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Nov 02 2015

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Caso Ángel Verón: el exsecretario de seguridad, Marcelo Churín, dio la orden política para desalojar la Ruta 11

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El 24 de septiembre pasado el exsecretario de seguridad del gobierno de Chaco, comisario mayor Marcelo Churín, fue el funcionario que dio la orden política para desalojar a los integrantes del MTD “No al desalojo” de la Ruta Nacional Nº 11. Para transmitir tal decisión, a media tarde de ese día, Churín mantuvo una primera conversación telefónica con el subjefe de policía, comisario general Ariel Acuña. En el curso de la comunicación el exsecretario de seguridad mencionó a Capitanich, aunque en el reducido entorno del gobernador señalan que no fue quién dispuso el desalojo, salvo que Churín lo desmienta cuando declare en sede penal. El jefe de policía, Gustavo Peña, no contestaba los llamados telefónicos realizados a su teléfono celular. Todo esto deberá ser probado por el Fiscal Penal en Derechos Humanos, Dr. Francisco Daniel Turraca, que podrá entrecruzar las comunicaciones y citar a declarar, como testigos o imputados, a los funcionarios que mencionamos en esta nota. Por estos sencillos caminos podrá establecer los autores y determinar las responsabilidades de los que resolvieron y ejecutaron el procedimiento policial ilegal, como también sus consecuencias, entre las cuales sobresale la muerte de Ángel Verón.

Después, el exsecretario de seguridad mantuvo una segunda comunicación telefónica con el sub-jefe de policía para apurar el inicio del procedimiento de desalojo, a pesar de que no se contaba con una orden judicial para actuar. En esta oportunidad Churín presionó para que inmediatamente comenzara el procedimiento policial para liberar la ruta, aunque suponemos que quienes debían implementarlo conocían las posibles consecuencias legales que obligaba a no iniciar la intervención para desalojar dado que carecían de orden judicial.

El exsecretario de seguridad también se comunicó con el comisario mayor Pedro Sosa, jefe de la Dirección General de Seguridad Metropolitana, para apurar aun más el comienzo del procedimiento de desalojo. En este lapso se produjeron comunicaciones telefónicas entre este director general y el sub-jefe de policía, hasta que se llegó al punto en que el comisario mayor Pedro Sosa informó, desde su despacho porque no estaba en el lugar de los hechos, “que se proceda con personal de Bomberos e Infantería a liberar la Ruta”, mencionando una orden del sub-jefe de policía Ariel Acuña, quién institucionalmente sostiene no haber dado ese mandato, que es una de las claves que se debe esclarecer para determinar las circunstancias en que muriera Ángel Verón. La orden que se transcribe textualmente en esta nota es extraída del acta de constatación que escribió el oficial principal Ricardo Orlando Schulz, refrendado por el comisario inspector Nicolás Rubén Acuña, de manera que los testimonios de estos policías serán fundamental para resolver el caso. Consta en el acta que a las 19:06 hs. el comisario Acuña procedió “a informarle al señor Ángel Verón que libere la Ruta o se procede a liberar (…) Seguidamente se da intervención al personal de Bomberos (…) y personal de infantería a cargo del oficial Ppal. Aguet Darío, quienes proceden a iniciar el apagado del fuego de las cubiertas mientras infantería se desplaza hacia donde se hallan estas personas, quienes al ver el despliegue policial, ellos mismos comienzan a retroceder y bajar de la ruta”. Luego siguió el uso de la fuerza pública y las detenciones, que incluyó la violencia contra Ángel Verón que derivó en su muerte, potenciada por su precaria situación de salud.

Esta es la secuencia de las ordenes políticas y policiales en el marco de los niveles jerárquicos de los funcionarios que ejercían plenamente sus cargos, que entrelazadas generaron un procedimiento policial absolutamente ilegal, de punta a punta, en cuyo marco se desplegaron abusos, excesos y violencia institucional desproporcionada, especialmente por parte de quienes integraban el grupo de Infantería, que arremetió contra los manifestantes.

La violencia policial provocó la muerte de Ángel Verón

 

En estos días se realizaron varias especulaciones sobre la verdadera causa de muerte de Ángel. Recientemente se difundió que los resultados definitivos de la autopsia serán conocidos en el curso de la próxima semana, y que recién en esa oportunidad se determinará si el dirigente social murió a causa de la violencia policial. Así lo informó el fiscal especial de Derechos Humanos, Dr. Francisco Daniel Turraca, quién con buen criterio esperará el resultado del informe definitivo de autopsia, que responderá a la investigación científica anatomopatológica micro y soberana, que manda en estos casos, que debe confeccionar la Oficina Médica Forense del poder judicial.

