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Jun 08 2018

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Caso Echezarreta: de lectura básica para los diputados

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Ante el caótico e incomprensible trámite que inició la Cámara de Diputados después del pedido de desafuero requerido por la juez federal Zunilda Niremperger contra el Ministro de Infraestructura, Humberto Fabián Echezarreta, y la posibilidad de que los legisladores insistan en desaforarlo sin juzgarlo en juicio político, el Centro Mandela se ha visto en la obligación social de presentar una denuncia ante el Poder Legislativo con la finalidad de que se encause el juzgamiento del Ministro, conforme a lo que manda el art. 120 y concordantes de la Constitución de Chaco, y la ley reglamentaria 3222.

La obligación social de presentar la denuncia no solo tuvo el propósito de evitar que se genere un extraordinario precedente negativo, que provocará un nuevo daño grave a la lastimada institucionalidad chaqueña, sino que ha significado el ejercicio responsable del deber de control, objeción y de crítica de la que goza toda la comunidad ante las gestiones de gobierno, que son derechos que derivan y son reconocidos por la interpretación doctrinaria dominante del art. 22 de la Constitución Nacional.

En la denuncia se señaló que si luego de tramitarse el desafuero a través de un procedimiento irregular y se resolviera la destitución y la quita de inmunidades a Echezarreta, los diputados generarán enormes daños institucionales y beneficiarán a los defensores técnicos del Ministro, que seguramente cuestionaran el pronunciamiento de los legisladores si resuelven destituir y quitar inmunidades al funcionario cuestionado sin juicio político. Hasta puede suceder que si se arrestara a Echezarreta, éste podrá presentar un hábeas corpus preventivo para evitar ser privado de libertad o si fuere arrestado recurrir ante cualquier juez -a través de un habeas corpus correctivo- para recuperar su derecho a la libertad.

Tampoco se puede descartar que si finalmente la destitución se decreta sin juicio político, el actual gobernador podría mantener en funciones al Ministro por medio de vías de hecho y de derecho, con lo cual el caso también derivaría en un complejo conflicto de poderes, con graves consecuencias.

Datos técnicos básicos que deberían conocer los diputados, para ser tales

Algo que parece tan claro, como es el trámite de juicio político para quitar las inmunidades al Ministro Echezarreta, ha sido puesto en falso debate y ha sido objeto de cuestionamientos absurdos, al extremo que hasta las dudas de algunos legisladores generan sospechas de todo tipo.

Poco racionalmente se preguntan qué tipo de procedimiento debe seguirse a un ministro del Poder Ejecutivo para privarlo de sus inmunidades y posibilitar que sea sometido a la eventualidad de una prisión preventiva en el marco del proceso penal seguido en su contra. Los que se preguntan o dudan son lo que son o bien representan intereses que probablemente la comunidad desconoce.

Entonces, para intentar esclarecer lo que paradójicamente es claro menos para la mayoría de los diputados, inevitablemente se deben reseñar algunas cuestiones de técnica jurídica básica para que despejen sus dudas y actúen como buenos administradores públicos que deben representar la voluntad popular y defender el interés general, con la mayor sabiduría para ser equitativos y respetuosos de la Constitución y de las leyes.

A partir del Capítulo V de la Sección III de la Constitución chaqueña pueden comenzar a ilustrase y a entender. Este tramo constitucional comienza señalando el instituto del Juicio Político y a los funcionarios sujetos a este procedimiento. La expresión sujeto refiere a un adjetivo y opera estableciendo una relación de dependencia o de exposición a una cosa. En la oración, estos funcionarios están expuestos a este tipo de procedimiento. Luego, el Art.120 utiliza nuevamente la palabra “sujetar”, también  como expuesto o vinculado, y enumera a los funcionarios que se encuentran en el universo de los que a través del juicio político se les removerán sus inmunidades.

En términos de organización del poder o de distribución de competencias, los legisladores deberían asumir que la Constitución quiere que la pensemos casi matemáticamente, en el sentido de la univocidad. Ello es así en orden a que no deberíamos olvidar que, en definitiva, el ejercicio del Poder implica un impacto sobre las libertades de las personas. Esta es, entonces, la base del esquema del constitucionalismo al que hemos adherido en función del diseño que nos hemos dado, de tal modo que cuando la Constitución enumera a los funcionarios que se encuentran sujetos a juicio político claramente está afirmando y definiendo el contorno de lo posible. Esta cualidad, rigurosamente taxativa, descansa en la propia naturaleza regimentada del ejercicio del poder en un sistema como es nuestro, que es una unidad de acción normatizada, de donde deriva que es lo que se puede o no hacer, según la Constitución.

