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Nov 01 2016

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Fiduciaria del Norte: un raro barril que se llenó con fondos públicos que no se controlan

Es sumamente grave y preocupante el funcionamiento diario de la Fiduciaria del Norte S.A. en la administración de muchos millones que son de los chaqueños. Maneja un extraordinario volumen de dinero público sin que esté sujeto nota_0419f22f3547ad3bbeca399c52dd4fe7 a los controles que tradicionalmente se aplican sobre la administración pública, centralizada y descentralizada. La Contaduría General, que es el órgano de control interno del sector público y el Tribunal de Cuentas, a cuyo cargo está el control externo, salvo una insuficiente fiscalización  formal,  no actúan  en función de las pautas establecidas por la Ley 4787, que es la que organiza los mecanismos de control en materia de organización y funcionamiento de la administración financiera del sector estatal. La Fiduciaria actúa como una empresa netamente privada  cuando efectúa millonarias compras y contrataciones directas  con recursos públicos transferidos por el poder ejecutivo. Sintetiza el desguace del Estado y el avance del modelo liberal en el manejo de los fondos públicos.

 Mala fama e información errónea o falsa

 

Es conocida la mala fama de la Fiduciaria del Norte, especialmente entre los funcionarios y el personal de Contaduría General, de Tesorería, del Tribunal de Cuentas y de los restantes organismos donde se elaboran los presupuestos públicos y se controlan los gastos y los mecanismos de compras y de contrataciones con dineros públicos. Genéricamente así lo reconoció, el presidente, Sergio Slanac, quién recientemente se manifestó a través de los medios de comunicación informando, errónea o falsamente, sobre el sistema de control público en el manejo de los dineros de los chaqueños. Hizo referencia a múltiples controles externos de organismos provinciales y nacionales para supuestamente garantizar la eficacia y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos que son transferidos a la sociedad anónima que preside. Entre otros, citó al Tribunal de Cuentas, a la Contaduría General, el ministerio fiduciante que aporta los fondos al fideicomiso, a la Fiscalía de Estado, a la Asesoría General de Gobierno y a la Cámara de Diputados.

¿Cómo y para qué crearon la Fiduciaria?

 

A través de la Ley 5.005, sancionada el 12 de diciembre de 2001, se creó la sociedad comercial “Fiduciaria del Norte S.A.”, cuyo capital societario está integrado en un 99% por la Provincia del Chaco y un 1% por el sector privado,  que es insignificante y simbólico. Conforme  la ley de creación el aporte inicial estatal se inyectó  desde el Banco del Chaco SEM en liquidación, en el que se resumiera una buena  parte de los vaciamientos  que se planificaron y ejecutaron contra la banca oficial, que nunca fueron esclarecidos y que generaron enormes pérdidas en materia de recursos públicos y la concentración de fortunas  en contados grupos y personas  que  gozaron de impunidad hasta ahora.

Para lograr el objetivo buscado, el régimen de compras y contrataciones de la Fiduciaria del Norte escapa al régimen  previsto por la Ley 4787. Simplemente debe ajustarse  a lo que unilateralmente establezca  el Poder Ejecutivo para que se realicen estas operaciones y  a lo establecido en el Reglamento Interno de funcionamiento de cada fondo fiduciario, que debe ser aprobado por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía del Gobierno chaqueño. Así está expresamente previsto en la Ley 5005, especialmente en el artículo 3. El pretexto para suprimir los controles fue presentado como la voluntad de mejorar el sistema de compras y contrataciones del Estado.

 

Se comenzó a conocer cómo funciona esta sociedad anónima, que depende de las decisiones del gobernador de turno, con notas sobresalientes durante la doble gestión del ex gobernador Jorge Capitanich, y al que no escapa el actual jefe de gobierno. La ley que dio origen a la Fiduciaria fue sancionada durante la gestión del ex gobernador Rozas, aunque debe reconocerse que prácticamente no fue utilizada, tal como también ocurrió durante el mandato del ex gobernador Roy Nikisch. Pero cuando llegó Capitanich se produjo una explosión en la conformación de fondos fiduciarios conformados con dineros públicos y uno privado, para disimular. El proceso de desguace del Estado, desde el punto de vista administrativo y financiero, alcanzó su máximo furor en la época de Capitanich, y ahora no desacelera. Gran parte de los recursos del Estado pasan por administradores privados, al mejor estilo liberal.

Únicos controles

Los supuestos controles, que no son tales ni efectivos, están previstos en el artículo 6 del contrato societario aprobado por la Ley Nº 5.005, y se reducen a los fideicomisos  que administra. Respecto a estos,  la Fiduciaria debe rendir cuenta ante el Ministerio de Economía, que tampoco controla nada porque es el propio Poder Ejecutivo el que  establece el régimen de compras y de contrataciones que escapan a los controles previstos por la Ley 4787. Está demostrado que el autocontrol en el sector público es ineficiente o auspicia irregularidades, como el tráfico de influencias y el pago de sobornos, para lo cual el Estado compra o contrata con sobreprecios.

