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May 18 2012

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El norte, señalado como centro neurálgico de la tala ilegal en el país

El norte, señalado como centro neurálgico de la tala ilegal en el país

Buenos Aires, 18 de mayo de 2012 (RENA). Una polémica que adquirió ribetes judiciales se desató en el Chaco por la política oficial en material de protección de sus bosques nativos. El Centro de Estudios Nelson Mandela denunció a RENA “la engañosa aplicación del programa de cambio de uso de suelo” que permite que “se habiliten diariamente suelos que tradicionalmente no fueron aptos para la agricultura”. El gobierno anunció que demandará a la ONG. Ya hubo graves acusaciones de Greenpeace que derivaron en una suspensión por 60 días de los permisos para desmontar.

La semana última, 40 organizaciones ambientalistas, campesinas, sociales y diez científicos denunciaron la tala encubierta en zonas donde por ley no debería realizarse, por efecto del avance de la frontera ganadera en el norte y noreste argentino. Así lo expresaron en un documento elaborado en el segundo Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, que se realizó en Santiago del Estero, informó la agencia ANSA.

La Ley de Bosques Nativos, que implicó un ordenamiento en todos los distritos del país, estableció zonas de protección. Mientras que en los sectores “rojos” no se puede tocar un árbol, en los “amarillos” se pueden realizar actividades sustentables. La ley prevé también una zona “verde” en la que se puede hacer desmonte.

“Exasperante ambientalismo declarativo”

El Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela criticó lo que llamó “el exasperante ambientalismo declarativo” del gobierno chaqueño. Y difundió testimonios fotográficos de la destrucción de los bosques nativos (como el que ilustra esta nota).

Se trata, según la ONG, de un “mega desmonte”, investigado y cubierto junto con el periodista alemán Julio Segador, corresponsal en América Latina de la Radio Estatal Alemana, y el representante de una organización que llevará el caso a Río + 20 “para plantear la devastación de los Recursos Naturales en Chaco y la extrema degradación ambiental”.

“Por la engañosa aplicación del programa de cambio de uso de suelo que impulsa el Ministerio de la Producción del gobierno chaqueño se habilitan diariamente suelos que tradicionalmente no fueron aptos para la agricultura. Esta vez se trata de suelos arenosos y limosos, Clases V y VI, del Departamento Brown, donde intensamente se viene desmontando para hacer chacras y ampliar la frontera agropecuaria”, detalló el Centro.

“El caso concreto es un gran desmonte que supera 1.500 hectáreas, precedido de una autorización silvopastoril, ejecutados bajo la responsabilidad de profesionales estrechamente vinculados. El desmonte se autorizó en Zona Amarilla, por lo que nuevamente se ha violado la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, posiblemente bajo los efectos de tráfico de influencia o directamente de la corrupción”, advirtió.

“El gobierno chaqueño se destaca por el desvergonzado ambientalismo declarativo de su propaganda, de sus ministerios, organismos y programas, finalmente vacíos y absolutamente ficticios en materia de promoción y protección del ambiente y de la biodiversidad”, sentenció.

Sequía provocada

De acuerdo con otro documento de la organización, en toda el área de influencia del corredor bioceánico, desde Avia Terai hasta Río Muerto, “han desmontado de manera intensiva en el curso de los últimos quince años, con especial entusiasmo en los siete años anteriores. La pampeanización llegó a grado extremo”.

“Presenciamos un sórdido manejo de los recursos naturales ante la avidez de los grandes productores de soja y de madera, asociado a la irresponsabilidad o conveniencia de los gobernantes por sus desaciertos o por los acuerdos que han logrado cuando manejan los nefastos conceptos modernos de desarrollo, sustentabilidad y sostenibilidad”.

“Se generó un problema mayúsculo que algunos sintetizan mencionando el cambio climático. En 1930, Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto formaban parte de El Impenetrable. El desmonte los excluyó de tal región y produjo algunas consecuencias fluctuantes y otras irreversibles. El déficit hídrico es mayúsculo en los últimos tiempos. La sequía hace estragos por la anarquía del sistema productivo aplicado en la zona, sin ningún tipo de control por parte del Estado”.