Esta noción básica se encuentra en “las entrañas” mismas del constitucionalismo que hemos acordado, y rige nuestra forma de organizarnos y de relacionarnos. Es más, si nos permitimos ahondar un poco más, veremos que el propio constituyente tuvo en mente la cualidad operatoria del lenguaje, en tanto el “orden lingüístico de los derechos” se encuentra atravesado por vaguedades o ambigüedades que no deberían ser vistas como patologías, sino como una concreta opción política del constituyente para dotar al “lenguaje de los derechos” de una proyección que posibilite entender  a los mismos dentro del contexto histórico en que se inscriba su ejercicio. Es allí donde nace la obligación, en este caso para los diputados chaqueños, de realizar un esfuerzo interpretativo mucho mayor que aquél vinculado a la determinación de lo que un poder puede o no hacer.

Son numerosos y relevantes los antecedentes que conforman lo que podríamos denominar “las pautas básicas” del sentido que nuestro sistema tiene desde el que se asentó el control de constitucional, tan propio de sistemas como el nuestro. De modo que, claramente, tenemos un sistema que ordena a los poderes del Estado y sus competencias sobre la base de una suerte de cierre categorial (lo que no está aquí adentro no existe).

Si los legisladores estuvieran de acuerdo, deberían entender que la Constitución del Chaco establece cuales son los funcionarios sujetos a juicio político. Entonces, cuando los legisladores se preguntan qué procedimiento corresponde aplicar en el caso Echezarreta, niegan la vigencia del artículo 120 de la Constitución y, por ende, comienzan a violarlo. Esta estrategia que se consumaría si destituyen a Echezarreta y le quitan sus inmunidades a través de un procedimiento que no sea exclusivamente el juicio político. Deberían entender que “levantar o quitar” inmunidades al Ministro por otro procedimiento implicaría un acto poco menos que inexistente por su extraordinaria inconstitucionalidad dado que sería emitido sin que sea referenciado en la regla de reconocimiento del sistema jurídico. Es ahí donde entendemos que abiertamente se violará la cualidad matemática del sistema de organización del poder de nuestra Constitución. Es evidente que Echezarreta quieren aplicarle el desafuero previsto para los legisladores en el artículo 103 de la Constitución, pretendiéndose desconocer la división de poderes entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, que tienen diferentes competencias constitucionales.

En algún punto, el juicio político (de ahí su nombre) es la resultante de la ecuación entre soberanía popular y sistema de representación. Es el pueblo, a través del órgano mandatario que elegimos, el que enjuicia al resto de los poderes del Estado. En cambio el proceso de desafuero es un proceso de “evaluación del propio poder y de la conducta de sus integrantes”.

Adviértase que la naturaleza de cierre categorial de la organización del poder está dada por el propio art.103. Esto resuelta claro cuando establece que el desafuero ordena que pueda suspender en sus funciones a un diputado imputado por una acción penal. Por lo tanto, el desafuero tiene claramente un único sujeto, que son los diputados. A ello se agrega el distinto objeto que presentan los procesos. Mientras que uno suspende sin pronunciarse sobre su responsabilidad o no, el otro si tiene una finalidad declarativa (culpable o no culpable), y una consecuencia que es la de despojar de las inmunidades al legislador cuestionado.

Tenemos, entonces, dos grandes tipos de procedimiento para “levantar” las inmunidades con que hemos garantizado el ejercicio del poder republicano a nuestros representantes. Uno es aquél que está exclusivamente establecido para los diputados, y el otro destinado al resto de la totalidad del universo de los poderes del Estado. Este procedimiento se llama juicio político. De modo que no cabe otra interpretación que determine que la Legislatura solamente puede “levantar o remover” las inmunidades a un funcionario que no sea diputado únicamente a través de un juicio político.

