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Jun 18 2018

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Residuos: detectan irregularidades en el destino de los fondos recibidos por municipios chaqueños

Fuente: Chaco Día por Día

En el marco de la investigación por el destino de los fondos para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas constató que varios municipios chaqueños utilizaron este dinero para otra cosa (compra de maquinarias no incluídas en el convenio, un monumento a Güemes o la construcción de un supuesto muro de contención, por ejemplo) o directamente no pudieron justificar sus gastos. Las conclusiones de la investigación de la FIA ya están en manos del juez federal, Claudio Bonadío.


Según una auditoría del ministerio de Ambiente de Nación, en Colonias Unidas los fondos para la GIRSU no se ejecutaron conforme los componentes comprometidos en el convenio, en tanto se verificó la existencia de un basural a cielo abierto –que el municipio se había comprometido a sanear- y una edificación inconclusa.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco (FIA) emitió un duro informe donde devela serias irregularidades en el destino de los fondos recibidos por varios municipios de la provincia los cuales tenían como destino el programa para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). La resolución ya fue girada al juez Federal, Claudio Bonadío, quien investiga el destino de 600 millones de pesos para la GIRSU, de los que se beneficiaron más de 190 municipios de todo el país entre 2013 y 2015.

La resolución 2243/18 lleva la firma de la fiscal General subrogante, Susana Esper Méndez y tiene fecha del 17 de mayo pasado. El documento de la FIA recuerda que este expediente se inició con una denuncia de la exdiputada provincial de la UCR, Ana María Canata, quien solicitó que se investigue el “manejo y utilización de los recursos nacionales destinados al saneamiento ambiental y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”.

Canata apuntó a 47 municipios de la provincia. Ellos son: Avia Terai, Capitán Solari, Juan José Castelli, Campo Largo, Charadai, Chorotis, Ciervo Petiso, Colonia Benítez, Colonia Elisa, Colonias Unidas, Dugraty, Corzuela, Enrique Urien, Fontana, Fuerte Esperanza, San Martín, Vedia, Hermoso Campo, Isla del Cerrito, Laguna Blanca, La Clotilde, La Eduvigis, La Escondida, La Leonesa, La Tigra, La Verde, Lapachito, Las Garcitas, Los Frentones, Machagai, Makallé, Margarita Belén, Napenay, Pampa del Indio, Pampa del Infierno, Presidencia Roca, Sáenz Peña, Puerto Eva Perón, Tirol, Vilelas, Quitilipi, Samuhú, Santa Sylvina, Taco Pozo, Tres Isletas, Villa Ángela y Bermejito.

Señaló que dichas localidades recibieron fondos que superaron en total los $173 millones. Sin embargo, indicó que el destino de este dinero “es incierto”. “Las obras de disposición final de basura en las localidades no cumplen con los mínimos estándares de construcción para prevención de la contaminación, las plantas de clasificación de residuos en general no se encuentran operativas, algunas están totalmente abandonadas en medio de un gran basural, inundadas o contaminando el medio ambiente”, acusó.

Sospechados

Ante esta denuncia, la FIA investigó la situación de 20 de los 47 municipios sospechados.  Tras hacer visitas a las comunas y cruzar documentación, consideró que en las municipalidades de Castelli, La Verde, La Escondida, Capitán Solari, Colonias Unidas, Lapachito, La Leonesa, Pampa del Indio, Presidencia Roca, La Eduvigis, Fontana y Villa Río Bermejito el proyecto acordado mediante el Convenio Marco con la exsecretaría de Ambiente de la Nación “no se ejecutó en su totalidad o no se ha ejecutado conforme a los componentes comprometidos”.

Además, en Castelli, La Verde, La Escondida, Capitán Solari, Colonias Unidas, Lapachito, La Leonesa, Pampa del Indio, Presidencia Roca, La Eduvigis y Villa Río Bermejito se habrían utilizado los fondos para “un destino diferente al asignado por el Convenio Marco celebrado”.

En este sentido, la FIA recordó que la aplicación de caudales o efectos públicos a un destino diferente al asignado por parte de funcionarios públicos se encuentran penados por el art. 260 del Código Penal, “delito del que resultarían responsables los intendentes en funciones al momento de percepción y ejecución de los fondos en aquellos municipios en los que configuraría el ilícito penal”. A esto se le suman la comisión de posibles delitos contra la Administración Pública receptados en los arts. 248, 261 y 174 inc. 5 del Código Penal.