“La región perdió estabilidad, previsibilidad y certeza porque se van agotando las reservas geofísicas. Hace ocho años el promedio de lluvia anual fluctuaba en los 700 milímetros. Ahora apenas supera los 400, en periodos fluctuantes o cambiantes. Esta extraordinaria variación de lluvias es un signo muy claro de la creciente degradación ambiental a que está sometida la zona en manos de los productivistas, del consumismo y del derroche”.

Respuesta y demanda

Una nota del diario Norte refleja hoy viernes la reacción oficial a las acusaciones del Centro de Estudios chaqueño.

El director de Bosques, Miguel López, acusó los integrantes de la ONG de ser “un satélite de Greenpeace”. Dijo que como funcionario se va a constituir en querellante en su denuncia y que además los demandará.

“La zona verde es donde se permite hacer cambio de uso de suelo con restricciones ambientales y que tiene que ver con la Ley de Bosques”, aseveró el funcionario y dijo que Chaco es la única provincia del país que tiene en vigencia la Ley de Bosques vieja, que tiene restricciones sobre esa zona.

“En estos campos grandes, de un 40 a un 50 por ciento debe quedar como clausura o como reserva; es la única provincia que no permite que la zona verde sea desmontada totalmente”, dijo.

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos dividió al Chaco en 3 zonas. La “roja” es la de máxima conservación, donde no se puede tocar nada. Según el funcionario, sólo son unas 500 mil ha. La “amarilla”, de mediano grado de conservación, permite hacer algunas cosas; se trata de 3 millones y medio de hectáreas. La “verde”, dijo, es la que tiene los suelos adecuados para la expansión agrícola.

Para López, “cumpliendo con las leyes ambientales y cumpliendo con la Ley de Bosques se puede desmontar”.

El director de Bosques recordó que en las audiencias públicas se recibieron permisos de 5 a 2000 hectáreas. “Nosotros vamos controlando a medida que va avanzando el desmonte, si lo van haciendo bien o mal, cada 100 hectáreas van los técnicos a ver cómo fue, qué hicieron y si aprovecharon toda la madera o no y si hicieron un buen uso de suelo o no. No es que se hacen 2000 de golpe, no existe la capacidad instantánea de hacerlo”, sostuvo.

Sin permisos por 60 días

La semana pasada el gobierno chaqueño llegó a un acuerdo con Greenpeace, luego de que la organización ambientalista internacional desplegara todas sus fuerzas para denunciar la tala encubierta y el pisoteo a la ley de bosques.

En diálogo con la prensa, el ministro de Producción del Chaco, Enrique Orban, destacó el acuerdo que contemplará suspender por 60 días los permisos de aprovechamiento silvopastoril en El Impenetrable y un trabajo articulado junto al INTA para evaluar si los permisos otorgados en lo que va del año infringieron la ley de Bosques. No obstante, recalcó que la principal diferencia entre el gobierno y la ONG es la interpretación sobre la sustentabilidad de las prácticas silvopastoriles que combinan pasturas, forestación y ganado.

“Se ha ofrecido hacer un compás de espera, nosotros no emitiríamos ningún permiso más de silvopastoril por 60 días. En esos 60 días se haría un relevamiento de todos los permisos que se han autorizado este año”, informó Orban, en diálogo con Radio Ciudad. “Nosotros queremos mostrar algo que ellos niegan y que dicen que no funciona en la práctica como nosotros decimos, que son los casos de los silvopastoriles, que directamente es un desmonte encubierto en el Chaco y que el paso siguiente es el desmonte total”, amplió. “Esto no es así, no funciona así, queremos mostrarle más de 40 o 50 casos que tenemos en la provincia que gracias a Dios están funcionando muy bien y que nos permite posicionar lo nuestro de una manera distinta”, precisó.

“Ellos tienen una posición tomada con respecto a algunos trabajos que se hacen, sobre todo en el tema silvopastoril, en el cual no somos coincidentes con la apreciación que tiene Greenpeace sobre este tema”, insistió el funcionario provincial, y criticó a la ONG por “desmerecer” al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que considera sustentables las prácticas silvopastoriles donde conviven pasturas, árboles y ganado.