Texto de la denuncia presentada por el CENTRO MANDELA en el caso Echezarreta

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Texto completo

Resistencia, 7 de Junio de 2018

SEÑORA PRESIDENTE y

LEGISLADORES de la CÁMARA DE DIPUTADOS

de la PROVINCIA DEL CHACO

SUS DESPACHOS.-

SOLICITA SE FORME EXPEDIENTE. SE GIREN COPIAS DEL PRESENTE Y DE LOS INSTRUMENTOS ADJUNTOS A CADA DIPUTADO.

PETICIONA QUE POR RAZONES DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL, SE IMPRIMA EL PRESENTE PREFERENTE TRÁMITE Y PRONTO DESPACHO, ANTE LA INMINENCIA DE TRAMITARSE IRREGULARMENTE EL ENJUICIAMIENTO DE

AL MINISTRO HUMERTO FABIÁN ECHEZARRETA.

Ref.: EN FUNCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ART. 121 DE LA CONSTITUCIÓN DE CHACO, SE FORMULA EXPRESA DENUNCIA CONTRA EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL CHACO, HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA,  PARA TORNAR OPERATIVO Y APLICABLE AL CASO LO ESTABLECIDO POR EL ART. 120 DEL TEXTO MAGNO, QUE INEXORABLEMENTE MANDA INICIAR -DE INMEDIATO- JUICIO POLÍTICO CONTRA EL MENCIONADO FUNCIONARIO PÚBLICO. ESTA DENUNCIA SE ENCUENTRA SUFICIENTEMENTE  AVALADA POR LA MANIFIESTA PROCEDENCIA Y ADMINISIBILIDAD QUE SUPONE EL REQUERIMIENTO DE DESAFUERO CURSADO POR LA JUEZ FEDERAL ZUNILDA NIREMPERGER A TRAVÉS DEL OFICIO N° 1460, DE FECHA 21/05/2018, QUE LIBRARA EN LA CAUSA N° FRE 175/18, caratulada “REY HECTOR HORACIO Y OTROS S/ SUP. INF. ART. 303 DEL CP”, DEL REGISTRO DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA.-

_______________________________________________________________________________

A. ROLANDO NÚÑEZ, DNI N° 11.058.109, en mi condición de Coordinador del CENTRO MANDELA, como también por derecho propio, bajo patrocinio letrado del suscripto, constituyéndose domicilio legal  en Avda. Alberdi N° 338, 2° Piso, Ciudad, y electrónico info@centromandela.com, ante la señora Presidente y la totalidad de los señores Legisladores, me presento y respetuosamente formulo DENUNCIA, conforme sigue:

 

I) CUESTIÓN PRELIMINAR. DAMOS LAS RAZONES DE LA DENUNCIA QUE SE INTERPONE: ante el tumultuoso, caótico y desacertado tratamiento que se viene dando en el seno de la Cámara de Diputados de Chaco, a propósito del DESAFUERO requerido por la Juez Federal, Zunilda Niremperger, a través del OFICIO N° 1460, de fecha 21/05/2018, contra el  Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA, en  un proceso que inminentemente sería violatorio  de las cláusulas constitucionales que deben ser bien interpretadas y aplicadas en el buen arte de juzgar, con consecuencias que no se pueden ponderar en esta etapa y que pueden arrasar con el Principio de Debido Proceso, de Defensa en Juicio y de Igualdad ante la Ley.

Se suma la inexplicable falta de DENUNCIA EXPRESA que pudieron realizar cualquier persona comprometida con la democracia, según lo autoriza el Art. 121 de la Constitución de Chaco para requerir la iniciación de JUICIO POLÍTICO  contra el Ministro cuestionado.

Hemos esperado un tiempo más que prudencial para que se encause ofiosamente el requerimiento  judicial  emanado de la Justicia Federal, circunstancia que por los resultados logrados hasta ahora  inexorablemente nos determinó  a presentar esta DENUNCIA, que es una de las tareas más complejas y odiosas que puede realizar un ciudadano u organización en un sistema democrático y representativo de gobierno que viene muy mal llevado, en el que se refleja un cuadro de situación generalizado de anomia institucional y constitucional sin precedentes, y que en el horizonte perfila hasta conflictos de poderes, que es un lujo que no se puede dar Chaco tomándose en cuenta que es una de las dos provincias que presente los peores indicadores sociales, económicos, sanitarias y educativos de la Argentina.

