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mar 20 2012

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Reforma del Código Procesal Penal del Chaco

Centro Mandela DD. HH.Reforma del Código Procesal Penal del Chaco.

El Centro de Estudios e Investigación Social (Centro Mandela), a través de su titular Rolando Núñez, hizo llegar a ChacoMundo un documento elaborado por el mencionado centro de estudios, ”con el afán de contribuir a profundizar el debate sobre algunos puntos opinables u objetables del proyecto de reforma del Código Procesal Penal del Chaco que se promueve y se lleva adelante bajo la iniciativa del Superior Tribunal de Justicia.

En el decir del Dr. Núñez *, “es evidente el apresuramiento del máximo órgano del poder judicial para que el proyecto que impulsa sea sancionado -en forma rápida- por la Cámara de Diputados. Así lo ha admitido la actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, que en el mensaje de apertura del año judicial planteó la urgencia de la aprobación del proyecto para rediseñar el Ministerio Público Fiscal.

Sobradas razones técnicas nos inspiraron a ensayar observaciones y objeciones que han sido puestas a consideración de la Cámara de Diputados y también del ministerio político del gobierno provincial, a través de sendas notas presentadas la semana pasada.

Concluimos en nuestro análisis presentado ante las autoridades exhortándolos a que se profundice el debate y que se abra la discusión entre más sectores institucionales, intermedios y sociales”.

* Cualquier ampliación sobre el contenido del documento será efectuado por el Dr. JOSÉ MARÍA MORANTE (362-4305452) o el Dr. JOSÉ BALLESTA (362-4367511).

Texto Completo del Documento

Proyectos de Leyes del S.T.J. implementando Nuevo Diseño Organizacional para el Ministerio Público Fiscal

OBJECIONES – SUGERENCIAS

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, remitió a la Cámara de Diputados tres proyectos de leyes, impulsando la modificación a ciertos artículos del Código Procesal Penal (Ley 4538) y de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y la creación de tres Fiscalías Penales de Investigación y Juicio, con motivo de crear e implementar un Nuevo Diseño Organizacional para el Ministerio Público Fiscal y duplicar el número de causas a elevarse a juicio y triplicar las respuestas eficaces al ciudadano, en el marco de la implementación de la investigación preparatoria -como característica del sistema semi acusatorio- puesta en vigencia a partir de la Ley 4.538. Dichos proyectos llevan Nº 4062/11, 4064/11 y 4063/11, respectivamente.

 

Para quienes, diariamente, ejercemos la abogacía en el fueron penal, vemos con agrado la intención e interés en mejorar el servicio de justicia, acelerando el trámite y la resolución de las causas penales. Si bien resulta loable tal ideario, dichos proyectos de leyes merecen objeciones de peso.

Modificaciones al Código Procesal Penal

Art. 332 ARCHIVO

Así, en lo que respecta al Código Procesal Penal se dispone la modificación al art. 332 referido al Archivo de las causas de Investigación Fiscal; es decir, aquellas en las que no se encuentran denunciados funcionarios sujetos a Juicio Político -Gobernador y Vice, Ministros del P.E., miembros y Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, miembros del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Fiscal de Estado, Contador General, Subcontador General, Tesorero General y Subtesorero General, según art. 120 de la Constitución Provincial, ya que a estos los investiga el Juez de Garantías-.

El art. 332 actual dice: “El Fiscal de Investigación dispondrá, por decreto fundado, el archivo de las actuaciones cuando no se pueda proceder o cuando el hecho en ellas contenido no encuadre en una figura penal. En este último caso, si se hubiere recibido declaración como imputado a alguna persona, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 346 tercer párrafo y 348 inciso 2). En todos los casos, las partes podrán oponerse a la decisión del fiscal.

Cuando mediare discrepancia del Juez de Garantía regirá el artículo 356.

El archivo dispuesto por el Juez será apelable por el querellante que se hubiere opuesto, salvo el caso del artículo 356.

Regirá el artículo 458, y si la decisión del Juez fuese revocada, otro Fiscal de Investigación proseguirá con la investigación.”.

Con lo cual, no hay dudas de que es el Fiscal de Investigación quien puede disponer el Archivo de las actuaciones cuando, a su criterio (debiendo fundar su posición) no pueda iniciarse la investigación penal preparatoria. Ello es consecuencia de que el Fiscal de Investigación es el representante del Ministerio Público y, éste, es el titular de la acción penal.

