, lo hace en relación a aquellas que dicta el Congreso y que preveen concretamente casos federales en materia penal, las que siempre deben respetar el régimen constitucional y los tratados internacionales. De lo contrario, se estarían violando los Arts. 31, 33 y 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

En consecuencia, entiendo que sustraer del conocimiento del fuero ordinario aquellos asuntos que no han sido expresamente delegados a la justicia nacional, realizando interpretaciones analógicas que desvirtúan el espíritu del legislador, menoscaba gravemente la garantía convencional y constitucional del juez natural e imparcial.
Formula el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley…” (el subrayado me pertenece).

En igual sentido, el Art. 18 de nuestra ley rectora dispone que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, (…) o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa” (lo subrayado me pertenece).

También, el Art. 1º del código de rito provincial en concordancia con el Art. 1º del Código Procesal Penal de la Nación, refiere: “GARANTIAS FUNDAMENTALES. (…) Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la constitución y competentes según las leyes reglamentarias…”.

En definitiva, la garantía del Juez Natural alude al magistrado que ha sido designado en el cargo a través los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias dictadas al efecto, garantizando así su independencia e imparcialidad, su legitimidad republicana y una efectiva realización de la justicia (Eduardo Jauchen, Tratado de Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal Culzoni, 2012).

Enseñaba Ferrajoli que la garantía del juez natural resguarda la normalidad del régimen de competencias, entendida como la medida de jurisdicción de que cada juez es titular, implicando la necesidad de que el juez sea preconstituído por la ley, la inderogabilidad e indisponibilidad de las competencias asignadas y la prohibición de jueces extraordinarios o especiales.
Ahora bien, en lo atinente al delito tipificado por el Art. 303 y su agravante aplicable al caso del inc. 2º ap. a) y b), debe mencionarse que delito de lavado de activos se configura a través de un “conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal institucionalizado, confiriéndoles apariencia legítima” (Breglia Arias – Gauna, “Código Penal y leyes complementarias”, tomo II, Astrea, 2001).

Con la sanción de la Ley 26.683 del año 2.011, modificatoria del Código de fondo, dicha figura delictual quedó comprendida dentro del Título XIII, que agrupa aquellas conductas punibles que atentan contra el bien jurídico, de carácter supraindividual y colectivo, denominado “Orden Económico y Financiero”, cuya lesión deteriora la estabilidad, seguridad y desarrollo económico de una región determinada.

Del examen de la normativa citada, no surge que el legislador haya querido asignar competencia originaria y exclusiva a la justicia federal para entender en todos los casos que tipifica el Art. 303 del C.P., ni tampoco que haya previsto la acumulación de los delitos precedentes a éste, sino que dicho asunto quedó librado a la interpretación de los tribunales, ejemplo de ello son los fallos “Renga, Francisco s/ Competencia” C.S.J.N; “Empresa Geosur S.A. c/ Rawson” (C.S.J.N. Fallos 326:4530); “Gutierrez, Livio s/ Denuncia Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público” Nº 7144/2016; “Ministerio Público s/ Incidente de Inhibitoria E/A Rey, Héctor H. y otros s/ Infracción Art. 303 C.P.”, entre otros.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió respecto de este delito precisando que debemos “analizar en los casos concretos que se susciten si el delito precedente cometido bajo la jurisdicción provincial, afecta solamente al orden económico y financiero de esa provincia o si por el contrario, trasciende sus límites e incluso al del Estado Nacional” (Competencia federal, Silvia B. Palacio, Eduardo S. Caeiro, Editorial La Ley, año 2012, pág. 1038).

En el mismo sentido, expuso que “la presunta conexidad que pudiera existir entre unos y otros no basta para acordar la intervención de la justicia federal respecto de los delitos que, por la materia o por las personas, son ajenos a su competencia específica” (Fallos: 248:438; 308:2522 y 326:4589).

Así, se debe entender que la mera afectación del orden económico y financiero, no implica que estas conductas deban someterse a conocimiento de la justicia federal, sino que es importante determinar, en el caso concreto, si los delitos en que incurrieron quienes aparecen sospechados o imputados afectan efectivamente los intereses del Estado Nacional, o si, de modo contrario no poseen entidad suficiente para trascender los límites provinciales y/o locales.
Se torna necesario precisar, que la reforma constitucional del año 1.994 al incorporar el Art. 123 consolidó definitivamente la autonomía municipal ya prevista en el Art. 5 C.N., entendida ésta como la facultad que tiene la autoridad local para darse sus propias normas, elegir sus autoridades, administrarse, autofinanciarse y disponer de sus recursos, todo dentro del marco de su competencia territorial y material.