Esta es la razón concreta por la que formulamos esta DENUNCIA, que indirectamente marca el mal funcionamiento de los Poderes del Estado y la inercia o complacencia de vastos sectores sociales que miran la crisis por los medios de comunicación o redes sociales , circunstancia que marca una escasa o nula participación comunitaria en los conflictos institucionales, que en la última etapa vienen agudizándose de una manera escandalosa y alarmante-

II) OBJETO DE LA DENUNCIA: en tiempo y forma, cumpliendo con la manda contemplada en el Art. 121 de la Constitución de Chaco, se formula expresa DENUNCIA contra el Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA,  para tornar operativo e inexorablemente   aplicable al caso lo establecido por el art. 120 del texto Magno, que ordena  iniciar -de inmediato- JUICIO POLÍTICO contra el mencionado funcionario público.

Esta denuncia se evidencia  suficientemente  avalada  desde el inicio de esta presentación por la manifiesta procedencia y adminisibilidad que supone el requerimiento de DESAFUERO cursado por la Juez Federal Zunilda Niremperger a través del Oficio N° 1460, de fecha 21/05/2018, que librara en la CAUSA N° FRE 175/18, caratulada “REY HECTOR HORACIO Y OTROS S/ SUP. INF. ART. 303 DEL CP”, del Registro del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de la Ciudad de Resistencia.

Conforme los antecedentes que daremos cuenta a continuación, corresponderá que en primer término se decrete la ADMISIBILIDAD de la presente  DENUNCIA, para contemporáneamente disponerse la APERTURA de JUICIO POLÍTICO contra el Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA,  bajo las pautas y el procedimiento establecidos a partir del Art. 122, siguientes y concordantes, de la Constitución de Chaco, más las estipulaciones -de fondo y forma- contempladas en la Ley N° 553-3 (antes Ley 3.222).

Declarada ADMISIBLE la presente DENUNCIA se debería SUSPENDER en el ejercicio de sus funciones al Ministro sujeto a JUICIO POLÍTICO, acorde con lo preceptuado por el Art. 125 de nuestra Carta Magna.

POR FIN: oportunamente corresponderá que se dicte el PRONUNCIAMIENTO previsto en el Art. 127 de la C.P.Ch., declarándose CULPABLE al Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA, disponiéndose su DESTITUCIÓN y la PÉRDIDA de las INMUNIDADES de que goza en razón del cargo que ocupa. En esta hipótesis el Ministro será encausado en la forma que pretende la Juez que investiga el caso, siendo de público conocimiento que ha decretado su ARRESTO, medida que está sujeta al resultado del JUICIO POLÍTICO.

Este pronunciamiento deberá dictarse en tanto el Tribunal de Sentencia encuentre factores objetivos  de comprobación política suficiente que posibilite que dos tercios de los señores Legisladores se hagan de la   convicciones, sujetos a las reglas de sana crítica racional y de la experiencia, de que mínimamente se han comprobado los hechos materiales objetos de investigación, la autoría y la responsabilidad del encausado en el marco de los parámetros exigibles en todo trámite de JUICIO POLÍTICO, conforme la presentación realizada por la Juez Zunilda Niremperger a través del OFICIO N° 1460/18, instrumento que se encuentra suficientemente motivado “per sé” y por la Resolución FECHADA EL 21/05/2018 que fue presentado con tal instrumento (conformada por 27 fojas), con entidad suficiente para que la referida Juez requiriera   el DESAFUERO del Ministro en cuestión .

EN DEFECTO:   en el supuesto de no comprobarse los tres factores señalados precedentemente, deberá disponerse la INOCENCIA del funcionario público enjuiciado, con la expresa referencia de que las actuaciones no afectaron su buen nombre y honor como persona de existencia física y como funcinario público.

III) LOS FACTORES OBJETIVOS QUE DAN CUENTA ANTICIPADA DE LA PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD MANIFIESTA DE LA DENUNCIA EN TRATO:

Ya adelantamos en el documento publicado en el link http://www.centromandela.com/?p=22414,                         que ingresó a la Cámara de Diputados el desafuero pedido  por la Juez Federal, Zunilda Niremperger, contra el Ministro de Infraestructura, Humerto Fabián Echezarreta, vinculado con posibles actos de corrupción que se investigan en la causa Lavado I.  Correspondía    que se solicitara la iniciación de un juicio político contra dicho funcionario para que lo destituyan y pierda sus inmunidades, para luego ser detenido, aunque también puede ser suspendido en su cargo mientras se tramita el juicio.