Con respecto a los municipios de La Clotilde y Enrique Urien “no se realizan observaciones por no contar con elementos suficientes”. La situación se repite en el municipio de San Martín “atento a la omisión en contestar toda la documentación solicitada por la FIA, sin perjuicio de la apertura de la causa por violación a la Ley de Acceso a la Información”.

La FIA indicó además que tampoco se realizaron consideraciones respecto al municipio de Tres Isletas “por no haber sido objeto de esta investigación”, y en cuanto a Quitilipi, “no se realizan observaciones en los presentes autos atentos a lo dispuesto en la resolución referida oportunidad de analizar la ejecución del proyecto en el municipio”. En relación a Colonia Elisa, se advirtió que los fondos fueron ejecutados correctamente.

También aclararon que del análisis efectuado surgen “incongruencias” entre las observaciones efectuadas por la FIA y las conclusiones del Tribunal de Cuentas respecto de la ejecución de los programas en La Verde, La Leonesa, Pampa del Indio, Presidencia Roca y San Martín. Es por eso que se remitieron nuevos elementos probatorios al TC para su consideración y análisis.

Finalmente, la fiscal Esper Méndez decidió remitir los resultados de la investigación de la FIA al Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N°11, a cargo de Claudio Bonadío, quien está al frente de la causa caratulada “NN. S/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

Caso por caso

La investigación de la FIA abarcó a 20 municipios de la provincia de los 47 denunciados. En 14 se constituyó el fiscal adjunto, Dugaldo Ferreyra. En el caso de Fontana, el municipio remitió la documentación a la fiscalía. En tanto que la Secretaría de Ambiente de Nación envió informes de otras cuatro localidades más y dos municipios más fueron incluidos a través de investigaciones anteriores realizadas por la FIA.

Para el análisis se tomó en cuenta el informe del Contador Auditor, Ariel Zurlo Torres, en base a la documentación presentada por la diputada Canata y suministrada por los municipios ante la FIA, los informes remitidos por el Ministerio de Ambiente y los informes del Tribunal de Cuentas.

Castelli

La resolución Nº516 de la Jefatura de Gabinete autorizó el 30 de junio de 2014 la transferencia de fondos por $3.500.000 para el proyecto “Tratamiento de Residuos y Defensa Ambiental”. Fue durante la gestión del actual intendente, Alberto Nievas.

Se extrae del informe del contador auditor que los componentes del Proyecto conforme acta complementaria eran saneamiento de basural a cielo abierto ($1.385.000), celda de disposición final ($1.785.000) y campaña de concientización ($330 mil), los que difieren de los conceptos de las inversiones efectivamente realizadas con los fondos provenientes del programa, a saber: medio ambiente: $2.109.211; monumento a Güemes: $1.362.450 y otros conceptos: $28.437.


Según la FIA, el municipio de Castelli utilizó una parte de los fondos para la gestión de Residuos Sólidos para la construcción de un monumento a Güemes.

Del acta de visita de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente de la Nación surgió que no se verifica el cumplimiento total del convenio y que “en lo que hace al saneamiento del basural sólo se constató un movimiento de suelo con posible enterramiento de Residuos Sólidos Urbanos, no habiéndose detectado tareas concretas de saneamiento relacionadas con la extracción de los residuos y su disposición final acondicionada a tal fin”.

“Ha quedado demostrado con la suscripción del convenio que el importe de $3.5 millones fue aprobado para el financiamiento del proyecto ‘Tratamiento de Residuos y Defensa Ambiental’, surgiendo del informe del Contador Auditor que hubo una utilización parcial de los fondos recibidos, dándole conforme a las constancias una aplicación diferente de aquella para la cual fueron asignados mediante el referido convenio tal como se lee en el rubro C – inversiones realizadas ‘Monumento a Güemes’ por un valor de $1.362.450”, indica la resolución de la FIA.


Si bien se construyó una planta de tratamiento de Residuos Sólidos en Castelli, la misma se hizo con fondos provinciales.

Si bien se constató que existe un galpón donde funciona una planta de tratamiento de residuos, la misma fue construida con fondos provinciales, tal cual lo informó la contadora Rossana Baldo, Directora de Control de Obras Públicas del Tribunal de Cuentas. La rendición de cuentas se encontraba “vencida con presentación de documentación en estudio”.

La Verde

El 24 de junio de 2014, la Jefatura de Gabinete celebró un convenio con La Verde por $3.5 millones de pesos. La gestión y ejecución del proyecto estuvo a cargo del exintendente, Héctor Grabre.

El contador auditor de la fiscalía señala que las inversiones realizadas por el municipio fueron para la campaña de concientización ($500 mil), celda de disposición final ($1.5 millones) y saneamiento de basural a cielo abierto ($1.5 millones), agregando que fueron adquiridos con fondos del programa un camión y una retroexcavadora.

