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Feb 24 2015

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El Centro Mandela denuncia la venta irregular de tierras fiscales en el Chaco

Martes, 24 de Febrero de 2015
En la zona de El Impenetrable y Pampa del Infierno, la organización que preside Rolando Núñez detalló un caso donde el Instituto de Colonización cedió la comercialización de un predio de 2.459 hectáreas. Así, resaltaron que el desmonte avanza.

 

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El Centro de Estudios Nelson Mandela viene denunciando la venta de tierras fiscales de manera irregular desde hace tiempo, resaltando la importancia de estas actividades y a las que nadie atiende, dejando que el patrimonio provincial se pierda y que el desmonte avance en el territorio del Chaco.
En esta oportunidad, Rolando Núñez, titular del Centro, detalló un caso donde puede observarse la responsabilidad del Instituto de Colonización. Según cuenta en un documento, en 2007 se creó un expediente en este organismo, (321/2007) con el registro de una aprobación de transferencia de tierras fiscales a favor de Luís Angel Lofeudo.
La propiedad en cuestión fue la parcela 349, circunscripción VII, zona B del Departamento Almirante Brown, con una superficie de 2.459 hectáreas. La aprobación de la venta se instrumentó el 21 de noviembre de 1995, a través de la resolución 892. Luego, se realizaron otras transferencias a favor de personas oriundas de Buenos Aires, generándose una disputa judicial por derechos hereditarios entre Lucas Emiliano Cristóbal y el heredero de quien en vida habría vendido sus mejoras, que fue Hugo Néstor Báñez.
En el expediente se agregó una planilla de inspección que fue realizada el 6 de noviembre de 2006 por Walter Ferreyra, quien informó que el ocupante era Lucas Emiliano Cristóbal, desde hacía varios años. Detalló una serie de importantes mejoras realizadas, como también la existencia de ganados y de actividad productiva. Después, el 4 de diciembre de 2007, se dictó la resolución 925 a través de la cual se otorgó la posesión de la tierra a favor de Cristóbal.

FALTA DE COMPROMISO

«El 20 de diciembre de 2012 se presentó en Colonización el doctor Gustavo Chapur y solicitó que el referido predio fiscal fuera adjudicado en venta a favor de Adalberto Omar Campana, quien se comprometería a abonar el canon correspondiente. Argumentó que la situación se encuadraba en lo establecido por el decreto 1732/12, que exhorta al Fiscal de Estado a adoptar medidas para la mejor atención, seguimiento y finalización de los juicios iniciados a partir de la adjudicación, venta o titularización irregulares de tierras fiscales, con la finalidad de llegar a transacciones judiciales o extrajudiciales convenientes a los intereses del Chaco. Lo concreto es que tal decreto no debió aplicarse en el caso Campana porque no tenía nada que ver con la cuestión, ni con precedentes similares, además de que en Colonización nunca se pagaron cánones, ni siquiera en los proyectos de subdivisiones prediales», explicaron desde el Centro.
«Luego, Campana presentó documentaciones de las que surge que se domiciliaba en Perón 2375, de la ciudad de Buenos Aires. A fojas 216 el agente Ramón Taboada, quien también realizó la inspección en el resonante caso Hupaluk, informó que el 7 de septiembre del 2013 fue atendido por Rodrigo Gauna y Bernardino Villalba, quienes le manifestaron que el campo era de Adalberto Campana. El referido agente público detalló las mismas mejoras que ya habían sido descriptas por el agente Walter Ferreyra, que coinciden con las detalladas, el 27 de octubre de 2004, por el Doctor Gustavo Del Corro como apoderado de Cristóbal. O sea que el agente de Colonización no tuvo en cuenta ni miró el expediente o realizó las inspecciones sin llevar el expediente en mano, como correspondía. Por lo tanto, cabe suponer razonablemente que Taboada no cumplió cabalmente con su función de inspector que debe defender los intereses del Estado», agregó Núñez.
Ante la cantidad de situaciones de estas características en el interior provincial, el titular del Centro Nelson Mandela aseguró que «este y otros casos especiales, gestionados con tanta rapidez y sin que se respetaran todas las pautas legales, también descubre la extraordinaria lentitud, morosidad e injusticia que se producen en los trámites de la gran mayoría de pequeños productores o minifundistas que aspiran a que se les adjudique en venta campos fiscales de reducidas superficies, que la mayoría de las veces no constituyen unidades productivas más básicas o elementales, que naturalmente los condena a la pobreza o a la indigencia permanente como población rural del Chaco».

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