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Mar 02 2012

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Herederos de Roseo denuncian desamparo del gobierno y serias irregularidades en la expropiación

Herederos de Roseo denuncian desamparo del gobierno y serias irregularidades en la expropiación

 

El abogado que los representa advirtió que la causa penal podría cerrarse y elevarse a juicio sin investigar cuestiones claves que todavía no están esclarecidas. “Les pido justicia a las autoridades. Queremos conocer quiénes fueron los asesinos y quiénes están detrás”. Con esa frase, Nélida Cuellar develó su principal deseo, convertido en prioridad al margen de las urgencias diarias que deben afrontar por la frágil economía familiar. Es que para la ex concubina de Manuel Roseo resulta relevante encontrar a los asesinos del terrateniente muerto hace más de un año y de su cuñada Nelly Bartolomé.

Pese a la gran fortuna que encierra La Fidelidad, una de las extensiones de tierra más importantes del país en manos de un privado, la mujer que fue pareja del terrateniente padece diarias limitaciones para sostener la economía familiar, que tiene como únicos ingresos una pensión por discapacidad que cobra por su hijo menor, Emanuel Roseo Cuellar (9 años) y los 1.800 pesos mensuales que cobra Lucía Manuela Roseo Cuellar (18 años), quien continúa su trabajo como secretaria en la administración de la estancia.

El abogado que los representa, Gustavo Del Corro, denunció públicamente el desamparo total de la familia y “el despojo” de los pocos ingresos que les generaba la explotación forestal de algunas hectáreas de La Fidelidad, que ya estaban en producción cuando el terrateniente todavía vivía. Asimismo, calificó como “descabellado tratar de formar opinión alrededor de los 60 millones de pesos que dicen que vale, cuando en realidad está valuada en 819 millones de pesos”.

Nélida y sus hijos regresaron a Juan José Castelli, luego de un tiempo en Sáenz Peña donde fueron llevados por el letrado para preservar su seguridad e integridad. La realidad angustiante que viven hoy impide que Emanuel realice un tratamiento de alto costo que incluye una cirugía de columna. “Ahora necesita una silla equipada, especial”, comentó la mujer.

“Esta privación de los medios de subsistencia es un daño moral que las autoridades conocen perfectamente”, enfatizó Del Corro. Mencionó también los conflictos con los empleados de La Fidelidad, ya que la actividad en el Chaco está paralizada y, del lado formoseño, recién se están “abriendo las trabas legales”. En ese punto, gráfico también las limitaciones económicas de la ex concubina de Roseo para trasladarse hacia la vecina provincia y controlar las actividades.

“El diputado Ricardo Sánchez y el intendente de nuestro pueblo, Alberto Nievas, me prometieron que íbamos a tener una entrevista con el gobernador”, señaló Cuellar. Así recordó la única vez que el primer mandatario los recibió, hace más de un año. “Hasta la fecha, sabe que los herederos necesitan tener un contacto directo con él pero nunca se molestó por hacemos llegar una invitación para dialogar”, acotó Del Corro

“Una serie de aberraciones”

 

Para el abogado existe “una serie de aberraciones que se fueron sumando”. Así lo afirmó ante NORTE, en compañía de los dos hijos de Roseo y de la ex concubina del dueño de La Fidelidad. “Acá hay grandes violaciones a la ley de expropiación, a las garantías constitucionales y a los derechos esenciales del niño y del adolescentes”, resaltó. En ese orden advirtió que “el gobernador y todos sus funcionarios se están olvidando que son dos niños los que están luchando para que se les reconozcan sus derechos y están siendo despojados de todos sus ingresos”.

Sobre la expropiación, Del Corro resaltó que la ley establece un mecanismo para la valuación conjunta entre los particulares interesados y las autoridades públicas. “Es un procedimiento extrajudicial y voluntario que se llama avenimiento. Sin embargo, el gobernador está llevando todo al plano de la confrontación porque él maneja el poder”, subrayó.

