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Oct 29 2015

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El gobernador debe designar un nuevo Jefe de Policía que no sea Ariel Acuña

Signado por una nueva equivocación, Capitanich designó como jefe de policía al subjefe, comisario general Ariel Acuña. Ayer a la tarde, el gobernador Capitanich aceptó las renuncias presentadas por el Ministro de Gobierno, Javier Oteo, el Secretario de Seguridad Marcelo Churín y el Jefe de Policía Gustavo Peña. Estas son las primeras 125579w320h320decisiones institucionales tomadas en el ámbito del poder político en relación directa con la muerte violenta de Ángel Verón, que se produjo después de la represión policial del pasado 24 de septiembre en la ruta nacional Nº 11. Se argumentó que las renuncias fueron aceptadas para “salvaguardar el buen nombre” de los funcionarios y para garantizar la tarea de investigación del fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca. El propio Capitanich expresó que “aceptamos la renuncia de los funcionarios y les hemos transmitido que era un gesto a destacar a los efectos de garantizar que exista una investigación judicial de carácter imparcial”.

Lo del secretario de Derechos Humanos, Juan Carlos Goya, es indefendible. En la primera oportunidad en que el poder ejecutivo se ocupó de tratar por los medios de comunicación el caso de Ángel, Goya mencionó al gobernador y anunció que la Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en la causa, lo que jurídicamente es imposible puesto que el derecho a esa intervención la tienen únicamente los familiares. O sea que nuevamente desinformaron a la opinión pública.

El error del gobernador

Capitanich ya designó como jefe de policía al subjefe, comisario general Ariel Acuña. Es uno de los tantos errores que cometió y acumuló en materia de seguridad. En el entorno del gobernador se evalúa que es todo lo que hará respecto a los agentes y funcionarios que forman parte de su gestión y que participaron en el operativo represivo ejecutado el 24 de septiembre en la ruta nacional Nº 11, a la altura del km 997, oportunidad en que Ángel Verón fue sometido a castigos que derivaron en su muerte.
La decisión tomada no ha contemplado la intervención directa de Ariel Alejandro Acuña, que integró la cúpula de la jefatura de la Policía en el momento que se produjo el procedimiento policial, a quién ahora se anuncia que será el nuevo Jefe de Policía. Es un nuevo error del gobernador, probablemente involuntario porque frecuentemente no le entregan a tiempo toda la información que se necesita para tomar decisiones correctas, que naturalmente luego tienen consecuencias, muchas de ellas fuertemente negativas para la comunidad.

Acuña reúna mejores condiciones en su formación para conducir la policía chaqueña que el jefe Gustavo Peña; esto se conoce en las filas policiales. Pero evidentemente no fue correctamente evaluado cuando fue designado como sub-jefe. Es muy joven, o sea que no tiene la edad biológica suficiente para formarse en los niveles jerárquicos que el oficio policial permite ganar en experiencia, hasta ascender a comisario general, y menos para desempeñarse como sub-jefe de policía. Le faltó, por lo menos, seis años de madurez para que aquilatara la experiencia que se necesita para conducir, razonable y equilibradamente, una institución tan compleja como es la Policía.

Tratándose del cargo de sub-jefe de policía, las exigencias son mayores porque materialmente es el jefe operativo del personal policial en el marco de la vieja ley policial, que lamentablemente sigue vigente dado que, en la práctica, la nueva Ley de Seguridad Democrática (6.976) no se ha implementado en el 95% de sus cláusulas, de tal modo que continúa aplicándose el viejo organigrama del personal y los ascensos para jerarquías superiores. Por ejemplo, se trató de implementar el Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC), pero finalmente no se creó ni se incorporó tal dependencia al organigrama aplicado, cuyo jefe debía haber asumido el comando operacional centralizado de todas las estructuras operativas del sistema policial. Por este motivo, el sub-jefe de policía sigue siendo el que comanda las operaciones masivas en las que interviene el personal policial. Aquí aparece la importancia del subjefe Ariel Acuña y su participación en el operativo represivo que terminó con la muerte de Ángel.

La participación del comisario general Ariel Acuña en el operativo represivo

En el caso de Ángel Verón, el sub jefe Acuña tuvo una participación directa para disponer el inicio y la ejecución del procedimiento represivo. En la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria Nº 5, a cargo de la Dra. Nélida Villalba, se inició una causa donde se presentaron como damnificados varios policías, entre los que está mencionado Juan Domingo Penayo, a quién los testigos señalan como uno de los que más golpearon a Ángel Verón.

Desde la hoja 3 hasta la 6 del expediente fue agregada el acta de constatación que redactó la Policía en el lugar de los hechos, desde las 18:20 horas del día 24 de septiembre. Independientemente de la posible falsedad ideológica de algunos tramos del contenido del acta, esta revela un sinfín de irregularidades cometidas por el personal policial. La que ahora importa describir es la intervención del sub-jefe de policía, que se anunció será ascendido a jefe. A las 19:09 del día 24 de septiembre, el comisario que estaba en el lugar del procedimiento, a quién correspondía comunicarse con las jerarquías superiores, habló por teléfono con el comisario general Ariel Acuña, quién le contestó “que no hay mediador”. El sub-jefe Ariel Acuña, en comunicación con el mayor Sosa le “informó que se proceda con personal de Bomberos a liberar la ruta”. Otro comisario, también de apellido Acuña, “procedió informar al señor Ángel Verón que libere la ruta o se precederá a liberar”. Así, literalmente extraída del acta de constatación, surge que el jefe de policía designado ordenó la acción de desalojo y el uso de las fuerzas públicas, que terminó en detenciones, en represión, castigos y posterior muerte de Ángel Verón. Y la orden fue dada aún sabiendo el sub-jefe de policía que no se contaba con la indispensable orden judicial que autorizara o avalara el procedimiento dado que la justicia penal chaqueña y el juzgado federal de Resistencia no emitieron orden alguna.

