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Abr 16 2018

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Recalculando

Fuente: Diario Norte
Por Sergio Schneider

Desde el 9 de marzo, los actores del escenario político chaqueño no hacen otra cosa que chequear información y recalcular. Aquel día se hizo público que el fiscal federal Patricio Sabadini tenía bajo investigación a funcionarios provinciales y personas de sus entornos, todos sospechados de haber perpetrado un paquete -tamaño pack familiar- de delitos: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública, malversación de caudales, asociación ilícita, y otras figuras conexas.

El impacto fue inmediato, principalmente porque la novedad se llevó puesta a la mAída-Ayala-y-Domingo-Peppo-2ano derecha del gobernador Domingo Peppo, su secretario general Horacio Rey, hasta allí el hombre fuerte de la gestión. Sabadini también puso en la mira a Roberto Lugo (titular de una subsecretaría en el Ministerio de Desarrollo Social), a Susana Fernández (esposa de Rey) y a Ismael Fernández (hermano de la anterior).

Días después, la Justicia provincial (“despertando de una larga siesta”, como definió la semana pasada el abogado Rolando Núñez, del Centro de Estudios Nelson Mandela) encarceló a los cuatro. Se instalaba así para los chaqueños un espectáculo absolutamente inédito en nuestra historia: allanamientos y otros procedimientos difundidos casi a diario para avanzar en la investigación sobre la conducta de personajes públicos y otros no tanto, todos vinculados con un poder político en ejercicio.

A lo sumo, alguna vez, habíamos visto a cuatro o cinco exfuncionarios con condenas en suspenso al cabo de procesos lentísimos que hacían caer sobre los imputados la espada judicial cuando ya eran leña de árboles caídos. Lo de ahora es distinto. Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger se convirtieron por eso, sobre el final del verano y aun sin saber en qué terminarán sus faenas, en los personajes del año.

UN SISMO TRAS OTRO

Como en todo terremoto, no faltaron las réplicas. El 20 de marzo llegaron las detenciones -por orden federal- de Jacinto Sampayo, de su hijo Facundo y de personas vinculadas con ellos en negocios con la Municipalidad de Resistencia que arrancaron en los tiempos de Aída Ayala y que no acabaron -pese a las promesas del peronismo- en la era Capitanich.

De hecho, la constructora Tecmasa, sospechada de ser propiedad de Sampayo a través de la figura de Carlos Huidobro, prosiguió obteniendo contratos de obra pública en la capital luego de diciembre de 2015. El jueves pasado volvieron a temblar paredes y pisos, con la decisión de Sabadini- Niremperger de pedir la detención de Ayala, noticia que rápidamente recorrió los medios del país por la condición de diputada nacional de la referente de Cambiemos. Aída, de quien se decía que llegaría al día siguiente a Resistencia para presentarse espontáneamente ante el tribunal y brindar una conferencia de prensa, no hizo ninguna de ambas cosas.

Sólo se habría comunicado telefónicamente con la jueza Niremperger (que le dijo que debía notificarse con un abogado de la investigación) y difundió un comunicado. Allí argumentó que si no acudió a la sede judicial fue “con el afán de no realizar ningún acto que se entienda como entorpecimiento a la actividad investigativa. Entiendo que no corresponde realizar ningún tipo de presentación en la sede judicial de Resistencia, ya que el Congreso de la Nación deberá ser el que resuelva la cuestión. Es en ese ámbito donde primeramente realizaré todas las acciones que sean necesarias para avanzar en la búsqueda de la verdad”, planteó.

¿Qué harán los diputados nacionales cuando llegue el pedido de desafuero? No se sabe. Hay quienes descuentan que Cambiemos cerrará filas y protegerá a su integrante. Otros, en cambio, todavía ven posible que el macrismo admita el requerimiento judicial para no pagar el costo de volver a contradecir su discurso anticorrupción. Quienes abonan esta hipótesis, dicen que a lo sumo el oficialismo buscará que la entrega de Ayala a los tribunales sea vista por la opinión pública como un acto voluntario y no como un triunfo de la oposición.

