«

»

Abr 20 2012

Imprimir esta Entrada

Desnudando las paradojas de una desafortunada iniciativa

 

 Proyecto de ley de seguridad pública

 DESNUDANDO LAS PARADOJAS DE UNA DESAFORTUNADA INICIATIVA

 

Se reconoce que legislar en materia de seguridad pública demanda conocimientos múltiples, simples y complejos a la vez. La primera herramienta que sobresale por su utilidad son los contenidos de las políticas criminales acuñadas a largo plazo porque allí se sintetizan los trazos generales que reflejan las causas y los efectos predominantes de los delitos y de las inconductas sociales. En su elaboración contribuye la ciencia criminalística y criminológica, que aporta su método y objeto científico. A partir de este concepto básico, corresponde esperar y reclamar de una ley de seguridad pública que contemple los factores fundamentales que sean útiles para resolver, apropiadamente, la problemática tan compleja como es el de la seguridad/inseguridad pública.

Los mejores países cuentan con políticas criminales y penales carcelarias antiguas en sus orígenes y modernas en sus contenidos y concepciones. O sea que han evolucionado bastante bien en este tema, sin que desconozcan los errores y las contradicciones que existen en tales sistemas. Desde allí, entienden que se debe hacer un doble trabajo a partir de leyes sabias de seguridad; esa doble tarea consiste en revertir las causas generadoras de los delitos como políticas de mediano y largo plazo y en trabajar sobre los efectos de los delitos en el corto plazo.

Esta es la clave del desarrollo y del éxito de las políticas de seguridad, que lamentablemente no son respetadas en los países menos desarrollados, que solamente se dedican a operar -con suerte variada- sobre las consecuencias (efectos) de los delitos y no sobre las causas, lo que condujo a la creciente inseguridad actual. Por este motivo es que los mejores países comprendieron que las políticas criminales deben basarse en postulados científicos que permita que sean utilizadas como ciencia de contraste y, al mismo tiempo, de planificación. Desde esa mirada, aquellas naciones estudian las causas de los delitos a cincuenta años vista, deletreando las realidades y explorando en los sucesos que marcaron el incremento o la disminución de los delitos en periodos largos, agrupándolos bajo criterios de identificación basados no solamente en la repetición de los hechos, sino en el ambiente social condicionante o auspiciante de cada época. Esto les permitió trabajar sobre las correcciones y las optimizaciones a futuro, en plazos iguales, más cortos o más largos, lo que hizo que el fenómeno de la seguridad/inseguridad fuera previsible y hasta prevenible en algunos casos, atenuables en otros y, en última instancia, rápidamente reprochables a través de los sistemas sancionatorios modernos organizados en cada nación. Nuestro país y las provincias argentinas no han transitado por estos caminos. Todo ha sido y es imprevisión e improvisación, lo que explica un escenario de creciente inseguridad pública. Tras este breve análisis general, ya podemos adelantar que el proyecto presentado por el poder ejecutivo se inscribe en la misma defectuosa visión que se aplica en esta parte del mundo. Es evidente que no se trabajará sobre las causas de los delitos y de las inconductas sociales y que se gestionará inapropiadamente sobre los efectos o consecuencias.

 ¿Qué es una ley marco?

Para que una herramienta legal sea una verdadera ley marco tiene que tener características muy especiales, que la diferencie de las leyes usuales o clásicas. Si bien se entiende que toda ley tiene que ser amplia y de máxima comprensión de los fenómenos que pretende regular para aspirar a tener vigencia por mucho tiempo, a las leyes marcos se les exige una profundización de este concepto, fundamentalmente a lo atinente a la mayor generalidad de su contenido, sobre todo cuando son fundadoras porque van a regular actividades o funciones que no están legisladas. Por este motivo es que la ley marco necesariamente debe fijar principios, bases y directrices generales que permitan legislar a futuro en forma complementaria. A su vez, las normas complementarias que posteriormente se sancionen deben enmarcarse en los trazos generales de la ley de referencia. Este es un postulado, básico y elemental, en la construcción del mundo jurídico.

El defectuoso proyecto presentado por el poder ejecutivo

El viernes 30 de Marzo ingresó a la cámara de diputados el proyecto de ley 800/12, titulado como de seguridad pública, anunciado días antes por el gobernador Capitanich y el Ministro de Gobierno Pedrini en el Salón Manuel Obligado de Casa de Gobierno. Se esperaba mucho más de este proyecto, que fue presentado como una futura ley marco y como solución a los graves y crónicos problemas de inseguridad que azota a la población. Sin embargo, el proyecto no podrá desembocar en una verdadera ley marco porque adolece de omisiones, lagunas y contradicciones. Por lo demás, es posible pronosticar que no resolverá el grave problema de la inseguridad durante esta y las futuras gestiones de gobiernos porque es una herramienta muy mal gestada, muy defectuosa y que será inútil ante una realidad de creciente y compleja inseguridad pública.

Tal cual fue diseñado, el proyecto no tiene la menor chance de crear un verdadero sistema provincial de seguridad pública. Si se aprueba, lo que es posible si miramos la precaria historia de la cámara de diputados, será una ley más de tantas que fracasan o que existen en el mundo abstracto del deber ser y que, por lo tanto, no se aplican. Concretamente, de ser sancionado el proyecto las viejas prácticas continuarán tal cual se producen en la actualidad. Consecuentemente, el resultado inevitable será la continuidad del agudo fenómeno de inseguridad pública que seguirá siendo una deuda del actual gobierno al final de su gestión porque no atina a generar la solución integral del problema.