Inexorablemente la Legislatura debe iniciar  un juicio político al referido Ministro porque están obligados a hacerlo. Así  lo dispone el artículo 120 de la Constitución chaqueña, en función  del artículo 144 para el caso Echezarreta. Esta última norma  determina que  los ministros del poder ejecutivo gozan de las mismas inmunidades que los legisdores. Por lo tanto, los diputados no pueden ni deben escudarse en que la Juez solicitó el desafuero porque la fundamentación  que presentara la Dra. Niremperger es de tal entidad y más que suficiente para que haga las veces de denuncia y se enjuicie políticamente a Echezarreta por  los delitos  que se investigan,  conforme a las pautas establecidas por la Constitución y las leyes reglamentarias.

Juicio político a Echezarreta

El  artículo 120 establece el  procedimiento de juicio político para quitar las inmunidades al Gobernador, al Vicegobernador, a los Ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros y al Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, a los Miembros del Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo, al Fiscal de Estado, al Contador General, al Subcontador General, el Tesorero General y al Subtesorero General. La nómina es clara y taxativa, o sea que no se puede modificar, y menos reducir o ampliar. Todos debemos sujetarnos a esta cláusula. Los legisladores  deben  enjuiciar inmediatamente a Echezarreta, evitando  manifestarse en la forma en que lo vienen haciendo porque confunden a la opinión pública a pesasr de que una de las obligaciones fundamentales de todos los funcionarios públicos es la de generar certezas en la población a  través de sus actos y expresiones.

Echezarreta no debe ser desaforado

El denominado “caso Echezarreta” se rodeó de una estridencia innecesaria, en una Provincia tumultuosa que atraviesa una  grave crisis política e institucional, que parece irreversible. Se desataron una serie de análisis publicados que fueron parcial o totalmente erróneos o falsos, salvo dos excepciones conocidas pero insuficientes para esclarecer a la comunidad.  Fundamentalmente interesan las opiniones de los legisladores dado que son los que deben llevar adelante el juicio político porque  de lo contrario violarían sus deberes como diputados.

A excepción de Juan Pedrini,  los diputados lucieron equivocados cuando se manifestaron públicamente  a favor del desafuero del Ministro, aunque algunos confusamente hablaron de inmunidades y generaron falsas contradicciones. En casi todas las situaciones fue posible comprender la escasa capacidad de algunos diputados, aunque  sobresalieron las mesquindades y los errores aparentemente voluntarios para generar una falsa discución  que concentraron en quién debería quitarle los fueros al Ministro acusado de haber cometido graves delitos contra el Estado. Equivocadamente instalaron el concepto de que Echezarreta goza de fueros para implícitamente evitar que se  le inicie un juicio político en el que se pueda ventilar y conocer muchos detalles escondidos que el bipartidismo pretende que siga en esa condición para que la opinión pública ignore  lo más posible en materia de hechos de corrupción.

Las inmunidades: los casos Pértile y Echezarreta

Es importante señalar lo que debe entenderse por inmunidad. Son nada más y nada menos que situaciones normativas contempladas para los legisladores a través del artículo 102  de la Constitución local. Lo primero que debería comprenderse  es que las inmunidades no se otorgan en beneficio de diputados o senadores, sino como una forma de proteger a la Institución de la que forman parte. Desde que asumen y hasta el final de sus mandatos los legisladores gozan de completa inmunidad en su persona y no pueden ser detenidos, salvo que se los encuentre cometiendo delitos.

Toda la situación queda en evidencia por el juicio político que se le inició a Elda Pértile, cuando integraba el Directorio del Tribunal de Cuentas, que terminó con su destitución aunque después judicialmente revirtió ese pronunciamiento. Echezarreta está en la misma situación que Pértile, según el artículo 120. Por lo tanto, la Cámara de Diputado debe  enjuiciar políticamente al Ministro y destituirlo si existen causas determinantes para tomar tal decisión, con lo cual perderá las inmunidades. Es que debe entenderse que el artículo 120 se remite al artículo  102  únicamente respecto a las inmunidades de los diputados. Tratándose de un Ministro, las inmunidades de las que goza  Echezarreta en este caso, deben ser tratadas en un juicio político para posibilitar  su juzgamiento. Por lo tanto, en función a  las expresas normas constitucionales citadas, no existen dudas de que el medio para someter a un proceso penal a Echezarreta es el juicio político y no el desafuero.

