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Abr 23 2018

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La demorada confesión de Capitanich sobre la basura naranja de PIMP

Fuente: Chaco Hoy

El intendente Jorge Capitanich quedó expuesto esta semana luego de que los concejales de Cambiemos certificaran con escribano público que la Municipalidad de Resistencia no había renegociado el contrato con 22042018083906.jpg-731xPIMP. Pero no sólo no había renegociado sino que ni lo hizo con ninguno de los contratos que heredó de la gestión de Aída Ayala. Con los socios de prácticamente todas las prestadoras de servicios, presos o investigados, parece difícil que pueda hacerlo en el futuro, en el plazo que él mismo contó que fenece este año.

Admitió ahora el intendente que en realidad lo que existe no es una renegociación sino una idea de hacerlo, bajo el amparo de emergencia de dos años dictada por el Concejo Municipal, y que en ese marco, todavía tiene tiempo.

No sólo eso, hizo un relato sobre la composición accionaria original de PIMP y sus modificaciones obviando puntillosamente mencionar nombres y dar datos sobre con quiénes mantuvo negociaciones de palabra para establecer “la ejecución inmediata de los efectos jurídicos” que presuntamente obliga a los empresarios investigados ante la Justicia por lavado de activos y otros delitos.

En su speech pro transparencia dijo que un “modelo de acta acuerdo fue girado al Tribunal de Cuentas que observó la incompatibilidad de la composición societaria y recomendaba avanzar en la modificación”. Está hablando de la composición societaria de la empresa PIMP que se encargaba de alquilar los camiones para la recolección de residuos, según Ayala, aunque luego Capitanich diría que la tarea era la recolección. ¿Será el cambio de esa función principalísima parte de la renegociación no firmada?

Si las publicaciones del Centro de Estudios Nelson Mandela en relación a esta empresa no le parecieron suficientes para generar sospecha allá por 2014/2015 como para investigar, cuanto menos con la decisión del Tribunal de Cuentas pasó por alto nuevas luces de alarma.

Fiel a su estilo, en 1201 palabras que tituló “La verdad sobre el contrato con PIMP” sólo una vez utilizó la palabra delito, al final cuando señala “La causa judicial no discute la renegociación del contrato sino la comisión de un delito en origen, o sea cuando Aída Ayala era Intendenta”.

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¿Es probable que el jefe comunal no comprenda la gravedad de la situación y la continuidad de sus efectos desde el momento en que Ayala dejó el Palacio comunal hasta estos días? La simplificación de los hechos en una extensa nota que tiene la petulante pretensión de contar “la verdad”, no puede ser abordada con el escaso rigor con que se manifiesta el intendente.

El intendente Jorge Capitanich anunció en febrero de 2016 la renegociación del contrato entre el municipio y la empresa Pimp SA, “encargada de la recolección de residuos”, y remarcó una serie de ventajas para Resistencia entre las que se destaca un ahorro de casi $20 millones. Lo hizo junto a Carlos Huidobro y Ricardo Freschi.

Sentado en la mesa con dos representantes de PIMP ¿no le llamó la atención que al menos uno de ellos tenga una estrechísima relación con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, o a su vez con la empresa Tecmasa, proveedora de obras de construcción del municipio?

Como un déjà vu Huidobro y Freschi están detenidos ahora. Comparte la escena el funcionario Sebastián Agostini, denunciado junto al entonces ministro de Economía, Eduardo Aguilar, por Javier Gincoff en el caso del fondo fiduciario PROINTEX, causa archivada por la Justicia porque “el denunciante no estaba legitimado” y en su caso, porque debió ser el Fiscal de Estado el que debía denunciarlo y no lo hizo. Agostini ahora también está alcanzado en la investigación denominada “Lavado III” por el cual el fiscal Patricio Sabadini se hizo presente en el Instituto de Viviendas, con todas las formalidades de un allanamiento –incluso sin la presencia del presidente, Hugo Acevedo- pero que todos aclaran no fue un allanamiento.

Con la misma severidad con la que el intendente Capitanich afirma que “la verdad” es la que contó en su carta en las redes sociales, es posible decir que como jefe comunal estuvo al tanto de todo y jamás denunció el hecho. Hubo denuncias de particulares, la abogada Alicia Medina, hubo denuncias de diputados, la de Ricardo Sánchez, y hubo también denuncias que lo instaron a realizar denuncias penales, presentadas por un empleado municipal sumariado durante 14 años y al que se le decidió “no aplicar sanción correctiva” en marzo de este año. Pero no hubo denuncias penales ni pedidos de investigación a la Justicia cenicienta por parte del intendente.

Casi cuatro años después de iniciados los hechos, el intendente Capitanich revela que siempre supo todo lo que estaba pasando. Como la carta del vocal del Ipduv, Miko Nicolich de hace una semana. Este texto del jefe comunal debiera ser suficiente razón para ser citado ante el fiscal interviniente para el menos una declaración testimonial.

Tanto el gobernador Peppo como el intendente Capitanich se preocupan por aclarar que no fueron allanados, uno el Instituto de Viviendas y otro la Municipalidad. Son similares las manifestaciones de ambos en cuanto a la amplia disposición para colaborar. El primero lo hizo cuando cayeron su secretario con rango de ministro, Horacio Rey, su subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, incluso su secretaria privada, Susana Fernández (esposa de Rey), entre otros. El segundo lo hace cuando todos hablan de investigar la gestión de Ayala. La diputada nacional misma estuvo de acuerdo con el trabajo de la Justicia federal cuando pidió que Peppo “dé un paso al costado”. Pero tanto Peppo como Ayala plantean ahora la politización de las investigaciones judiciales. Ahora que los ojos de la Justicia se posaron sobre ellos.

Peppo ya nombró defensor –que todavía no intervino porque formalmente no está imputado de ningún delito-, si Capitanich tuviera que hacerlo, para comenzar no debería ser el mismo que sugirió los términos para la redacción del discurso donde cuenta “la verdad sobre PIMP”.

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