De la documentación remitida por el Ministerio de Ambiente surgen que los componentes del Proyecto “Organización de los RSU” eran saneamiento de basural a cielo abierto, celda de disposición final y campaña de concientización, coincidiendo conceptos y montos de las inversiones realizadas, “no pudiendo verificarse que la adquisición del camión y la retroexcavadora se correspondan con dichos componentes”.

El Tribunal de Cuentas informó a su vez que de la documentación auditada de los ejercicios 2014 y 2015 “no se detectaron irregularidades que merezcan observación”. El municipio rindió cuentas al organismo nacional pero a marzo de 2017 estaba pendiente de aprobación.

Colonia Elisa

En relación a la municipalidad de Colonia Elisa, el convenio “Equipamiento para la Gestión de Residuos Sólidos” se ejecutó en su totalidad, de acuerdo al informe del Ministerio de Ambiente de la Nación.

La Escondida

La municipalidad de la Escondida recibió $3.5 millones en el marco del Proyecto “Mejoramiento en la gestión RSU”, en el ejercicio 2014, durante la gestión del actual intendente Francisco Winnik.

El Contador Auditor informa sobre la utilización de los fondos en los siguientes conceptos: campaña de concientización ($300 mil); compra de camión Volkswagen 13.180 con cabina ($808 mil); compra retroexcavadora CASE 580N ($1.099.400); construcción celdas de disposición final ($900 mil) y saneamiento de basural a cielo abierto ($392 mil).

El ministerio de Ambiente de la Nación a través de la auditoría interna informó que el proyecto “no se ha ejecutado conforme los componentes comprometidos con el convenio por haberse constatado la existencia de un basural a cielo abierto donde se continúan arrojando residuos y la falta de construcción de la celda de disposición final”. “Surge de dicho informe que las irregularidades detalladas implicarían que los fondos tuvieron una aplicación diferente a aquella a la estuvieron destinados”, añadió. Ante el incumplimiento, se remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas.

Capitán Solari

Recibió del gobierno nacional $3.5 millones en junio de 2014 para el proyecto “Mejora en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”, ejecutados durante la gestión del actual intendente, Ángel González.

El Contador Auditor informó que el destino de los fondos se encuentran acreditados con documentación respaldatoria por un monto de $2.981.413, “no obrando en la causa documental respaldatoria por la suma de $510 mil”.

Del informe de visita al Municipio por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente de la Nación surge que el proyecto “no se ejecutó conforme a lo comprometido por el Acta Complementaria en sus diferentes componentes y que en relación al destino dado a los fondos el intendente manifestó que para el componente ‘concientización’ se abonaron dos facturas por el monto de $165 mil cada una”.

Además, se verificó la existencia de tres facturas con concepto de “obras de saneamiento del basural a cielo abierto” por importes de $445 mil, $340 mil y $690 mil “pese a que el funcionario reconoció que no se realizaron tareas para el saneamiento del basural”.

Asimismo, de acuerdo al informe del ministerio de Ambiente, se manifestó que parte de los fondos se destinaron a la compra de un camión semi pesado Marca Volswagen y una minicargadora y que “no se solicitó addenda para modificar el destino de los fondos”.

Las circunstancias referidas en relación a las facturas abonadas por los importes de $445 mil, $340 mil y $690 mil “deberán ser auditadas por el Tribunal de Cuentas”, sostuvo la FIA. En tanto que la rendición de cuentas al 18 de mayo de 2017 se encontraba “vencido sin presentación”.

Colonias Unidas 

Por el convenio marco del 24 de junio de 2014, Colonias Unidas recibió $3.5 millones durante la gestión de la actual intendenta, Alicia Leiva.


La FIA se constituyó en el municipio de General San Martín para constatar la existencia de la planta de tratamiento de residuos “pero donde debería estar un galpón destinado a esa tarea se observaron cimientos bajo agua a metros de la ruta 7”.

Según el Contador Auditor, los fondos fueron destinados a brazo retroexcavadora TDI y acople minicargadora Case SR175 ($175.499), camión VW 13-180 ($814 mil), celdas de disposición final relleno sanitario ($718.544), minicargadora CASE SR175 ($389.930) y saneamiento basural a cielo abierto ($3.500.974), lo que se encuentra “acreditado con facturas respaldatorias”.

