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Abr 18 2018

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Nueva función del sistema judicial chaqueño, en el podio de protectores de corruptos

Fuente: NOVA CHACO

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Más datos siguen surgiendo luego de las investigaciones de NOVA sobre las intervenciones de la justicia provincial, y una de ellas es la increíble capacidad que tienen algunos fiscales para archivar causas, recordemos que  los juicios por corrupción duran un promedio de 14 años y menos del uno por ciento termina en condenas, en la Argentina.

La causa PIMP S.A. que hasta el momento tiene 15 imputados, estaba archivada desde 2015, luego de una larga investigación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (uno de los organismos de control del Estado provincial) presentada en su momento por el diputado Ricardo Sánchez y archivada por la fiscal Graciela Grifith Barreto.
La gravedad de aquella denuncia fue creciendo hasta que el fiscal Federal Patricio Sabadini pidiera la detención de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y de Jacinto Sampayo, líder de los trabajadores municipales. Según la denuncia se articuló “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.

El jefe de los fiscales provinciales, procurador Jorge Canteros, dijo que “sabemos que hay una denuncia anterior presentada por el diputado Ricardo Sánchez y lo estamos analizando” pero no explicó por qué esa causa fue archivada.

Se sospecha de ciertos causas se archivaban canjeando por cargos en la escala judicial, por ejemplo eso se dice de Grifith Barreto hoy fiscal de Cámara.

También fue la misma fiscal quien archivó la causa contra el intendente de La Leonesa José Carbajal, sugestivamente, las causas judiciales “partidarias” del PJ y la UCR llegaban a sus manos y “milagrosamente” se archivaban.

Esa impunidad que ostentaban los poderosos corruptos hacía de paraguas protector ante hechos delictivos, sobre todo en la faz administrativa de la provincia.

El modus operandi tenía por leitmotiv  algo así como “saqueen tranquilos, si hay denuncias en su contra la archivamos, a cambio de un ascenso y listo”.Pero, la dupla Niremperger-Sabadini no estaba prevista en el tratado, ni aperce en la letra chica. La onda era que no se investigue, o se investigue, se archive y plin caja.

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También es notorio que para la historia de judicial, en los años que tiene la provincia del Chaco, institucional y jurídicamente hablando, tuvo a los actos de corrupción bien ocultos, no hay procesados o juzgados por ese tipo de causas. ¿Puede existir asociación ilícita también en la justicia provincial?

NOVA pudo comprobar que la conductora de la investigación contra los ex funcionarios provinciales Rey, Lugo y los hermanos Ismael y Susana Fernández, la fiscal de Cámara, Graciela Griffith Barreto, mintió en una conferencia de prensa sobre su actuación en una causa iniciada en 2009 contra el actual intendente de La Leonesa, José Carbajal y su esposa, Elda Insaurralde, diputada provincial mandato cumplido.

En efecto, la fiscal el pasado viernes 16 de marzo fue parte de la conferencia de prensa encabezada por el procurador general Jorge Canteros, el adjunto Miguel Fonteina y los fiscales Lucio Otero y Villalba donde informaron sobre su rápida y sospechada intervención al ordenar la detención de los mencionados ex funcionarios en menos de tres días.

La fiscal provincial Griffith Barreto, ante la consulta del porqué de la urgencia de ordenar la detención de los imputados en tan poco tiempo, cuando ella misma tiene una causa donde desde el año 2009 son investigados por enriquecimiento ilícito el actual intendente de la leonesa José Carbajal y su esposa Elda Insaurralde respondió “A esa causa la tengo hace un mes”. Cuando en realidad está en sus manos desde el mes de julio de 2017.

A todo es esto y a modo de corolario, la actuación del Procurador Jorge Canteros es al menos, deficiente, propia de un aplazo en términos de notas de escuela secundaria. Nos preguntamos si ya que el poder político chaqueño no tiene las manos limpias para destituirlos mediante un jury, estos sospechados fiscales o al menos ineptos para ocupar ese cargo podrían tener la decencia de renunciar, empezando por Griffith Barreto y Canteros.

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