EN LO ALTO

La situación de Ayala hubiese alegrado al peronismo local y sus aliados de no haber ocurrido que casi al mismo tiempo Sabadini reveló que trabaja en una tercera investigación que podría involucrar al mismísimo Peppo por su gestión como presidente del Instituto de Vivienda cuando gobernaba Capitanich.

El fiscal explicó que el caso se basa en determinar si se cometieron fraudes con fondos nacionales que llegaban destinados a la construcción de casas para familias indígenas a través de cooperativas. Según la denuncia que originó la pesquisa, algunas de esas entidades recibieron los recursos pero no concretaron las obras.

En el período bajo revisión (2011 a 2016), además de Peppo condujeron el Ipduv otras tres personas: José V. Benítez, Sebastián Agostini y Hugo Acevedo (aún en el cargo). El gobernador reaccionó diciendo que mantendrá su criterio de “dejar que la Justicia investigue” pero no se guardó la incomodidad que le causó el anticipo del fiscal federal.

“Parece encapsulada (la investigación) para el gobernador o para un presidente del Instituto de Vivienda, y eso me parece llamativo”, deslizó. Sabadini, consciente de las especulaciones que circulan sobre su labor de las últimas semanas, dijo el lunes por radio: “No deja de llamarme la atención las teorías detrás de estas dos causas. Van desde la idea de que esto es para sacar de la cancha a un sector político y beneficiar a otro. No dejan de sorprenderme las teorías conspirativas”, marcó.

Cerca del fiscal aseguran que en los próximos días volverán las noticias de alto impacto. No dicen si se refieren a este caso, a alguno de los anteriores o a uno nuevo. ¿Otra réplica o un temblor aparte?

HAY 2019

El desenlace de las acciones judiciales es incierto. En las calles, en las redes, generaron hasta aquí una mezcla de entusiasmo y escepticismo, ambos entendibles. Pero independientemente de la suerte de cada proceso, el solo hecho de que estas investigaciones se hayan abierto dejará secuelas políticas importantes.

Hasta antes del 9 de marzo, las posibilidades de que Peppo pueda buscar su reelección dependían básicamente de que la economía nacional le permita llegar al año próximo con las finanzas públicas y el clima social medianamente bajo control. Ahora debe sumar que los daños directos y colaterales de las actuaciones judiciales sean mínimos, tanto en términos jurídicos como de opinión pública.

En lo político, el congreso justicialista de ayer le mostró respaldo. Ayala, que desde hace tiempo se imagina reeditando el duelo de 2015 con Peppo pero con un resultado distinto, ahora quedó con un pie afuera de la cancha. Y si se mira alrededor de uno y otra, no se ve demasiado en materia de figuras alternativas.

Por el lado del Frente Chaco Merece Más, Capitanich comprobó en 2017 que en caso de volver a buscar la gobernación tendrá que reinventarse o apostar todo al caudal de apoyo en el interior. El FCHMM perdió en Resistencia las cuatro elecciones del año pasado, y Sáenz Peña se confirmó como un fortísimo bastión radical.

Además, hay causas judiciales abiertas en la justicia federal porteña que podrían sumarle una complicación más (fue también en marzo que llegó la noticia desde la Capital Federal del procesamiento de su ministro de Infraestructura, Omar Judis, por manejos con fondos públicos).

En la vereda de Cambiemos tampoco sobran las opciones. Ángel Rozas podría tentarse con un tercer mandato, pero debería lograr que el electorado le quite el veto que le dictó en 2007, cuando le negó el regreso al poder. Todos preguntan las novedades. Los mensajes van y vienen en sus teléfonos. Se ven obligados a recalcular una y otra vez. En el Chaco, el secreto de Argentina.s

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