En cuanto al informe preliminar, Turraca sostuvo que “no tiene conclusiones”, cuando en realidad de los contenidos de los informes preliminarmente producidos por la Oficina Forense se desprende que la muerte de Ángel podría derivar de múltiples causas dado que tales informes son tan amplios que relativizan las distintas posibles fuentes generadoras y determinantes del fallecimiento. Por otra parte, conviene señalar que no existe un solo informe preliminar, sino tres y que se complementan. El primero es el Informe 1219, del 22 de octubre pasado; el segundo lleva el número 1240, que figura confeccionado el 27 de octubre; y, el último lleva el número 1268, de fecha 29 de octubre de 2015. En estos informes sobresale que la Forense necesitaba el expediente, la historia clínica completa y la totalidad de los órganos extraídos a Ángel Verón para procesarlos y realizar un informe definitivo de autopsia, con suficiente rigor científico.

Si bien la semana pasada se difundió que el informe definitivo de autopsia sería conocido en el curso de esta semana, ya están los resultados. Una fuente inobjetable dio cuenta de ello al Centro Mandela, aunque el informe no llegó a la fiscalía del Dr. Turraca. Finalmente, las conclusiones de tal informe echarán a la luz al caso, vinculando la muerte de Ángel con la violencia policial, en relación causal directa y sin perjuicio de la fragilidad de la salud de Ángel antes del procedimiento y de las patologías que se describieran en el bochornoso certificado de defunción que firmara la doctora Patricia Arribillaga, en el que se anotó que murió por “shock séptico a foco abdominal, peritonitis generalizada, laparotomía exploradora postoperatoria, yeyunostomía, fistula mucosa, insuficiencia renal en hemodiálisis, neumonía intranosocomial y paro cardiaco no traumático”, para finalmente esta médica sostener que Ángel murió de enfermedad.

 

Los médicos del Perrando afirmaron que había pasto en las heridas

 

Turraca recibió testimonios muy relevantes, no solo de los que se manifestaban y fueron reprimidos, sino del plantel médico que asistió a Ángel. Sobresale nítidamente las expresiones del médico que estaba de servicio en la Guardia del Hospital Perrando. Esta es quizás la testimonial más importante porque fue el profesional que debió atender inicialmente y de urgencia a Verón, que cuando ingresó a la Guardia presentaba una herida abierta, con sus vísceras expuestas, como si fuera un colgajo, sucio y contaminado con tierra y pastos. Como cursaba riesgo de vida, fue directamente llevado a quirófano para ser intervenido. El cuadro de origen que detectó este médico lo llevó a tomar la precaución de fotografiar al paciente. Estas imágenes son pruebas inobjetables que corroborarán el daño causado a Ángel por la violencia policial, a lo que se suman los croquis realizados a mano alzada, incorporados a la causa penal para graficar las testimoniales más importantes que reprodujeron la mecánica del procedimiento policial.

En definitiva, la trágica y penosa muerte de Ángel es una gran prueba para los poderes judicial y político de Chaco, que tendrán que rendir un verdadero examen de transparencia, eficiencia, neutralidad y objetividad, independientemente del momento electoral que se vive, de los intereses en juego y de la inveterada costumbre de brindar impunidad en los casos en que se produjeron abusos, excesos, apremios ilegales, torturas y tormentos por parte del personal policial. La cantidad y calidad de la información ya incorporada a la causa penal y las que se produzcan en el curso de las próximas semanas evitará que los titulares de los poderes públicos dejen de hablar de trascendidos y asuman sus responsabilidades con seriedad democrática y republicana. Se debe llegar, porque es posible, al total esclarecimiento del caso Ángel Verón y se deben sancionar a los funcionarios políticos y policiales que violaron la ley, en proporción a cada uno de sus acciones y omisiones inexcusables.

 

El caso Verón

 

Después del procedimiento policial de desalojo en la Ruta Nacional Nº 11, desde el 24 de septiembre Ángel Verón estuvo internado hasta su muerte en el Hospital Perrando, donde fue intervenido en varias oportunidades. Sus familiares y compañeros del movimiento MTD “No al desalojo” repetidamente acusaron al personal policial que golpearon y maltrataron a Ángel, quién finalmente murió el lunes 19 de octubre, supuestamente a causa de un shock séptico, según el certificado de defunción.

Los hechos que se fueron conociendo en días posteriores determinaron que el gobernador separara de sus cargos al Ministro de Gobierno, al Secretario de Seguridad y al Jefe de Policías, medida que no satisface la gravedad institucional que entorna el caso Verón. Restan más decisiones, que se deberían tomar prontamente en el ámbito político. En la justicia penal, no existe mucho margen para el error. Ya viene bastante mal mirada para que se repitan errores, voluntarios o involuntarios, que impidan esclarecer este caso y genere impunidad para los responsables. A los graves hechos ya ocurridos se suma presiones contra hijos de Ángel, que los familiares atribuyen a la policía. María, la esposa de Ángel, formuló una denuncia en la Dirección de Zona Metropolitana porque teme por la vida de sus hijos.

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