Diferente es la situación  cuando un legislador es sometido a un proceso penal. Cuenta  con inmunidad de proceso y de  arresto. En estos casos entra en  vigencia el artículo 103  de la Constitución chaqueña, que establece que el procedimiento para remover el obstáculo (las inmunidades) es el desafuero del diputado, siendo necesario para ello el voto nominal de dos tercios de sus miembros para dejarlo a disposición del juez  para su juzgamiento. Sin embargo, los legisladores erróneamente opinaron que a Echezarreta  le sería aplicable este procedimiento (desafuero),   mencionando el artículo 103, lo que es manifiestamente erróneo.

El trámite que se debe dar: la suspensión de Echezarreta

La Juez Federal pidió el desafuero de Echezarreta. La Cámara de Diputados debe encausar   el trámite hacia el juicio político. Debería considerar el requerimiento judicial como una denuncia y comenzar el trámite del juicio. En la sesión más próxima la Cámara debería dividirse en dos salas que actuarán como acusadora y juzgadora, respectivamente. La primera debe nombrar una comisión de cinco (5) miembros para que investigue. Y lo importante, es que desde que la sala acusadora admita la acusación, Echezarreta debe quedar suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haberes. Después podrá ser detenido. Finalmente, la cámara acusadora sentenciará, debiendo destituir al ministro si los elementos determinan tal medida.

Destitución de Echezarreta

Son precisos, concretos y abundantes los motivos por los cuales la juez Niremperger  ha pedido que se le quiten las inmunidades al Ministro Echezarreta, para lo cual se lo debe destituir. Fue extensa la presentación que efectuara en la Cámara de Diputados, con avales más que suficientes para la apertura  del juicio político. Acusan a Echezarreta porque éste habría cometido el delito federal de lavado de dinero, agravado por la habitualidad y por haber sido ejecutado en banda,  más los delitos precedentes entre los que mencionó negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La juez señaló que se constató la existencia  de “un esquema ilícito integrado por Ismael Fernández, Ramón Alejandro Chávez, Cristina Mariel Dellamea, Graciela Fernández y Humerto Fabián Echezarreta”, en cuyo marco crearon empresas y sociedades integrados por familiares y amigos para vender bienes y servicios al Estado que les reportaron enormes ganancias ilícitas desde fines de 2015.

También se consignó que las operatorias irregulares afectaron el patrimonio del Ministerio de Salud Pública, Lotería Chaqueña, Secretaría General de Gobierno y Coordinación, Ministerio de Planificación e Innovación Tecnológica. Respecto de la firma Vidrios Belgrano S.R.L. en el pronunciamiento se señaló a otros sectores  del Estado que resultaron afectados, además de los señalados anteriormente. Destacaron operatorias en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Industria, en la Administración Tributaria Provincial, en el Servicio Penitenciario Provincial y en el Ipduv. Las mismas consideraciones reseñaron respecto de la empresa Servicios y Construcciones Paraná S.A.  Describieron perfectamente las vinculaciones entre los imputados, que conformaron una organización ilícita.  Fueron muy minusiosos para informar a la Cámara de Diputados sobre el desempeño del Ministro de Infraestructura en los hechos que se investigan, como también el perfil fiscal y los incrementos patrimoniales de los imputados.

IV) PRUEBAS: se acompaña y ofrece  las siguientes:

a)  SE ACOMPAÑA: copias simples de la presentación realizada por la Juez Zunilda Niremperger a través del OFICIO N° 1460/18, instrumento que se encuentra suficientemente motivado “per sé” y por la Resolución FECHADA EL 21/05/2018 que fue presentado con tal instrumento (conformada por 27 fojas), con entidad suficiente para que la referida Juez requiriera   el DESAFUERO del Ministro en cuestión.

b) SE OFRECE: LA CAUSA N° FRE 175/18, caratulada “REY HECTOR HORACIO Y OTROS S/ SUP. INF. ART. 303 DEL CP”, del Registro del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 De La Ciudad De Resistencia.