Enseguida, dejó claro que los herederos coinciden con la idea de convertir a la estancia en un parque nacional protegido y resaltó que las tierras recién estarán expropiadas “cuando esté pagado” el monto de indemnización. Pero cuestionó el valor fijado de 60 millones, que es el dinero fijado como meta a reunir en el fideicomiso creado por el Ejecutivo provincial.

En ese orden, Del Corro advirtió “una enorme cantidad de irregularidades” en el trámite de expropiación, “y el incumplimiento permanente a la ley de expropiación 22.089”. Dijo que tampoco se hizo un estudio científico de la valuación ni fue comunicado a los herederos para que ellos hagan valer sus derechos. “Se sigue actuando a espaldas de los herederos de Roseo”, enfatizó.

“En todas partes del mundo, la tierra sube de valor. En el 2007, una mala valuación que se hizo a espaldas de Roseo dio 220 dólares por hectárea. Cómo ahora puede dar 80 dólares por hectárea”, planteó el abogado. “Sería la única parte del mundo donde el valor de la tierra baja”, acotó.

En ese punto puso como ejemplo que, por cada hectárea, hay alrededor de diez toneladas de leña tirada, unos 200 o 300 dólares por hectárea.

“Nos parece descabellado tratar de formar opinión alrededor de ese valor de 60 millones de pesos y pagarle esa suma a los herederos. El precio que tenemos nosotros y está dado por una tasación judicial con una valuación científica de la tierra da 1.250 dólares por hectárea. Por eso, no puede ser que, de golpe, el gobierno la baje a 80 dólares por hectárea”, contrastó.

Fue más allá y señaló que “es evidente que no tienen claridad ni seriedad para encarar el proceso de expropiación”.

 

Proceso irregular

 

Sobre el proceso de expropiación, Del Corro explicó que, tras la declaración de utilidad pública de las 150 mil hectáreas (en diciembre pasado), existe un plazo para que la autoridad pública realice la valuación del terreno. La misma estará a cargo de una Junta de Evaluación -según la ley-, con-formada por miembros del gobierno provincial.

“No se ha hecho. La valuación que tenemos es la que da, de boca, el gobernador y no sabemos de dónde sale”, afirmó. “La ley establece que, cuando se hace la valuación, se pasa al fiscal de Estado y éste debe notificar a los herederos”, indicó el letrado. Enfatizó al respecto que, para llegar al valor final de esos terrenos, deberá realizarse un estudio fundado y científicamente apoyado. “Estos 60 millones de pesos se tiran al azar como un globo de ensayo para ver qué dice la opinión pública”, gráfico

 

Explotación forestal

 

Por otra parte, el abogado se refirió al rechazo del amparo presentado para que tos herederos pudieran continuar con la explotación forestal de unas mil hectáreas, ya explotadas anteriormente por Roseo. “Desde el principio señalamos que había resistencia a que los herederos continúen con la explotación de la masa boscosa.

Primero en forma encubierta y luego ya abiertamente, el gobernador, el ministro de Economía y el director de Bosques blanquearon la oposición a esa explotación que había sido ordenada judicialmente”, sostuvo.

De esta manera se refirió a los impedimentos para el otorga-miento del permiso forestal para la explotación de aprovechamiento que tenía vigente hasta agosto del año 2012.

Es que, tras la muerte de Roseo, el administrador judicial fue autorizado a seguir trabajando y correspondía a los herederos como continuadores de la persona del fallecido obtener los resultados de esa explotación.

“Primero se trabó en forma encubierta con diversas mentiras de que no estaba el expediente administrativo o que no firmaba el director de Bosques, Miguel Ángel López. Y luego, cuando se agotaron las excusas, se trabó en forma frontal”, resaltó Del Corro.

Al respecto consideró “algo descabellado” decir que los herederos pretendían la explotación de 170 mil hectáreas. “No existe en la reglamentación de Bosques un permiso de esa dimensión. Los permisos que se trataban de seguir explotando eran los que ya tenía concedidos Manuel Roseo, dos permisos de 500 hectáreas cada uno”, recordó finalmente el abogado.

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