El ministro comparó que el Chaco autorizó esa práctica en 12 mil hectáreas de las zonas amarillas mientras que en la vecina Santiago del Estero la superficie asciende a las 400 mil hectáreas.

Orban admitió que Greenpeace aportó fotos y filmaciones de desmontes ilegales en la provincia, pero advirtió que esas prácticas no fueron autorizadas por la Dirección de Bosques.

“Hay fotos donde hay procedimientos en zona amarilla anteriores a esta gestión, otros que están ocurriendo en esta gestión y hay también algunos casos de ilícitos que nadie los autorizó y han desmontado”, reconoció. Y aclaró que “en ningún momento hemos negado que existen contravenciones permanentes en el tema de bosques y por supuesto que se están haciendo algunos trabajos que no están autorizados y que se está actuando con respecto a esto”.

“La ley de bosques es un formalismo”

“No advierto un cambio de actitud colectiva de los chaqueños por la intervención de Greenpeace. Los sectores afectados son muy críticos y descalificatorios. Los pocos grupos ambientalistas tienen ciertas esperanzas, pero no sacan la cabeza. Las prácticas de desmontes y de explotaciones forestales continúan persistentemente”, dijo el titular del Centro Mandela, Rolando Nuñez, a RENA.

“De cualquier modo, es posible esperar mejores actitudes en el mediano plazo producto de la intensidad de los desmontes y de las explotaciones forestales”, continuó.

“La Ley de Bosques es un formalismo. El nivel de daños al ecosistema no se puede medir con exactitud o con una aproximación aceptable. El inventario forestal 2011 brinda información inexacta, estimo que intencionalmente. Afirman que queda un saldo de monte nativo de 4,9 millones de hectáreas cuando al año 2010 realmente quedaban 3,6 millones de hectáreas, como máximo”, aseguró.

“La opinión pública urbana se muestra indiferente en el tema, salvo algunos grupos, sectores o personas que denuncian la depredación. En cuanto a la población rural muy escasa que queda, algunos están sometidos y otros reclaman pero sin organizarse”.

“El gobierno tiene un programa comunicacional muy fuerte y costoso, en cuyo marco difunde su postura pro-defensa del ambiente, de la biodiversidad, del suelo y de las actividades productivas sustentables. Está vestido de verde; sin embargo hacen todo lo contrario porque permiten, alientan o auspician las grandes inversiones, los desmontes y los aprovechamientos forestales para ampliar la frontera agrícola, ganadera y forestal”.

Para Nuñez, la reacción oficial a sus denuncias “recuerda las graves situaciones que tuvimos que atravesar durante la peor época del rozismo. Es evidente que el gobierno cerró filas con los intereses económicos concentrados que venimos denunciando porque son y serán devastadores del ecosistema”.

El directivo reveló que esta mañana recibieron una notificación para que intervengan en una audiencia que se llevará a cabo el martes 22 de mayo próximo en el Juzgado Civil Nº 6 a cargo de la doctora Grillo.

“La Juez citó a los máximos responsables del Gobierno actual. Esto es bastante inusual en el funcionamiento diario del Poder Judicial, por lo que merece ser destacado y reconocido porque entendemos que esta práctica posibilita la realización de un mejor servicio de justicia”, ponderó.

Problema de todo el norte

La semana última, 40 organizaciones ambientalistas, campesinas, sociales y diez científicos hicieron público su temor por la tala encubierta en zonas prohibidas por ley en un documento elaborado durante el segundo Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, que se llevó a cabo Santiago del Estero.

En el texto se pide a los gobernadores que frenen las actividades de sistemas silvopastoriles hasta analizar si realmente se practican de manera sustentable.

Lo que denuncian las organizaciones es que en Santiago del Estero y Chaco se utilizan los sistemas silvopastoriles para instalar ganadería e iniciar una tala que termina siendo completa, lo cual dista de una actividad sustentable. A estas situaciones se suma la provincia de Salta, donde ya hubo anuncios de que se comenzarán a dar permisos para las zonas amarillas.

(Juan Ignacio Manchiola)

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