En forma concordante, expresa el Art. 182 de la Constitución de la Provincia del Chaco que: “Todo centro de población constituye un municipio autónomo…”.

A su vez, en su Art. 196 dispone que “Los municipios ejercerán sus facultades de administración y disposición de las rentas y bienes propios”.

En este contexto, debe repararse que, pese a que se intente sostener que delito de lavado de activos es un delito de competencia federal, en el caso particular y, en el supuesto de que oportunamente se logre verificar las conductas sospechadas, no se configuraría una afectación a los fondos del Estado Nacional o sus intereses, o sus rentas, o el buen funcionamiento de los empleados o funcionarios que la representan.

Antes bien, de las circunstancias que rodean los hechos que se juzgan, se observa que quien resultaría directamente perjudicado producto de las supuestas maniobras espurias, sería el orden económico y financiero municipal de la ciudad de Resistencia (el subrayado me pertenece), mediante conductas delictivas (delitos precedentes) que son definitivamente de competencia ordinaria.

Por todo ello, considero que la competencia para investigar en la presente causa corresponde al fuero ordinario o provincial, puesto que no existen motivos de orden público que “ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados…”.

Queda claro, que quienes se perjudican son los ciudadanos que habitan el suelo chaqueño y, específicamente aquellos que residen dentro ejido municipal de la ciudad de Resistencia; por cuanto no trasciende más allá de esta jurisdicción.
En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos esgrimidos a lo largo de los considerandos, haciendo un análisis e interpretación de la normativa aplicable, esta Magistrada entiende que el planteo de incompetencia interpuesto por la defensa técnica del Sr. ROLANDO JAVIER ACUÑA, debe prosperar.

En mérito de lo expuesto y, de conformidad con lo establecido por el Art. 45 del C.P.P.N., Art. 58 y concordantes del C.P.P.CH.;

RESUELVO

I) HACER LUGAR al planteo de incompetencia por vía de inhibitoria impetrado por los Dres. ADRIAN MAXIMILIANO GAITAN y MARIO HIPÓLITO ARGARATE ante el Juzgado de Garantías a mi cargo.

II) DECLARAR LA COMPETENCIA DEL FUERO ORDINARIO para entender en el Expte. Nº FRE 138/2018 caratulado “SAMPAYO FACUNDO ALFREDO Y OTROS S/ASOCACION ILICITA INF ART 303 Y INFRACCION LEY 24.769; conforme la presentación efectuada por ante el Juzgado de Garantías Nº 3 en autos caratulados “DRES ADRIAN MAXIMILIANO GAITAN Y MARIO HIPOLITO ARGARATE, COMO DEFENSORES DE DR ROLANDO JAVIER ACUÑA E/A ‘NN. S/INF LEY 24769. PRESENTANTE FISC FEDERAL REMITE ACTUACIONES’ – EXP 138/2018 – QUE TRAMITA ANTE EL JUZGADO FEDERAL 1 DE RCIA S/ INCIDENTE”.

III) SOLICITAR LA DECLINATRORIA de competencia a la Juez Federal Nº 1 Dra. ZUNILDA NIREMPERGER en el Expte. Nº FRE 138/2018 caratulado “SAMPAYO FACUNDO ALFREDO Y OTROS S/ASOCACION ILICITA INF ART 303 Y INFRACCION LEY 24.769.

IV) SOLICITAR LA REMISIÓN DE LAS ACTUACIONES AL FUERO ORDINARIO, Juzgado de Garantías Nº 3, para la prosecución de la investigación penal preparatoria.

V) DEJAR PLANTEADA LA CUESTIÓN DE COMPETENCIA para el caso de no compartir el criterio expuesto y, SOLICITAR SE ELEVEN LOS AUTOS a la Alzada para su dilucidación.

VI) NOTIFICAR a las partes intervinientes de la presente Resolución.

VII) TOMAR razón por Mesa de Entradas y Salidas.


LUCIANO FRANCO JAVIER ROY

SECRETARIO PROVISORIO

JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 3

DRA. ROSALÍA BEATRIZ ZÓZZOLI

JUEZ

JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 3

El presente documento fue firmado electronicamente por: ZOZZOLI ROSALIA BEATRIZ (JUEZ – JUZGADO DE GARANTIAS), ROY LUCIANO FRANCO JAVIER (SECRETARIO -JUZGADO DE GARANTIAS-).

 

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