Sin embargo, de acuerdo al informe de visita remitido por el ministerio de Ambiente de la Nación el proyecto “no se ejecutó conforme los componentes comprometidos en el convenio”. Además, se verificó la existencia de un basural a cielo abierto –que el municipio se había comprometido a sanear-, una edificación inconclusa destina para los servicios de personal y seguridad, la apertura de una zanja “no apta para celda de disposición final y que el intendente reconoció que los fondos se destinaron a la compra de bienes de uso”.

Conforme el acta, manifestó que se solicitó a la exsecretaría de Ambiente que se autoricen los componentes de gastos efectuados –sin curso favorable- contándose la existencia del camión y la minicargadora indicados por el contador auditor de la FIA en su informe.

El Tribunal de Cuentas remitió informe técnico del que surge que ante el convenio celebrado por el municipio y el gasto realizado, se efectuó el control de esas obras de saneamiento del basural a cielo abierto y celdas de disposición final, concluyendo en ambas que “la contratación no se ajusta a la Ley de Obras Públicas, que se abonó la totalidad del monto de la obra como anticipo financiero, que no se han constituido las garantías de Anticipo Financiero, Contrato y Fondo de Reparto previstas en la Ley de Obras Públicas, que se pagó la totalidad de la obra sin haberse medido y certificado la misma y que no es posible vincular las obras exhibidas con la contratación por falta de documentación técnica”.

Estableciendo además que en el caso de la obra de “saneamiento de basural a cielo abierto” el daño al municipio es por el total pagado de $1.400.00 y en la obra “celdas de disposición final” es por $2.118.544. Hay un sumario administrativo abierto en el Tribunal de Cuentas, mientras que la rendición de cuentas ante el ministerio de Ambiente está “en estudio”.

Lapachito

El 23 de diciembre de 2014, el por entonces intendente (hoy legislador nacional), Juan Mosqueda, firmó un convenio con la Secretaría de Ambiente de la Nación por $2 millones para el proyecto “Planta Municipal de Tratamiento, Selección y Recuperación de RSU”.

La documentación aportada por el municipio al contador auditor señala que las inversiones realizadas con dichos fondos corresponden al montaje de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por $886 mil y una retroexcavadora Case 580N 4’4 por $1.113.659.

El ministerio de Ambiente remitió el convenio donde se indica que los componentes del proyecto son: saneamiento basural a cielo abierto ($1 millón) y celda de disposición final ($1 millón).

Sin embargo, y atento a que el ministerio no remitió informes de visita de auditoría interna, “no resulta posible determinar si el proyecto se ejecutó en su totalidad”, señaló la FIA. “No obstante”, aclaró, “considerando los componentes del proyecto y las inversiones realizadas, surge a prima facie que la retroexcavadora adquirida excede el monto destinadoa cada uno de los componentes por lo que no estaría comprendida en los mismos, y supondría una aplicación de los fondos diferentes a la asignada”.

La Clotilde


Ana María Canata denunció las irregularidades en el uso de los fondos para la Gestión de Residuos Sólidos.

De acuerdo a lo manifestado por el intendente y el tesorero del municipio, La Clotilde recibió la suma de $2.513.400 y $2.708.000 ambos por la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Del contador auditor surge que se hicieron las siguientes inversiones: acoplado modelo ACV 3E/2014 ($390 mil), adquisición de cubiertas y cámaras neumáticas ($100 mil), camión VW 17-220 ($918 mil), movimiento de suelo y construcción de celda de disposición final ($217 mil) y retroexcavadora ($2.513.000). Todo ello conforme a los componentes del proyecto “Adquisición vehicular para la GIRSU”.

Los fondos transferidos al municipio en el marco del expediente 52223/14 fueron utilizados para la adquisición de motoniveladora RG17OB con Ripper, “no contando en el caso particular con la documentación referente a los componentes del proyecto para analizar la correcta aplicación de su destino”.

La FIA aclaró que el ministerio de Ambiente de Nación no remitió informes de visita de auditoría por lo que “no resulta posible determinar si el proyecto se ejecuto en su totalidadconforme a los componentes establecidos”. El Tribunal de Cuentas tenía pendiente la aprobación de la rendición de los fondos.

La Tigra 

La Municipalidad de la Tigra recibió el 29 de diciembre de 2014 a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros $3.5 millones para el proyecto “Planta Municipal de Tratamiento, Selección y Recuperación de RSU”. Fue en virtud del convenio celebrado con la Secretaría de Ambiente.

Los componentes del proyecto eran: saneamiento del basural a cielo abierto ($2 millones) y celda de disposición final ($1.5 millones).