 

A mitad de camino

Es criticable la técnica legislativa empleada porque el proyecto de ley marco debería complementarse, a futuro, con un paquete de leyes que contemplen específicamente los temas y cuestiones que deben ser objeto de regulación. Se debería legislar a futuro para modificar la ley 6.906 (de ministerios), la ley 1.134 (estatuto del personal policial), la ley 4.681 (de foros vecinales de seguridad preventiva), crear el observatorio sobre violencia y seguridad pública y crear el sistema de seguridad privada, entre otras herramientas que deberían ser sancionadas como complementarias de una ley marco de seguridad pública.

Por la amplitud y heterogeneidad de los temas involucrados en el proyecto, se termina debatiendo solo algunas partes. Inevitablemente se cae en la discusión de la reforma policial antes que en la creación del sistema de seguridad pública. La reforma policial absorbe toda la atención y, como hecho negativo, generó un escenario de conflicto y confusión en la propia fuerza policial que no ayuda al verdadero debate.

El criterio de una ley ómnibus, que abarque varios temas de distinta naturaleza y objeto, no responde a la mejor práctica legislativa. No es razonable sancionar una ley que aspire a ser fundadora del sistema de seguridad y -al mismo tiempo- reformista de la institución policial. Sería lógico que primero se discutiera la construcción colectiva de una ley de creación del sistema de seguridad pública. A partir de la sanción de esta ley, recién correspondería avanzar en las demás leyes, con una transición pautada y ordenada, con metas y plazos de ejecución. De esta forma se evitaría la discusión de la reforma de la ley orgánica policial y de la ley del personal policial que genera mucho ruido y confusión en el tratamiento del proyecto de seguridad pública.

El proyecto de ley se queda a mitad de camino si tenía la pretensión de ser un proyecto integral de seguridad y una ley marco desde donde se comiencen a construir las herramientas y los escenarios de seguridad pública. En algunos tramos es excesivamente reglamentarista, aunque no deja de ser interesante el esfuerzo por plasmar ciertos conceptos que marcan una línea académica muy fuerte que no alcanza para disimular los profundos baches de temas sin abordar, más algunos conceptos confusos o pocos claros insertos de manera desordenada.

Inconsistencias entre el diagnóstico y los objetivos del proyecto

El gobernador identificó problemas de organización y la necesidad de introducir reformas estructurales cuando presentó el proyecto en casa de gobierno, en tanto el ministro de gobierno mencionó el sensible fenómeno del “autogobierno policial” como el principal problema a resolver por y para la reforma organizacional de la policía.

Se señaló como fuente de la reforma al Acuerdo por la Seguridad Democrática, que postula los nuevos paradigmas necesarios de desmilitarización, democratización, humanización y profesionalización de la policía.

Los paradigmas de democratización y humanización no fueron abordadas en la presentación realizada en casa de gobierno, como tampoco figuran en el texto del proyecto de ley enviado a la cámara de diputados. No obstante la omisión del poder ejecutivo, estos pilares deberían ser incorporados en el debate parlamentario porque son vitales para las futuras transformaciones y cambios que se deben producir en lo institucional.

El ministro de gobierno remarcó la necesidad de fortalecer la gestión y el control político de la estructura policial, diferenciando la función de seguridad preventiva de las funciones de apoyo. Afirmó que estas últimas deberían ser prestadas por personal sin estado policial, aunque esto no aparece taxativamente definido en el proyecto de ley, lo que deja dudas respecto de la voluntad política real del poder ejecutivo.

 

Graves omisiones en el futuro sistema

 

Debería ser revisado el contenido del polémico artículo 6° del proyecto de ley cuando define la integración del sistema de seguridad pública. Si la decisión política es que participen todos los actores en el sistema, estarían faltando muchos de ellos. Si nos atenemos estrictamente a las normas constitucionales y legales vigentes, quizás algunos actores no podrían integrar el sistema.

Para articular las estrategias sociales de prevención primaria de la violencia y del delito se deberían incluir -entre otros- a los Ministerios de Desarrollo Social; de Industria, Empleo y Trabajo; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; de Salud Pública; de Infraestructura y Servicios Públicos; de Desarrollo Urbano y Territorial, y, de Planificación y Ambiente. Todos estos ministerios tienen roles muy importantes en las estrategias de abordaje primario del delito, no solo por su competencia sino también porque las gestiones de los mismos impactan directamente en la situación socio-sanitaria-educativa-ambiental y económica de la población, a los que pueden sumarse otros organismos provinciales como el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y las empresas Secheep y Sameep.

También podrían integrar el sistema de seguridad pública, las fuerzas de seguridad y policiales con asientos en la provincia, como gendarmería nacional, prefectura naval argentina, policía de seguridad aeroportuaria, administración nacional de aduanas y la policía federal. Todas estas fuerzas se desempeñan en el campo de la seguridad preventiva y seguridad compleja dentro del territorio provincial, donde es necesario coordinar y articular acciones. También deberían integrar el sistema la secretaría de derechos humanos, el patronato de liberados, la dirección provincial de defensa civil y el programa provincial de lucha contra el fuego, entre otros organismos y dependencias. Son muchas y graves las omisiones existentes en el proyecto, que si se aprueba como fue presentado no cambiará la realidad de creciente inseguridad pública.

Resistencia, 20 de abril de 2012.-

 

[important]

Publicaciones relacionadas

Desnudando las paradojas de una desafortunada iniciativa

 

Sobre Proyecto de ley de seguridad pública. Todo ha sido y es imprevisión e improvisación, lo que explica un escenario de creciente inseguridad pública.

[/important]

 

 

 

 

 

 

Enlace permanente a este artículo: http://www.centromandela.com/?p=1728