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Jun 15 2018

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Derechos cruzados | Pueblos originarios y criollos

Fuente: Revista Tecer Sector
Texto Rocío Galván.

Comunidades originarias y campesinas conviven, con sus diferentes cosmovisiones, en la región del Chaco salteño. Con el respaldo de organizaciones sociales, buscan reivindicar sus reclamos y visibilizar sus problemáticas.

Desde hace muchos años, las comunidades campesinas e indígenas de la región del Chaco salteño vienen llevando adelante una lucha fundamental. Las familias sostienen pedidos territoriales y de acceso a los recursos naturales, con el respaldo de ONG y asociaciones, a partir de una sólida organización horizontal, pacífica, con diálogo y coordinación. No fue un camino sencillo: las diferencias sociales y culturales, la falta de información precisa en la región y las asimetrías económicas con el resto del país configuran un escenario complejo.

Sin dudas, la génesis del conflicto en la zona tiene que ver con el desarrollo mismo de la Argentina: existe una superposición territorial entre pueblos originarios y criollos en un área ya de por sí difícil de habitar. Esto representó un desafío para ambos lados: ocupar un mismo territorio, con sus dificultades y riquezas, desde una cosmovisión y un uso de la tierra completamente distintos.

En diálogo con Tercer Sector, Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de Fundapaz, precisó que “en el caso de las comunidades indígenas, que están perfectamente reconocidas, la Constitución les da el derecho de preexistencia, pero deben definir la superficie a habitar. En tanto, en el caso de los campesinos, rige el Código Civil: deben demostrar para obtener el derecho posesorio. Hay muchos derechos constitucionales que se cruzan”. Esta organización civil trabaja desde 1973 por el desarrollo rural sustentable en la zona.

Uno de sus grandes hitos es el mapeo participativo, una herramienta que se aplica en áreas en las que no hay mapas. Las comunidades son las encargadas de reconocer su territorio, marcar sus características y reflejarlo en mapas que tienden puentes. Muestran las problemáticas comunes y permiten el corrimiento de posiciones particulares, lo que favorece el diálogo para alcanzar soluciones acordadas y definitivas.

“Siempre trabajamos con abogados, ONG e iglesias. Tratamos de buscar estrategias, técnicas de negociación, fortalecer organizaciones, generar capacidades y conocimiento en el tema legal, porque es difícil defender un derecho que no se conoce”, explicó Seghezzo.

Hacerse ver y oír

Por su parte, Ana Álvarez, ingeniera agrónoma y coordinadora de la ONG Asociana –una de las entidades que acompañan hace años a las comunidades–, destacó que, entre los logros de los últimos tiempos, se destaca “visibilizar la realidad que estaban viviendo muchas comunidades en la zona del Chaco salteño, donde avanzaban los desmontes, y la posibilidad de que dieran a conocer su propia voz ante los medios y consiguieran, así, otros aliados”.

El reflejo de esta problemática en medios y trabajos académicos permitió el avance de “de demandas judiciales, políticas e involucramiento de organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otras instituciones”, agregó.

Seghezzo consideró que el paso siguiente al reconocimiento de los derechos sobre los territorios es afianzar el uso de los recursos. “El título no resuelve la pobreza y el hambre. El 90 por ciento del Chaco salteño no tiene acceso al agua potable”, remarcó.

En esta línea, precisó que hay que trabajar “con dos realidades muy distintas. Los wichis tienen una visión más cazadora-recolectora; con ellos se puede trabajar en procesos de mediano y largo plazos. Los criollos, en cambio, tienen una visión más económica de la tierra; en el 80 por ciento de los casos son ganaderos. Hay que trabajar en un programa de reconversión, ya que el sistema de producción que generó no tener título de propiedad provocó que sea de muy baja productividad, hay que reconstruirlo. Es imperioso trabajar en estas cuestiones”.

Álvarez manifestó que “para los próximos años, el gran desafío es buscar formas de acompañar a las comunidades en los cambios a los que están obligados por la reducción de sus áreas de ocupación. La mayor parte habita, ancestralmente, en tierras que han sido entregadas o vendidas a terceros, dejándolas en situación totalmente vulnerable. Han tenido que cambiar su sistema de vida, su alimentación y su economía familiar”.

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