Los fondos fueron destinados a: un acoplado baranda volcable de tres ejes ($419 mil), un camión VW 17-220 ($920 mil), combustibles ($6 mil), construcción de celdas de disposición final ($453 mil), retroexcavadora B110 4WD ($1.100.000) y saneamiento basural cielo abierto ($600 mil).

Ambiente no remitió informe de auditoría interna por lo que “no se puede determinar si el proyecto se ejecutó en su totalidad conforme a los componentes establecidos”, indicó la FIA.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas le inició un juicio de cuentas al por entonces intendente, Gregorio Viter y otros funcionarios del municipio, formulándose observaciones con alcance de cargo en forma solidaria por la suma de $1.059.300.

En la resolución, el doctor Hugo Jenefes señala en su voto que la responsabilidad surge de los artículos 110, 111 y 112 del reglamento de municipios. En tanto se detectó documentación faltante conforme el control efectuado sobre la obra “Planta Municipal de Tratamiento, Selección y Recuperación de Residuos Sólidos – La Tigra”. Se constató la existencia de Contrato de Locación por la ejecución de obras de saneamiento de basural a cielo abierto y celdas de disposición final de residuos “que no coincide con el acta de finalización de obra firmada por el intendente y la cooperativa que en concepto de la obra se realizaron pagos por la suma de $1.059.000”.

“Por lo tanto, y en virtud de las facultades conferidas al Tribunal de Cuentas, debe estarse a lo que se resuelva en dicha instancia. No surge que el municipio haya rendido cuentas al organismo nacional”, concluyó la FIA.

La Leonesa

A través de la resolución 5257 del 30 de junio de 2014, firmada por la jefatura de Gabinete, La Leonesa recibió $3.5 millones para el proyecto “Gestión Ambiental y Tratamiento de RSU”.

El acta complementaria al convenio definía los siguientes componentes del proyecto: saneamiento basural a cielo abierto ($1.385.000), celda de disposición final ($1.785.000) y campaña de concientización ($330 mil).

El Contador Auditor informó que los fondos fueron destinados a adquisición de un camión ($1.857.000), campaña de concientización ($289 mil); celda de disposición final ($96 mil), equipamiento planta de residuos ($224 mil) y en inversiones sin documentar ($1.031.000).

El ministerio de Ambiente de la Nación realizó un informe donde sostiene que al momento de realizar la auditoría la Planta de Tratamiento de Residuos “se encontraba operando”. Y que el secretario municipal informó que los fondos fueron destinados a la construcción de la planta y para la compra de un tractor.

Sin embargo, Ambiente informó que “no se identificaron acciones que indiquen la existencia de una celda de disposición final, ni se tuvo evidencia material de las campañas de difusión, refiriendo también a un camión compactador cedido en comodato al municipio”.

Por otro lado, y contradiciendo al organismo nacional, el Tribunal de Cuentas avaló la rendición de cuentas de La Leonesa. Constató que la documentación auditada “se relaciona con la finalidad del fondo, no habiéndose detectado irregularidades pasibles de observación”. “Ante esta incongruencia pidió remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para su consideración”, señaló la FIA. La rendición de cuentas, a junio de 2017, se encontraba vencida.


El fiscal adjunto, Dugaldo Ferreyra, investigó el destino de los fondos nacionales en los municipios chaqueños.

Pampa del Indio

El 30 de junio de 2014, el municipio de Pampa del Indio (durante la gestión del actual intendente, Gustavo Karasiuk) celebró un convenio marco con la Secretaría de Ambiente de Nación por $3.5 millones para el proyecto “Planta Municipal de Tratamiento, Selección y Recuperación de RSU”.  

El convenio establecía los siguientes componentes: saneamiento del basural a cielo abierto ($800 mil); construcción y equipamiento de planta de tratamiento ($1.5 millones); celda de disposición final ($900 mil); y campaña de concientización ($300 mil).

Conforme a lo informado por el Contador Auditor, los fondos fueron destinados para la compra de una retroexcavadora New Holland ($828 mil); campaña concientización ($200 mil); compra de camión VW 13-180 ($796 mil); trabajos de celda de disposición final ($875 mil); trabajo de saneamiento, acopio y transporte de residuos ($800 mil).

En su visita, la auditoría del ministerio de Medio Ambiente constató la construcción de un galpón para la instalación de una planta de tratamiento, “sin equipamiento –sin cinta de clasificación, ni prensa compactadora- y que no se constató la realización de las restantes comprometidas”.

En lo que hace al basural se constató “sólo un movimiento de suelo”. En cuanto a la celda de disposición final se informó la existencia de “una cava sin las mínimas medidas de seguridad e higiene y respecto a la concientización, tampoco se pudieron constatar las tareas relacionadas con la misma”. “Se observa en el informe que figura en la rendición la adquisición de un camión volcador y una retroexcavadora no previstos en el convenio”, añadió la auditoría.