Resta saber ahora el nombre del funcionario político que dio la orden desde Casa de Gobierno. Es indispensable que el fiscal Turraca investigue esta cuestión porque este funcionario ha sido el autor intelectual de un procedimiento policial ilegal y de la muerte de Ángel. No será difícil conocer su nombre porque seguramente el comisario general Ariel Acuña, antes de impartir la orden policial, se comunicó con el poder político para conseguir el aval o la orden necesaria para lograr protección ante una situación adversa, como la que te atraviesa, y para lograr la protección que usualmente se construye con anterioridad a iniciar un procedimiento represivo y masivo.

Acuña no debería asumir como Jefe de Policía

En definitiva, aunque sea por razones netamente legales, Ariel Acuña no debiera asumir como jefe de policía porque también debe ser investigado, por lo a sencilla razón de que la precaria fiscalía de Derechos Humanos, que cuenta con seis empleados y la desatención de la Procuración General y del Superior Tribunal de Justicia, deberá recurrir a la propia policía que actúa como auxiliar de la justicia, lo que nuevamente pone al descubierto que la justicia penal chaqueña no tiene policía judicial, o sea que no tiene detectives ni investigadores propios, de manera que depende totalmente de las investigaciones que efectúa la policía administrativa que depende del poder político, que desde la época del ex gobernador Ángel Rozas terminó convirtiéndose en la policía del gobierno de turno, con graves consecuencias sociales, políticas e institucionales, que decantó en una institución que está cruzada por dos flagelos estructurales, que son la violencia y la corrupción, que entre otros factores permite entender el alto nivel de inseguridad pública que se vive en Chaco

La fallida ley de seguridad democrática y las viejas prácticas policiales

El gobernador Jorge Capitanich promulgó en mayo de 2012, con bombos y platillos, la ley de Sistema Provincial de Seguridad Pública (6.976), que intensamente se difundió como de seguridad democrática. Destacó que Chaco era la primera provincia del país que promovía –con la ley referida – un cambio estructural en la materia. Aseguró que “La ley contribuirá a mejorar la calidad de vida del pueblo chaqueño”. El gobernador de entonces detalló que con la ley se reglamentaría la participación de los tres poderes del Estado en el Consejo de Seguridad Publica, la creación efectiva de una Secretaria especifica que se ocuparía del cumplimiento efectivo de la legislación respecto a las metas, objetivos, estrategia de intervención, observatorio del delito y la delincuencia en la provincia. Además, Capitanich destacó que la ley de seguridad democrática contemplaba el control externo del funcionamiento de la Policía y del Servicio Penitenciario, subrayando que se contaría con un Tribunal compuesto por dos abogados civiles sin estado policial y un oficial de alto rango de la Policía. Señaló que la organización de la fuerza de seguridad tendría un modelo de control civil para garantizar su democratización. Remarcó la importancia de la participación de la sociedad civil.

La designación de un policía en actividad al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, el comisario Marcelo Churín, y de dos funcionarios policiales (Jefe y Sub-jefe) en la máxima conducción de la institución marcó un fuerte retroceso en la frustrada implementación de la Ley de Seguridad Democrática (6.976), además de generar tensiones en la cadena de mando. Con el descabezamiento civil de la secretaría de seguridad se retrocedió en el proceso de cambio de los nuevos paradigmas de la organización policial y en la meta del control civil del sistema de seguridad, que intensamente publicitó el gobierno como uno de los argumentos más importantes para apurar y precipitar la sanción de la Ley de Seguridad Democrática, cuya ejecución es un verdadero fracaso. Además, no entendieron que la designación de un subjefe se contrapone con la nueva estructura de la policía que fuera aprobada por el decreto 1255/12, instrumento que borró del organigrama policial el cargo de subjefe y se introdujo un novedoso organismo como es el Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC), creado por la ley 6976, que se intentó poner en funcionamiento sin que se lograra que funcione apropiadamente según propuso Marcelo Saín, autor del proyecto original de la nueva ley de seguridad pública, que anticipamos fracasaría.

También sobresalió el paquete de medidas internas dispuesto por la nueva conducción del sistema de seguridad, que se optó por la continuidad de las direcciones generales y de las direcciones en el nivel estratégico de la policía y de las estructuras medias y de base, en línea y en consonancia con lo dispuesto por la anterior ley orgánica (4987), que retomó vigencia plena a pesar de que en mayo de 2012 se sancionó la nueva ley de seguridad democrática, que se basa en postulados completamente distintos, con aspiraciones progresistas. O sea que la gestión se destacó por la confusión, por el desorden y por la anarquía en la aplicación de los instrumentos legales. Conviven los postulados del viejo y del nuevo sistema, en un escenario y bajo un esquema absolutamente caótico. En este marco político y policial, murió Ángel Verón.

Presentación efectuada por el Centro Mandela en Casa de Gobierno de Chaco el 29/10/2015

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