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Ago 01 2016

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Deberán indemnizar a un productor por adjudicarle tierras de una reserva indígena

Fuente: http://www.chacodiapordia.com/sociedad/noticia/111964/deberan-indemnizar-a-un-productor-por-adjudicarle-tierras-de-una-reserva-indigena

A pesar de que las tierras fueron declaradas reserva indígena en 1924, la provincia las incorporó como propias en 1955 y en 1988 el Instituto de Colonización se las adjudicó a un productor que ocupaba esos terrenos desde 1981. Como el proceso fue nulo, ahora deberán indemnizarlo con una suma de $ 5 millones de pesos más nota_fdf50a725ce45ff23e0c4cd24727a1cbintereses.

No es novedoso que la provincia del Chaco es prodigiosa en conflictos por sus tierras fiscales y que muchos de esos litigios involucran a los territorios de las comunidades indígenas. El gobernador del Chaco, Domingo Peppo, anunció que el próximo 12 de octubre se concretará la entrega del título de propiedad comunitario de las más de 300 mil hectáreas de la Reserva Grande de El Impenetrable a las comunidades qom, wichí y moqoit para saldar una deuda histórica con los pueblos originarios.

Pero los conflictos por los territorios indígenas se agotan con la reparación histórica con el título de la Reserva Grande. Es que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco confirmó sobre finales del mes de junio una sentencia que condenó al Estado chaqueño a abonarle una suma de cinco millones de pesos más intereses a un productor chaqueño por haberle adjudicado tierras que pertenecen a una reserva indígena desde el año 1924.

El fallo del máximo tribunal chaqueño, que difunde en primicia CHACO DIA POR DIA.COM, fue dictado el 23 de junio pasado y lleva las firmas de los ministros María Luisa Lucas, Iride Isabel Grillo, Rolando Toledo, Alberto Modi y Emilia Valle. Es en el marco de una demanda contencioso administrativa impulsada por los productores contra el Instituto de Colonización y el gobierno del Chaco por poco más de 4500 hectáreas. En la demanda original reclamaron una indemnización de 2 millones de dólares. La Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar pero fijó una suma indemnizatoria de 5 millones de pesos más intereses calculados hasta que la sentencia sea definitiva.

Cuando el que despoja es el Estado

Las tierras en cuestión, alrededor de 4500 hectáreas en el que luego sería el Departamento Güemes, formaban parte de las 150 mil que fueron declaradas como “reserva” en el año 1924 “para ser ocupada exclusivamente por los indios Tobas del Norte”, según consigna el decreto firmado por el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear, cuando el Chaco todavía era “territorio nacional”.

En 1954 se sanciona la ley de provincialización del territorio nacional del Chaco y un decreto provincial (el Nº 660) incorporó como tierras fiscales a la “exreserva indígena” y la denominada Colonia Pastorial Teuco del partido General Güemes, “disponiéndose que será destinada a la venta y adjudicación”.

En el año 1981, una familia de productores agrícolas ocupa más de 4500 hectáreas de las tierras de la reserva indígena y en 1984 iniciaron los trámites ante el Instituto de Colonización para lograr el título de propiedad de las tierras que, se suponía, eran fiscales. Finalmente, en 1988 el Instituto de Colonización dictó la resolución autorizando la adjudicación en venta de los terrenos. Al no concretarse la entrega del título, los productores impulsaron en 2005 una demanda contencioso administrativa exigiendo que se les otorgue el título de propiedad o que se los indemnice con una suma de 2 millones de dólares.

El fallo

En la sentencia, los ministros consideraron que si bien fueron nulas todas las resoluciones que contrariaban el decreto que en 1924 declaró “reserva” indígena a esos territorios, también advirtieron que hubo responsabilidad del Estado provincial y un daño a terceros por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. En ese sentido, la sentencia recalca que “se dispuso la adjudicación en venta de tierras sobre las que el Estado provincial no tenía derecho en tanto pertenecían y pertenecen a la propiedad comunitaria de los aborígenes Tobas del Norte”. Y agrega que “esto generó en el administrado, un daño cuantificable económicamente al impedírsele acceder a la propiedad de éstas, además de haber sido sometido a un procedimiento por más de treinta (30) años, durante el que se generaron legítimas expectativas que luego se vieron frustradas por circunstancias ajenas a él y provenientes como ya manifestáramos del defectuoso servicio prestado por la Administración”.

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