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Jun 01 2018

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Unidad Ciudadana: “La empresa que pretende el Elevador de Barranqueras tiene domicilio en Bahamas”

Fuente: Chaco Día por Día

“Desde Unidad Ciudadana advertimos que el gobernador Domingo Peppo avanza en la cesión de los derechos de uso comercial que tiene la provincia – privatización sin Licitación Pública – sobre la infraestructura portuaria de la llamada ex Junta Nacional de Granos, ubicada en el Puerto de Barranqueras”, denunció públicamente la agrupación política.

Elevador de la ex Junta Nacional de Granos en el Puerto de Barranqueras.

“Con el dictado del decreto provincial N°926 del 14 de mayo de este año, que crea una “Comisión Especial” para el tratamiento de la iniciativa privada presentada por la empresa Ultrapetrol SA, de capitales paraguayos y con domicilio en Bahamas, comisión que deberá tratar la eventual concesión de la infraestructura y servicios del elevador, acopio y embarque de la Ex Junta, según establece la citada norma.

En octubre del año pasado, adelantábamos desde Unidad Ciudadana esta situación, y a través de dos iniciativas legislativas de autoría del diputado Daniel Trabalón, proponíamos que se convoque a “audiencia pública” para informar acerca del anunció que se realizó y garantizar el acceso a la información al pueblo; además de un pedido de informe para que el gobierno provincial publique la información y documentación que permita conocer el destino del patrimonio de los chaqueños.

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Nuevamente el gobernador avanza con esta iniciativa que, según sus comunicados de prensa, busca lograr inversiones privadas en el puerto y mejorar las condiciones del riacho, algo que a primera vista parece muy bueno, pero cuando observamos que se van a conceder directamente derechos de uso sobre la infraestructura de la ex Junta Nacional de Granos ubicada en el Puerto de Barranqueras, nos alerta sobre una posible transferencia de patrimonio público hacia negocios privados.

Desde el año 2010 y por un período de veinte años, el gobierno nacional cedió estos silos, elevadores, cargadores de cereales, y resto de infraestructura a la provincia, quien pasó a subrogarlo, según el decreto nacional Nº 957/10, en los derechos y obligaciones sobre estas instalaciones que hasta hoy está siendo operadas por la empresa pública provincial Colono SA.

Esta empresa pública fue creada al efecto en la gestión Capitanich y logró después de varios años, llegar a operar su máxima capacidad y obtener resultado económico positivo, el que le permite invertir y ser autosustentable. Además, su actividad hace un aporte económico y social a la generación de empleo, ocupación de transporte local y da servicios en condiciones de igualdad para los productores y las multinacionales que operan en la provincia.

El decreto nacional que otorga a la provincia los derechos de uso y explotación, también ordena que deberá ejercerlos en el marco de la ley nacional Nº24.093, la que establece, para el caso de que la administración y explotación sea a través de la concesión a persona jurídica privada, que la misma debe hacerse mediante el procedimiento de licitación pública. Exigencia que no se observa dar cumplimiento si tenemos en cuenta los pasos y declaraciones públicas del gobernador sobre este tema.

En cuanto a la propuesta de inversión que se comunica, la que podríamos sintetizar en una inversión de U$D 40 millones de dólares que llevaría a 1 millón de toneladas embarcadas la capacidad de la actual planta, la que hoy alcanza a las 250 mil toneladas, trabajando al 90% de la capacidad.

Esta situación nos genera importantes dudas de ¿cómo se alcanzará a cuadruplicar la capacidad de transporte sin nueva infraestructura?, interrogante que no podemos analizar ante el hermetismo y falta de transparencia en el abordaje que hace el gobierno, donde si analizamos lo dicho en octubre del año pasado, el objetivo era alcanzar las 2 millones de toneladas y otros aspectos que hoy están ausentes, inferimos en que hay un alto grado de improvisación.

El gobierno de la provincia está siendo investigado por la justicia federal y provincial, hay funcionarios procesados y presos, surgen nuevas denuncias permanentemente y estimamos una falta de credibilidad de la opinión pública, por lo que solicitamos al gobernador Peppo que convoque a una audiencia pública para informar sobre la iniciativa, que desarrolle un proyecto de fortalecimiento desde el Estado y que luego de decidir avanzar con los privados, llame a la licitación correspondiente.

Para ello se requiere no avanzar en un proyecto a medida de una empresa que ya monopoliza el transporte fluvial y que seguramente persigue solamente fines económicos, por lo que no buscará atender la demanda de servicios de los sectores productivos de la provincia”.

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