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Abr 30 2018

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Lavado I: forcejeo por competencias y el riesgo de frenar investigaciones

Fuente: Diario Norte

 

Poco se duda en que el juez de Garantías Nº 2, Héctor Sandoval, ratificará el pronunciamiento del equipo especial provincial de fiscales y al no declinar su competencia en una intervención vertiginosa que detuvo a Horacio Rey, Roberto Lugo y los hermanos Fernández, a pesar del requerimiento de la justicia federal para que se aparte, después de un compromiso de mutua colaboración en la causa popularizada como “Lavado I” y de una reunión en los albores de los topetazos a la línea de flotación política chaqueña, realizada entre el procurador general Canteros, la jueza Niremperger y el fiscal Sabadini.

Si esto ocurre, tal vez podría obturarse uno de los aspectos más llamativos de las imputaciones que recaen sobre exfuncionarios provinciales muy cercanos a la gobernación de Peppo, quien recurrió a la designación del penalista Marcos Molero para que actúe como querellante, en tanto se reforzaba su equipo de abogados con la coordinación de Jorge Alcántara (después de abandonar la defensa de Jacinto Sampayo) y se contrataba a una especialista como Valeria Corbacho, de conocida actuación nacional.

En este caso, las expectativas y el suspenso están abiertos sobre el requerimiento que el fiscal Sabadini prometió formular antes de que culmine la próxima semana respecto de la aplicación de fondos en obras de viviendas, para lo cual se llevó documentación de la sede del organismo provincial y si alcanzara a Oscar D. Peppo por su paso por la presidencia, aun cuando la jueza Niremperger -que no ha recibido presiones desde el nivel nacional- no se expida con tanta contundencia como en el caso de la exintendente Aída Ayala (cuyo desafuero tendrá una espera de 60 días en el Congreso Nacional) el impacto político e institucional sería extremadamente fuerte para esta provincia y la estabilidad de su administración.

Vaticinio de velocidad

El presidente del Superior Tribunal, Rolando Toledo, vaticinó que antes de fin de año los imputados con prisión preventiva serían llevados a juicio y esto supone que no habrá un pantano en la Corte para disputar la competencia. Sorprende tanta confianza en un proceso donde actúa un nutrido equipo de abogados defensores y cuando esa intervención contrarreloj en su momento privó al fuero federal seguir acumulando pruebas al interrumpir las escuchas telefónicas.

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Pero si se revisan antecedentes, nadie olvida que la justicia penal chaqueña jamás resolvió los crímenes de Amanda Encaje y el ingeniero Néstor Vivo; el apuñalamiento en plena peatonal del periodista de NORTE, Fabricio Glibota; el tiroteo en la Legislatura; el sonado caso de Maira Benítez y el juicio por el episodio de la ruta 11 donde falleció la señora Blanca Meucci. Es más, integra el equipo de fiscales elogiado por Toledo, la doctora Graciela Griffith Barreto, que tuvo un año en sus manos la denuncia sobre la empresa Pimp y dispuso su archivo, en tanto un nuevo documento del CENTRO MANDELA dice que su nombramiento como titular de la Cámara de Apelaciones fue irregular porque ese cargo no está contemplado desde que se derogó el artículo 458 del Código de Procedimiento a través de la ley 7.143. La denuncia habla de una actuación ilegítima, pasible de nulidad absoluta, en tanto después de tres años -con otro ritmo de “Lavado I”- se inició un nuevo expediente para establecer responsabilidades del veterano tesorero general de la provincia, Carlos Olivera, tras la denuncia de la directora de Movimientos de Fondos y Cuentas, Nancy Junco, quien cargó después con una denuncia penal, considerada “robo hormiga” por un monto irrisorio que no reflejaba la realidad del movimiento de fondos por el sistema Interbanking.

“Si van a ser realmente rápidos y efectivos, que sigan ellos” opinó una alta fuente del fuero federal ante la consulta, no exenta de la suspicacia que todavía flota en el ambiente judicial sobre aquel despliegue y, como es obvio, se seguirá muy atentamente su desenlace.

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