 

En igual sentido se han expedido innumerables doctrinarios, entre los cuales podemos citar a José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti, quienes al comentar el art. 335 del C.P.P. de Córdoba (idéntico a nuestro art. 332, con la salvedad que lo llama Fiscal de Instrucción), dicen: “El archivo de las actuaciones o la desestimación de la denuncia, en los casos en que procede la investigación fiscal, importa la decisión del titular del ejercicio de la acción penal, de no iniciar la persecución penal…”.

La reforma al art. 332, preceptúa: “El Funcionario a cargo de la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (MUIIT), o en su ausencia el Subjefe de la misma, dispondrá por decreto fundado, el archivo de las actuaciones cuando no se pueda proceder o cuando el hecho en ellas contenido no encuadre en una figura penal. La decisión en todos los casos deberá comunicarse fehacientemente a la víctima aún cuando no se hubiere constituido en querellante en el término de diez días hábiles.

 

En caso de que se hubiere procedido a asignar la causa a un equipo fiscal y el Fiscal de Investigación hubiere dispuesto recibir declaración como imputado a alguna penal, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 346 tercer párrafo y 348 inciso 2). En todos los casos, las partes podrán oponerse a la decisión del fiscal.

Cuando mediare discrepancia del Juez de Garantía regirá el artículo 356.

El archivo dispuesto por el Juez será apelable por el querellante que se hubiere opuesto, salvo el caso del artículo 356.

Regirá el artículo 458, y si la decisión del Juez fuese revocada, otro Fiscal proseguirá con la investigación.”.

Este proyecto merece una doble objeción: 1) permite al Funcionario a cargo de la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana o su Subjefe, disponer el Archivo de las actuaciones cuando no se puede proceder o cuando el hecho en ellas contenido no encuadre en una figura penal, desplazando de tal rol al Fiscal y, 2) No prevé la posibilidad de Oponerse a tal decisión (sólo contempla la oposición para el archivo dispuesto por el Fiscal).

Resulta importante ampliar lo expuesto, dado que es un punto medular de la reforma.

1).- Funcionarios (tanto el Jefe como su Subjefe) que NO INTEGRAN el Ministerio Público (conforme el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público –Nº 4396- que se pretende reformar), y que, incluso, se encuentran bajo la órbita de los Funcionarios de la Oficina de Política Criminal compuesta por un funcionario con cargo equivalente a Secretario de Procuración General –Nivel 1 Categoría 03- y dos funcionarios con cargos equivalentes a Secretario de Primera Instancia –Nivel 1 Categoría 8-, quienes ejercen funciones jerárquicas superiores respecto del personal de la MUIIT (conforme nuevo art. 17 bis a incorporarse a la Ley Nº 4396); funcionarios de la MUIIT que no revisten, siquiera, el carácter de Auxiliares del Ministerio Público (ver modificación al art. 33 Ley 4396). Es decir, quien puede decidir si una actuación puede o no ser archivada serán Funcionarios con cargos por debajo de Secretario de Primera Instancia, conforme a la interpretación que cabe hacer del Inc. b), del Segundo Párrafo del nuevo art. 17 bis (“Son sus funciones: … b) Ejercer funciones jerárquicas superiores respecto del personal de la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana…”).

En este tópico debe tenerse en cuenta que si el Funcionario Jefe de la MUIIT tuviese el cargo de Secretario de Primera Instancia (como actualmente lo detenta quien es el Jefe de la Mesa Penal Única), su designación depende del Superior Tribunal de Justicia, a propuesta del Procurador General (así lo dispone la Ley 4396, art. 34).

2).- En los casos de Archivo de causa dispuestos por el Funcionario Jefe o el Subjefe de la MUIIT (que es cuando se analizan las denuncias recepcionadas por dicha Mesa y a las que se refiere el Primer Párrafo del art. 332), el proyecto de modificación de la norma NO PREVÉ LA OPOSICIÓN a dicha DECISIÓN. Es decir, que en esos supuestos NO SE CONTARÁ CON UN INSTITUTO PROCESAL QUE PERMITA CUESTIONAR TAL DECISORIO.

Estas dos objeciones adquieren mayor relevancia en los casos de denuncias contra funcionarios sujetos a Juicio Político (Gobernador y Vice, Ministros del P.E., miembros y Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, miembros del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Fiscal de Estado, Contador General, Subcontador General, Tesorero General y Subtesorero General, según art. 120 de la Constitución Provincial). Esto debido a que TODA DENUNCIA, DEBE SER REMITIDA a la MUIIT; recepcionada en dicha Mesa, sus Funcionarios a cargo serían quienes decidan si, por ejemplo, la denuncia contra un miembro del Superior Tribunal de Justicia tiene cierta entidad o no; es decir, si corresponde Archivarla o debe ser remitida (asignada) a un Fiscal (o Equipo Fiscal), para que éste, a su vez, la analice y decida si corresponde investigar (caso en el que deberá efectuar el pertinente Requerimiento de Investigación Jurisdiccional y hacérselo llegar al Juez de Garantías) o disponer su Archivo.

