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May 20 2012

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Que el árbol no nos tape la motosierra

 

Sergio Schneider

Que el árbol no nos tape la motosierra

 

Domingo, 20 de Mayo de 2012 – Publicado en la Edición Impresa

 

El martes por la mañana debería producirse una audiencia muy singular en la sede del Juzgado Civil 6 de Resistencia. Para ese día, a las 9.30, fueron citados por la jueza Iride Isabel Grillo nada menos que el gobernador Jorge Capitanich; otros funcionarios provinciales; dirigentes de asociaciones comunitarias de El Impenetrable; y representantes de la organización internacional ecologista Greenpeace.

La convocatoria guarda relación con el monitoreo que la jueza Grillo realiza sobre el grado de cumplimiento que va teniendo la resolución judicial por la cual se prohibió la continuidad de explotaciones forestales en territorios del oeste provincial que son de propiedad comunitaria indígena.

El expediente respectivo había sido iniciado en 2004 y el caso no registraba novedades, pero las recientes denuncias de Greenpeace -y del Centro de Estudios Nelson Mandela, que también participaría de la audiencia de pasado mañana con su coordinador, Rolando Núñez-, sobre talados ilegales en la región más fascinante y desconocida del Chaco, hicieron que Grillo decidiera revisar la situación.

El trámite no es más que lo que puede leerse, y es probable que el gobernador delegue su representación en algún integrante de su gabinete, pero la cita en el despacho de una de las juezas más respetadas de la estructura judicial provincial contiene valores y simbologías que van más allá de los papeles y los protocolos.

Es, por ejemplo, una de las pocas veces que los desmontes quedan en posición de tener que ser explicados por las autoridades de turno. Eso, en una provincia que lleva a la depredación forestal histórica como uno de los signos distintivos de su extraña pobreza enriquecedora, es mucho.

Los invasores imperiales

 La intervención judicial aparece en un contexto también novedoso. Es difícil hallar en la memoria otro momento en el que el avance extractivo sobre el monte chaqueño haya sido puesto de un modo tan candente como tema de debate. Lo cual no quiere decir que lo de ahora sea extraordinario en términos absolutos. Lo es apenas en comparación a los largos silencios que siempre -salvo breves interrupciones- cubrió al asunto en esta provincia.

Como también ocurrió años en la década pasada con las obscenas muertes de aborígenes por hambre y desatención sanitaria o con el escándalo de los negociados con tierras fiscales (hechos de los años radicales que tuvieron mucho que ver con el veto ciudadano a la continuidad de la Alianza en el poder), ahora la paulatina destrucción del monte también sale de la oscuridad no por factores internos sino por repercusiones externas.

Ni los reclamos y denuncias de las ONG’s locales ni el drama de las comunidades afectadas lograron el impacto del operativo de Greenpeace, que con sus “jaguares” bloqueó el trabajo de una topadora cerca de Miraflores y en pocas horas logró que cientos de medios reprodujeran las imágenes de la movida. Las quejas y condenas posteriores, por parte de funcionarios y empresarios, sólo amplificaron la presencia del tema en la vidriera pública.

Pero además, esas reacciones fueron nuevos pasos en falso. “¿Qué creen estos de Puerto Madero? ¿Que nos van a venir a manejar a nosotros, al Chaco? No muchachos, cuidado, están muy equivocados, porque los productores se van a empezar a armar. Y si yo estoy en regla y vos vas a entrar a mi campo, no te voy a dejar entrar”, declaró Noé Khon en Sáenz Peña, antes de pedirle al gobierno que frene a Greenpeace porque de lo contrario “el productor va a tomar medidas por sus propias manos, y después vamos a lamentarnos”.

No mucho más hábil estuvo Miguel López, el titular de la Dirección de Bosques, habitual blanco de las denuncias del Centro Mandela (entidad a la que el funcionario le dirigió una carta documento por ellas). En un escrito redactado tras la audiencia que Capitanich le concedió a Greenpeace por las denuncias de la organización verde, López también buscó solidaridad chauvinista: “Greenpeace, mirando desde sus oficinas en Puerto Madero, cumple mandatos imperialistas (como intentaron en 1806)”, dijo, en una poco feliz comparación entre el operativo de los militantes verdes y las invasiones inglesas del siglo XIX.

“Pero acá encuentra una provincia que ha dejado de ser Territorio Nacional y decide sobre sus recursos naturales y no va a permitir que vengan extranjeros, ni de otras provincias siquiera, a decirnos lo que tenemos que hacer”, agregó López.