Además de las observaciones efectuadas por el organismo nacional, la FIA hizo notar que la construcción del galpón “no se encuentra respaldada por la documentación a la que accedió esta fiscalía en relación al destino de los fondos”.

A su vez, contradiciendo una vez más al Ministerio de Ambiente y la FIA, el Tribunal de Cuentas aprobó las rendiciones de los ejercicios 2014 y 2015 “sin observaciones”.

Es así que ante esta falta de coincidencia, la FIA remitió los antecedentes al TC para su consideración “particularmente en lo que tiene que ver con la pertinencia de la aplicación de los fondos para la compra del camión volcador y la retroexcavadora, atento a que surge de la auditoría de los mismos no se encontraban previstos en el convenio marco, por lo que supondría una aplicación de los fondos diferente a la asignada, reprimida con el art. 260 del Código Penal”. La rendición de cuentas al 29 de junio de 2017 estaba “en estudio”.

Presidencia Roca

En la gestión del actual intendente Jorge Batalla, el municipio de Presidencia Roca celebró el 30 de junio de 2014 un convenio con la Secretaría de Ambiente de la Nación donde se logró un desembolso por $3.5 millones para el proyecto “Gestión Municipal de RSU”.

El convenio tenía los siguientes componentes: saneamiento de basural a cielo abierto ($800 mil); construcción y equipamiento de planta de tratamiento ($1.5 millones); celda de disposición final ($900 mil) y campaña de concientización ($300 mil).

Según el contador Zurlo, surge que de acuerdo a la documentación respaldatoria presentada, los fondos invertidos fueron: equipamiento de planta de reciclado ($1.5 millones); celda de disposición final ($900 mil); campaña de concientización ($210 mil); saneamiento del basural a cielo abierto ($800 mil) y camión volcador ($95 mil).

Del informe de visita efectuada por la auditoría del Ministerio de Ambiente se observa que el proyecto se ejecutó “de forma parcial”. “Sólo se pudo constatar la realización de la obra civil para la planta de tratamiento, con una cinta de selección y una prensa vertical. No se constató la realización de las restantes tareas comprometidas”, indicó la auditoría.

Respecto al saneamiento del basural, “sólo se constató un movimiento de suelo”. En relación a la celda de disposición se informó la existencia de “una cava sin medidas de seguridad e higiene y respecto de las campañas de concientización se observó la facturación de las mismas”. “Se señala que conforme la rendición efectuada se adquirió un camión volcador, no previsto en el convenio”, señaló.

“Del análisis surge que los fondos fueron utilizados pero no se constató su aplicación en conformidad al convenio celebrado”, afirmó la FIA.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas avaló el ejercicio 2014 del municipio y todo lo actuado en relación a la aplicación de los fondos para el GIRSU. Ante esta diferencia de criterios, la FIA remitió la documentación al TC para su análisis en relación a la ejecución parcial del convenio y a la compra de un camión volcador no previsto en el mismo, “lo que supondría una aplicación de fondos diferente a la asignada, reprimida por el Código Penal”.

“La auditoría interna señaló que del análisis de la rendición de cuenta se observó que más del 97% del monto total otorgado fue facturado a Jorge Raúl Varela, a través de 4 nombres de fantasía, habiéndose encargado todas las tareas”, añadió la FIA.

La Eduvigis

En la gestión de la actual intendenta Estela Carina Mitoire, la municipalidad de la Eduvigis firmó un convenio con Ambiente y por resolución de la Jefatura de Gabinete del 30 de junio de 2014 se transfirió $3.5 millones para el proyecto “Eduvigis Higiene y Salud”.

Los componentes del convenio eran: saneamiento del basural a cielo abierto ($1.385.000), celda de disposición final ($1.785.000) y campañas de concientización ($330 mil).

Conforme al informe del Contador Auditor surge que los fondos se usaron para: campaña de concientización ($330 mil); celda de disposición final ($1 millón); saneamiento basural ($698 mil); y compra de vehículos ($1.472.000).

Que si bien Ambiente no remitió acta de visita, prima facie el camión no estaba comprendido en los componentes del proyecto. Por eso la FIA pidió que el TC analice si le cabe responsabilidad a la intendenta Mitoire en el marco del artículo 260 del Código Penal. “No se encuentra acreditada la rendición de cuentas”, indicó la FIA.