V) LA SOLICITUD CONCRETA A LOS FINES DE QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ENCAUSE EL TRÁMITE DE JUZGAMIENTO DEL MINISTRO HUMERTO FABIÁN ECHEZARRETA:  

1) En tiempo y forma, se tenga por formulada expresa DENUNCIA contra el Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA,  para tornar operativo e inexorablemente   aplicable al caso lo establecido por el art. 120 del texto Magno.

2) Conforme los fundamentos expuestos y pruebas acompañada y ofrecida, respectivamente, corresponde  que se ordene  iniciar -de inmediato- JUICIO POLÍTICO contra el mencionado funcionario público.

3) Conforme los antecedentes que daremos cuenta a continuación, corresponderá que en primer término se decrete la ADMISIBILIDAD de la presente  DENUNCIA, para contemporáneamente disponerse la APERTURA de JUICIO POLÍTICO contra el Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA,  bajo las pautas y el procedimiento establecidos a partir del Art. 122, siguientes y concordantes, de la Constitución de Chaco, más las estipulaciones -de fondo y forma- contempladas en la Ley N° 553-3 (antes Ley 3.222).

4) Declarada ADMISIBLE la presente DENUNCIA se debería SUSPENDER en el ejercicio de sus funciones al Ministro sujeto a JUICIO POLÍTICO, acorde con lo preceptuado por el Art. 125 de nuestra Carta Magna, a los fines de que no obstruya la investigación ni destruya pruebas.

5) Oportunamente corresponderá que se dicte el PRONUNCIAMIENTO previsto en el Art. 127 de la C.P.Ch., declarándose CULPABLE al Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, HUMBERTO FABIAN ECHEZARRETA, disponiéndose su DESTITUCIÓN y la PÉRDIDA de las INMUNIDADES de que goza en razón del cargo que ocupa.

En esta hipótesis el Ministro será encausado en la forma que pretende la Juez que investiga el caso, siendo de público conocimiento que ha decretado su ARRESTO, medida que está sujeta al resultado del JUICIO POLÍTICO.

Este pronunciamiento deberá dictarse en tanto el Tribunal de Sentencia encuentre factores objetivos  de comprobación política suficiente que posibilite que dos tercios de los señores Legisladores se hagan de la   convicciones, sujetos a las reglas de sana crítica racional y de la experiencia, de que mínimamente se han comprobado los hechos materiales objetos de investigación, la autoría y la responsabilidad del encausado en el marco de los parámetros exigibles en todo trámite de JUICIO POLÍTICO, conforme la presentación realizada por la Juez Zunilda Niremperger a través del OFICIO N° 1460/18, instrumento que se encuentra suficientemente motivado “per sé” y por la Resolución FECHADA EL 21/05/2018 que fue presentado con tal instrumento (conformada por 27 fojas), con entidad suficiente para que la referida Juez requiriera   el DESAFUERO del Ministro en cuestión .

6) En el supuesto de no comprobarse los factores que hace a la materialidad de los hechos,  autoría y responsabilidad por parte del Ministro Echezarreta, deberá disponerse la INOCENCIA de dicho funcionario público enjuiciado, con la expresa referencia de que las actuaciones no afectaron su buen nombre y honor como persona de existencia física y como funcinario público.

7) EXHORTA A LOS DIPUTADOS PARA QUE DESPLIEGUEN ACTUACIONES OFICIOSAS, CONFORME PAUTAS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES: la hora institucional y política de profunda crisis que atraviesa el Chaco exige que los Diputados actúen  y sujeten sus acciones a las normas legales constitucionales y convencionales aplicables al caso.

En defecto, no solo serán responsables  en el plano netamente político, sino también en el marco del derecho positivo vigente puesto que actuarán al margen  de las pautas referidas, pudiendo incurrir en abuso de autoridad y/o violación de los deberes del funcionario público dado que si insisten en un procedimiento irregular para juzgar al Ministro Echezarreta provocarán enormes daños institucionales, con repercusiones sociales, además de que no se puede descartar un conflicto de poderes de gravedad institucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

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