El Presidente  Slanac hasta mencionó un supuesto control anual de la Cámara de Diputados, cuando en realidad lo que envían son los balances. No se puede perder de vista que los balances en la Argentina son los instrumentos menos creíbles por sus contenidos dado que “se dibujan”. Y esto es comprensible apenas confrontemos los movimientos de las empresas privadas con la economía irregular que se multiplica  hasta suponerse que el 50% de los movimientos comerciales se ejecutan “en negro”. Es lógico, entonces, que los balances apenas reflejen la porción restante de las actividades empresarias. Además, se sabe que los diputados no examinan ni verifican absolutamente nada, tal cual ocurre con las cuentas generales de los ejercicios financieros. Nunca tienen en sus manos los comprobantes o soportes documentados  que avalen la administración de los fondos y de la gestión de los bienes de cada fideicomiso. O sea que el control es solamente aparente, como el que realiza el Tribunal de Cuentas que básicamente se ocupa de comprobar las acreditaciones de las transferencias de fondos efectuadas desde el Poder Ejecutivo, ante  la ausencia total del control por parte de la Contaduría General,  como órgano de fiscalización interna.

Los controles establecidos por la Ley 4.787

Esta ley, de organización y funcionamiento de la administración financiera del sector público provincial, tiene lagunas importantes  y  pautas sobreabundantes o contradictorias en función de que fue dictada en el año 2000, que se produjo  por el avance de la tecnología de proceso y del conocimiento, que superó la política legislativa aplicada  en materia de control del sector público. No obstante ello, tiene regulado muchos aspectos vitales y estratégicos para tratar de controlar la disposición de fondos  y el gasto público, que muchas veces se frustró por la pésima aplicación de esta norma, por la burocracia, el tráfico de influencias y la corrupción en distintas líneas administrativas del Estado.

En el caso de la Fiduciaria del Norte el tema es más grave porque su funcionamiento y administración financiera está fuera del control institucional. Para lograr este cometido, utilizaron una ventana  para fugarse de los controles,  que fue legislado en el artículo 4 de la Ley 4787. Esta cláusula es la que define lo que se llama la organización del sector público y su integración. Aparecen cuatro sub-sectores que son los siguientes: administración central, entidades centralizadas y entidades con regímenes institucionales especiales. Esta última, a su vez, está constituida por las empresas estatales, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas entidades societarias o empresarias en las que el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones.

Para todo este sub-sector (empresas y sociedades del Estado) son  de aplicación obligatoria las disposiciones de la Ley 4787, salvo que las leyes  de creación, estatutos o normas similares dispongan lo contrario. Pues aquí estuvo la trampa en la ley 5.005, que en su artículo 3  dispuso expresamente que no se apliquen a la Fiduciaria del Norte el sistema de control público en materia de compras y contrataciones que realiza esa sociedad anónima. De esta manera evaden, administran, gastan, compran y contratan en forma directa, sin los controles previstos por aquella ley.

Debiera entenderse que la Fiduciaria del Norte funciona como una sociedad del campo privado, la que no se aplica el sistema de contabilidad gubernamental, que está integrado por un conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos que garantizan -por cierto que con bastante ineficacia- el control sobre el uso y destino de los dineros públicos, con lo cual el patrimonio público que maneja la Fiduciaria puede verse perfectamente afectado sin que el sistema lo detecte ni haga cesar los efectos de una administración pródiga, engañosa o fraudulenta.

En ese marco es que la Contaduría General de la Provincia no actúa como el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, como tampoco puede  gestionar como organismo de control interno (artículo 155 y siguientes de la Ley 4487) respecto de la Fiduciaria. Lo mismo ocurre en el Tribunal de Cuentas, como órgano de control externo (articulo 178 y siguiente), que se reduce a un control netamente aparente y solamente formal.

Las consecuencias

 

En definitiva, lo más importante consiste en que no se aplica a la Fiduciaria del Norte el sistema de compras y de contrataciones previstos en el marco legal y en la organización del sistema claramente establecido por la Ley 4787, que auspicia la compra de bienes, servicios y ejecuciones de obras a través de sistemas bastante transparentes, que muchas veces no  se cumplen porque son pocas las compras y contrataciones que se llevan adelante sin el pago de sobornos.

 Desde el artículo 130 de la Ley 4787  se estableció el sistema de compra por licitación pública, por concurso público y las excepciones. Sin embargo, en la Fiduciaria del Norte todas las compras son directas y así nos va,  mientras los que dirigen la empresa cobran salarios similares a los CEOS de las multinacionales que forman parte del gabinete de Macri.

 Para reparar  esta notable deformación, que provoca múltiples consecuencias dañinas contra los intereses sociales, es que se debería iniciar el camino de la reforma administrativa y financiera del sector público,  que es una deuda pendiente de los gobernantes. Esta reforma debería diseñar  un sistema ágil, moderno y democrático en el sistema de compras y contrataciones, sometido a un régimen muy efectivo de controles, que puestos en funcionamientos permitirán prescindir de los servicios de la Fiduciaria del Norte S.A.

 

 

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