General San Martín

El municipio que conduce Aldo Leiva recibió la transferencia de $3.5 millones a través de la Jefatura de Gabinete del 30 de junio de 2014, para el proyecto “Mejora en la gestión de RSU”. Asimismo recibió el 29 de diciembre de 2014 $3.873.000 para el mismo proyecto.

Los componentes del proyecto eran: saneamiento del basural a cielo abierto ($800 mil); construcción y equipamiento de planta de tratamiento ($1.5 millones); celda de disposición final ($900 mil) y campaña de concientización ($300 mil).

Con respecto a la segunda transferencia, el convenio establecía la compra de maquinaria y equipamiento para la gestión integral de RSU por $3.873.000.

El Contador Auditor no emitió informe por “no contar con la documentación debido a que el secretario de gobierno dijo que no las tenía a mano”. Se le dio una prórroga pero nunca envió la documental, informó la FIA.

El organismo de contralor local se constituyó en el municipio para constatar la existencia de la planta de tratamiento de residuos “pero donde debería estar un galpón destinado a esa tarea se observaron cimientos bajo agua a metros de la ruta 7”.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, sostuvo que se analizó la documental, se comparó con lo realizado y se determinó “que se relacionaba con la finalidad del fondo”. Es decir que no constató irregularidad alguna.

Sin embargo, en relación a la adquisición de maquinarias y equipamiento para la GIRSU, el TC sostuvo que los fondos “no fueron utilizados y /o aplicados a la finalidad prevista en la norma legal que dispuso su otorgamiento por un monto de $2.073.000 y que hubo una transferencia al municipio por $1.8 millones, la cual al 31 de diciembre de 2015 no fue devuelta”.

“Que no se puede realizar otras consideraciones respecto de este municipio porque no facilitó la documentación solicitada y el ministerio de Ambiente tampoco remitió el acta ni informó de visita de la auditoría interna que permita analizar el cumplimiento in situ del proyecto”, afirmó la FIA.

“No obstante puede señalarse prima facie la incongruencia respecto a lo observado en las tomas fotográficas y lo concluido por el TC respecto a la construcción y equipamiento de la planta, por lo que deviene necesaria la remisión de las presentes actuaciones al organismo”, indicó la fiscalía.

Teniendo en cuenta que la FIA es autoridad de aplicación en la Ley de Acceso a la Información Pública, se cuestionó el hecho de que a pesar de las prórrogas “no se presentó la documentación respaldatoria”.

Es por eso que le abrió un expediente por violación a la ley de acceso a la información pública contra Gastón Navarro, secretario de gobierno municipal y al secretario de Planificación municipal, Cristian Centurión por la presunta violación a la Ley de Acceso a la Información.

Fontana

El 29 de diciembre de 2014 se autorizó la transferencia de fondos por $5.227.000 para el proyecto “Fontana Más Limpio y Saludable”, mediante un convenio firmado con la Secretaría de Ambiente de la Nación, durante la gestión del actual intendente, Antonio Rodas.

Los componentes del proyecto eran: equipamiento de bienes de uso para tratamiento de residuos sólidos urbanos por $5.227.000.


Claudio Bonadio tiene a su cargo la causa por irregularidades en el programa de residuos.

El Contador Auditor informó que de acuerdo a la rendición de cuentas facilitada por el municipio los fondos fueron invertidos en una excavadora ($2.551.000) y una motoniveladora ($2.675.000).

La auditoría del Ministerio de Ambiente sostiene que el proyecto “cumple parcialmente con el anexo al acta complementaria”, constatando la existencia de una excavadora y una motoniveladora, y que se encuentra en implementación una planta de clasificación y disposición en forma conjunta con el municipio de Tirol.

Enrique Urien 

El 30 de diciembre de 2014, la Jefatura de Gabinete autorizó la transferencia de $1.157.000 para la “adquisición de equipamiento para GIRSU”. Fue durante la gestión de la actual intendenta, Liliana del Carmen Pascua.

Esta es la única documentación con la que contó la Fiscalía respecto del municipio atento a que el Ministerio de Ambiente no remitió la información, ni tampoco la FIA pudo llegar hasta la localidad. “Por lo que no se realizan observaciones”, indicó en la resolución.

Samuhú

El 30 de junio de 2014 se autorizó la transferencia de fondos por un monto de $3.5 millones para el proyecto “Saneamiento Ambiental y Tratamiento de Residuos” en virtud del convenio marco celebrado entre la intendenta Elba Patricia Lezcano y la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Los componentes del proyecto eran tareas de saneamiento del basural a cielo abierto por $1.385.000, celda de disposición final por $1.785.000; y campañas de concientización y sensibilización por $330 mil.