Entre varias cosas curiosas del episodio, conviene hacer notar una: una parte importante de los desmontes recientes van dirigidos a profundizar el proceso de sojización del Chaco. La soja en la provincia mueve cada año en la provincia cientos de millones de dólares. Se estima que un 70% de la producción está en manos de inversores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y -en menor medida- otros distritos. Una “invasión” que, sin embargo, no molesta.

Contexto incómodo

 Es cierto que el estilo espectacular de Greenpeace es polémico y que hasta para los ambientalistas locales es difícil a veces la relación con la organización ecologista más conocida del planeta. Pero su aparición en escena sacudió un tablero repleto de intereses cruzados. En una sociedad normal, eso debería servir para algún cambio positivo. En el Chaco, imposible saberlo.

El interrogante principal es qué hará Capitanich. Hay incluso una duda anterior a ésa: si Capitanich hará algo. Para algunos, dio una señal al recibir a los representantes de Greenpeace, al resolver la suspensión por 60 días de nuevas autorizaciones para explotaciones silvopastoriles (las que defienden López y Miguel Brunswig, el subsecretario de Recursos Naturales) y al no reunirse con productores forestales, entidades profesionales y legisladores que son partidarios de proteger sólo a sus árboles genealógicos.

Lo del gobernador podría haber sido también un gesto para ganar tiempo y calmar las aguas. Podría pensar que lo que menos necesita ahora es que se le abra otro frente conflictivo -con riesgosa exposición nacional- cuando tiene por delante un horizonte financiero que cruje cada vez más fuerte.

Además, el negocio de la madera nunca fue apolítico. Los caudillos políticos locales habitualmente estuvieron detrás, cuando no delante. Es el modo de obtener protección cuando las explotaciones son clandestinas o tramposamente legales. Por si faltara algo, el lío se instala justo cuando hay una fuerte arremetida de Gustavo Martínez por controlar el Instituto de Colonización, desde donde Raúl John Paris viene quejándose de la falta de apoyo para relevar tierras públicas.

En todo caso, se podrá tener una visión más clara sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo luego de la audiencia del martes en el Juzgado Civil 6, y sobre todo después de ver si Capitanich asiste o no, y en caso de que no lo haga en quién delega su representación.

Caso por caso

 Algo que podría resultar de la diligencia judicial es que se acuerde un relevamiento concreto y puntual de los desmontes denunciados. Algo que Brunswig le reprochó a Greenpeace es que sus fotos sobre supuestas explotaciones forestales ilegales no permiten saber exactamente de qué lugares se trata, como para permitir una constatación.

El Centro Mandela, que vino difundiendo una serie de documentos con datos más específicos y referencias geográficas, parece estar en condiciones de despejar ambigüedades. ¿Se podrá, entonces, encarar una gira esclarecedora que permite marcar una línea divisoria entre los que dicen la verdad y los que mienten?

Esteban Branco Capitanich, gerente de Colonización, publicó en su blog un texto sobre lo sucedido. “Lamentablemente le apuntamos a Greenpeace un logro, entregando, aunque más no sea por un rato, una bandera que es bien peronista y nuestra: el liderazgo en la defensa de nuestros recursos”, se quejó.

“También ha quedado expuesta -agrega- la organizada catarata de descalificaciones hacia la transnacional tanto de funcionarios del área como de productores y profesionales vinculados a la explotación forestal y sojera, que poco menos que colocaba a los ‘Jaguares’ en un lugar más dañoso que los que históricamente nos han depredado y expoliado. (…) De modo que de nada sirve seguir cargando las tintas adjudicando a otros fundamentalismo y mercantilismo, mientras los hechos nos desnudan”.

Luego sigue: “Escuchamos desde los despachos oficiales decir que ‘ese desmonte es legal porque tiene permiso’. El permiso no es garantía de legalidad. Gran parte del Chaco ha sido enajenado en sus tierras y sus bosques con apariencia de legalidad, con títulos y permisos durante el rozismo. Pero no somos el rozismo, y las leyes no están para que ‘les busquemos la vuelta’ como para violarlas y hacer parecer que las estamos cumpliendo”.

Lo dice -vale la pena reiterarlo- un funcionario que integra la gestión actual.

Un siglo atrás, el 84% del territorio del Chaco estaba cubierto de montes. Es decir, había unas 8,4 millones de hectáreas de bosques. Según el gobierno, quedaban en 2011 casi 5 millones. Organizaciones ambientalistas creen que, como mucho, sobreviven 3,6 millones de hectáreas.

En esa transformación hay de todo: recursos que ingresaron a la economía regional y empujaron el desarrollo, generación de empleo, la posibilidad de un salto industrial sectorial. También depredación incontrolada, seres humanos que vieron desaparecer lo que era su hábitat, desertización.

Demasiadas cosas y demasiadas vidas como para cambiar de canal.

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