Dados los puntos criticos del proyecto, resulta viable su modificación atendible en las razones expuestas, propiciándose de la siguiente manera:

a).- Incorporar al Primer Párrafo, como parte final, lo siguiente: “En todos los casos, las partes podrán oponerse al archivo.”

b).- Que el funcionario a cargo de la MUIIT sea un Fiscal Penal.

Art. 413 ADMISIBILIDAD

Este artículo, cuyo inciso 3) se pretende modificar, contempla el Juicio Abreviado. Instituto Procesal que se incorporó al Código Procesal Penal como Medio Alternativo de Resolución de las actuaciones penales, a fin de descomprimir el número de causas que esperaban un juicio en el plenario, a fin de obtener una Sentencia Condenatoria de manera breve y rápida (circunstancias que especialmente convenían al Tribunal de Sentencia y al Fiscal) y una pena menor -convenida con el Fiscal- a la que eventualmente podría recaer luego de un juicio propiamente dicho (circunstancia que favorece al imputado-condenado).

La normativa actual permite el Acuerdo con anterioridad al Requerimiento Acusatorio o de Elevación a Juicio del Fiscal (art. 353) de manera que éste lo consigne en dicho Requerimiento con expreso pedido de pena y, siguiendo una tesis amplia, hasta antes de la apertura del debate, lo cual se ajusta cabalmente a la realidad social, dado que, por lo general, el imputado, por más que sepa de la existencia de pruebas relevantes en su contra, no es proclive a aceptar el Acuerdo que la Defensa le aconseja hasta que no se entera de que se le fijó Audiencia para el Debate; siendo esta circunstancia la que le pone “la soga al cuello” y es recién a partir de ese momento que, generalmente, decide aceptar un Acuerdo con el Fiscal. Antes de que las actuaciones tengan radicación en el Tribunal de Juicio, es muy difícil convencer a un imputado de que acepte un Acuerdo por Juicio Abreviado. En ambos casos quien resuelve sobre el mismo es el Tribunal de Juicio.

La reforma pretende que el Acuerdo únicamente pueda celebrarse hasta el momento anterior a la clausura de la investigación penal preparatoria y que podrá ser resuelto por el Juez de Garantías.

Cabe precisar objeciones al respecto:

En primer término, cabe precisar que con ello se desnaturalizaría un Instituto Procesal que nació para aplicarse y dar respuesta a las causas que se encontraban en juicio (de allí su nombre de JUICIO ABREVIADO); y va de suyo que se afectaría la garantía constitucional del debido proceso legal.

En segundo lugar, al reducirse el momento procesal hasta el cual se puede lograr el Acuerdo, se perjudicaría a los Tribunales de Juicio, ya que, seguramente, tendrán que realizar el juicio para resolver un buen número de causas que, de haber existido la posibilidad de realizar el Acuerdo en el plenario como ocurre actualmente, se evitarían.

En tercer lugar, no se contempla la posibilidad de un mayor control y efectivo cumplimiento de la razonabilidad del monto de las penas, que requiere de garantías mínimas y necesarias impartidas por el Estado a fin de no afectar garantías y derechos de los ciudadanos, en la aplicación de este instituto. Se continúa advirtiendo el escaso reparo que se hace a la forma de arribar a la determinación de la pena.

Por lo tanto, resulta recomendable en este aspecto:

Permitir que el Juez de Garantías resuelva la solicitud cuando el Acuerdo se efectúe durante la investigación penal preparatoria; y respecto al Acuerdo referido, seguir manteniendo la posibilidad de que dicho Acuerdo se efectúe en la etapa del juicio o plenario y hasta antes de la apertura del Debate.

En virtud de ello, el Inciso 3), podría quedar redactado de la siguiente manera:

“3) En el supuesto del Inciso 1) la solicitud deberá ser resuelta por el Juez de Garantías. Si la rechaza, se elevarán las actuaciones al Tribunal de Juicio.

El Acuerdo podrá también celebrarse durante los actos preliminares del juicio, hasta antes de la apertura del debate. En este caso, el Fiscal deberá remitir la solicitud de juicio abreviado al Tribunal, debiendo concretar expreso pedido de pena.”