Por su parte, la resolución de la Sala II del Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de cuentas de la municipalidad de Samuhú del ejercicio 2014 y se inició el juicio a cuentas a la intendenta Lezcano y otros funcionarios del municipio.

La resolución de la Sala II declara responsables solidarias a las funcionarias, condenándolas al resarcimiento patrimonial de $2.709.015 y aplica multa. Por acuerdo de Sala, se concedió el recurso de revisión interpuesto por las señoras Lezcano y Gómez.

En relación a los fondos en cuestión, se observó en la resolución del TC (Sala II 116/16) que “del control selectivo realizado a las órdenes de pago y su documentación respaldatorias a obras ‘Saneamiento de basural a cielo abierto’ y ‘construcción de celdas de disposición final’, por la suma de $1.478.100 surge que falta: acta de inicio de obra, los certificados de avance de obra, el certificado final y la recepción definitiva de la obra con los requisitos establecidos”.

En cuanto a la obra de saneamiento del basural, según la Dirección de Control de Obras Públicas del TC, el certificado de avance de obra, el certificado final de obra y el acta de recepción definitiva de la obra aportadas no guardan relación con las obras constatadas, ya que la obra están en ejecución y no se inhibió el Proyecto, Cómputo y Presupuesto. El saneamiento costó, según la documentación del municipio, unos $578 mil.

Sobre la obra de construcción de celdas de disposición final, Control de Obras Públicas indicó que la obra “no posee documentación técnica por lo que no se puede establecer si se dio cumplimento a las pautas de la autoridad de aplicación, la obra presupuestaria como complementaria –tinglado- no fue construido”.

Además se constató que la empresa contratista “no realizó la obra certificada en certificado N°2 de fecha 12 de agosto de 2015 ya que se estaban realizando excavaciones y con la tierra se precedía al enterramiento de los residuos sólidos urbanos existentes”. “Se observó también que no se cumplía con la totalidad de los requisitos indispensables que debía tener el certificado de obra”, indicó el TC.

Tres Isletas

El Fiscal preopinante realiza observaciones referidas al Municipio de Tres Isletas, sin embargo en la presente causa en virtud de sistema de muestreo desarrollado “no se encuentra incorporados elementos que permitan realizar consideraciones sobre el municipio”.

Villa Río Bermejito

La municipalidad gobernada por Lorenzo Heffner recibió el 29 de diciembre de 2014 fondos por $4.400.500 para el proyecto “Adquisición de equipo GIRSU”.

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente de la Nación visitó la localidad y señaló que el proyecto se ejecutó “en forma parcial”, que de las obras y adquisiciones comprometidas “sólo se constató la adquisición de una motoniveladora y un camión volcador”, y que el propio intendente manifestó que “la diferencia resultante entre los fondos transferidos y lo abonado por las dos máquinas se utilizó para la construcción de un muro de contención ante la crecida del Río Bermejito”.

Se informó además que para la construcción del muro se abonó una factura de $1.157.000 –el 26,07% del total transferido-, que dicha obra no tiene relación con el objeto del proyecto y que además no pudo visualizarse el mismo.

De lo expuesto, surge que los fondos asignados fueron utilizados para un destino diferente al comprometido. Por eso se dio intervención al Tribunal de Cuentas, además se puso en conocimiento de esta situación al juez Bonadío debido a que el mismo intendente confesó que usó el dinero para otra cosa.

Quilitipi 

El 30 de junio de 2014 se autorizó la transferencia de $3.5 millones a la municipalidad de Quitilipi para el proyecto de “Gestión Integral de RSU”. El intendente era Alfredo Zamora.

Dicho proyecto comprendía los siguientes componentes: saneamiento de basural a cielo abierto ($800 mil); construcción y equipamiento de planta de tratamiento ($1.5 millones); celda de disposición final ($900 mil) y campaña de concientización ($300 mil).

Que en el informe de la auditoría interna del Ministerio de Ambiente se observó la existencia de un galpón destinado para la planta, que no se pudo constatar la existencia del equipamiento que el basural a cielo abierto no fue saneado, que no se pudo identificar celda de disposición final y que no se detectaron acciones respecto al componente “campaña de concientización”.

La FIA tomó intervención previamente en la cuestión en análisis respecto al municipio en el expediente caratulado “Quitilipi Municipalidad – Denuncia Ley 3468 Sup. Irreg. Ref. ex intendente Zamora Alfredo, incumplimiento de construcción de planta de Reciclaje – Construcción Emp. Horvicen SRL” se ordenó la remisión de las actuaciones al Tribunal de Cuentas.

 

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