Aplicación o disposición de mecanismos, requisitos o pautas a seguir en la estimación del monto de la pena para el acuerdo a arribarse.

 

Art. 417 bis CONCILIACIÓN

El artículo introduce la CONCILIACIÓN como Medio Alternativo de Resolución, lo cual aparece como novedad interesante y destacada como de gran utilidad.

Sin embargo, resultan objetables

OBJECIONES:

1).- El último párrafo dice que “el imputado no podrá solicitar la suspensión del proceso ni del juicio a prueba en la misma causa; ni pretender conciliar en otros procesos pendientes o futuros”.

La Primera objeción es que no está claro a qué suspensión del proceso se refiere. No se entiende. El único caso de suspensión del proceso, es el contemplado por el Instituto Procesal de la “Probation” o “Suspensión del Juicio a Prueba”, de modo que existiría una reiteración.

Pareciera ser que lo que se quiso decir es que NO PODRÁ CONCILIAR EN EL MISMO PROCESO, pero ello debiera estar consignado claramente.

2).- La Segunda es que no estipula desde cuándo y hasta qué momento se puede presentar el Acuerdo Conciliatorio, ni qué Tribunal va a entender en su homologación.

Ante tales puntos oscuros, cabe atender las siguientes pautas que se traducen en sugerencias atendibles:

Surge necesario incorporar desde y hasta cuando las partes podrán arribar a conciliación. Será oportuno que puedan arribar a conciliación a partir del momento de haberse recepcionado la declaración de imputado, porque es desde allí en adelante que la investigación cobra mayor relevancia y consistencia; luego, hasta antes de la apertura del Debate, por aplicación del principio de preclusión.

En el caso de que las partes concilien durante la etapa de la investigación penal preparatoria, debería entender en tal solicitud el Juez de Garantías. En los demás casos; es decir, de que se presente la solicitud de conciliación durante la etapa del juicio o plenario, deberá hacerlo el Tribunal de Juicio.

Además, cabe eliminar la frase “…del proceso…”, e incorporar la frase “…en el mismo proceso ni…”.

De tal modo el último párrafo podría quedar redactado del siguiente modo:

“El acuerdo podrá presentarse a partir de la declaración de imputado y hasta antes de la apertura del Debate. Si fuere presentado antes de la clausura de la investigación penal preparatoria, será resuelto por el Juez de Garantías, en los demás casos por el Tribunal de Juicio. En caso de incumplimiento, el proceso continuará según su estado. El imputado no podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba en la misma causa; ni pretender conciliar nuevamente en el mismo proceso, ni en otros pendientes o futuros.”.

Art. 417 ter SUSPENSIÓN DEL PROCESO

El Primer Párrafo preceptúa: “La suspensión del proceso a prueba podrá aplicarse a partir de la declaración indagatoria y hasta la clausura de la investigación penal preparatoria, en aquellos casos que determina la ley penal de fondo y también será competente el Juez de Garantías para resolver sobre su admisibilidad y procedencia en los casos en que sea solicitada antes de la elevación de la causa a juicio. Salvo que se trate de menores.”.

En este tema, existen puntos que resultan objeto de importantes objeciones: 1).- Hay que cambiar el término “declaración indagatoria” por “declaración de imputado”, por ser un término anacrónico y que no se condice con el sistema acusatorio vigente.

2).- También le cabe la objeción realizada al artículo 413, inciso 3), en lo que se refiere a la oportunidad hasta la cual se la puede pedir, ya que limita el momento hasta el cual se la puede pedir, fijándose hasta la clausura de la investigación penal preparatoria.

Conviene tener en cuenta al respecto, los siguientes aspectos:

Resulta vital la continuidad del sistema semi acusatorio que rige en el sistema procesal penal en el Chaco desde la sanción de la Ley 4538, inspirada en el Código Procesal Penal de Córdoba; consecuentemente, debe quitarse términos anacrónicos propios de la Ley 1062 de los proyectos en estudio. En tal sentido se hace indispensable sustituir el término “indagatoria” por “de imputado”.

A su vez, respecto al instituto de la “Probation”, conviene extender hasta antes de la apertura del debate, el momento procesal para peticionar la aplicación en cada caso concreto.

De tal modo que el Primer Párrafo podría quedar redactado así:

“La suspensión del proceso a prueba podrá aplicarse a partir de la declaración de imputado y hasta antes de la apertura del debate, en aquellos casos que determina la ley penal de fondo y también será competente el Juez de Garantías para resolver sobre su admisibilidad y procedencia en los casos en que sea solicitada antes de la elevación de la causa a juicio. Salvo que se trate de menores.”.

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