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Mar 02 2012

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Acción de inconstitucionalidad: El fallo es corporativo, afirma el Centro Mandela

Acción de inconstitucionalidad: El fallo es corporativo, afirma el Centro Mandela.

 

El abogado Rolando Núñez afirma que el fallo del Superior Tribual de Justicia ad hoc es arbitrario y desatinado

 

El fallo del Superior Tribunal de Justicia ad hoc, que desestimó la acción de inconstitucionalidad contra los jueces Ramón Ávalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo, dictó “una sentencia corporativa”, afirmó el Centro Marídela y sostuvo que los jueces Antonio Mondino, Nora Fernández de Vecchietti, Emilia de ümansky, Marta de la Vega y Mercedes Riera “no podían sacar una sentencia con un fundamento tan débil y tan inapropiado. Pero en primer lugar, esto pone en duda la independencia interna del Poder Judicial”, marcó Antonio Gait, Amilkar Romanut y Adolfo Muller cuestionaron la ilegitimidad de las designaciones de Ávalos, Franco y Toledo como jueces del Superior Tribunal de Justicia porque establece la Constitución de la Provincia del Chaco, aspecto cuestionado por el Estado provincial en otra acción de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución.

“Esta sentencia, además de ser arbitraria, es absolutamente desatinada. Lo que debiera hacer un tribunal neutral, independiente y transparente es resolver sobre la cuestión de fondo y no argumentar en el sentido de que los tres accionantes no tienen legitimación activa”, afirmó el coordinador de la entidad, Rolando Núñez, en relación al argumento con el que se desestimó. El abogado también marcó que el fallo es de “gravedad institucional, arbitrario y desatinado” y que “emana de la visión corporativa del Poder Judicial.

Pretendidos fundamentos

Por eso sostuvo que “los pretendidos fundamentos del fallo son absolutamente inapropiados” y apuntó a que Gait, Romanut y Muller pueden interponer el recurso federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese planteo debe ser interpuesto ante el Superior Tribunal de Justicia que sentenció en la causa y si considera que están reunidos los requisitos concede y eleva todo el expediente a la Corte Suprema pero también puede desestimarlo. En ese caso los accionantes pueden ir a la Corte por medio de un recurso de queja, y luego analizará y se pronunciará.

Si la Corte admite que los actores tienen legitimación activa para haber promovido la acción de inconstitucionalidad el paso posible es ordenar que se dicte una nueva sentencia y se pronuncie sobre una cuestión de fondo.

Acción popular

“La acción de inconstitucionalidad fue creada fundamentalmente por Edgardo Rossi, cuando elabora esta herramienta procesal cuyo nombre completo es ‘Acción Autónoma de Inconstitucionalidad’ le reconoce el carácter de derecho público y acción popular”, preciso.

En su obra jurídica Rossi señaló que esa medida es de Derecho Público porque “promueve la participación popular de ia comunidad de lo que es la tarea de control de cumplimiento de la Constitución”. Esa a es una ineludible “de toda persona, de todo ciudadano, hacia cualquier violación de cualquiera de sus cláusulas o artículos” y que por ser de Derecho Público la acción de inconstitucionalidad “no requiere el presupuesto del perjuicio particular que es característico si fuera de Derecho Privado”.Así el creador de la acción pone a la misma fuera del Derecho Privado, del interés particular y que “no se necesita que aquel que inicie la acción de inconstitucionalidad pruebe esté afectado algunos de sus derechos subjetivos o patrimoniales”. Al respecto Núñez sostuvo que Rossi señaló eso “porque no está en juego el interés particular sino el interés público o general de remediar la violación constitucional”.

Por lo tanto, dice que “cualquier persona que pueda pre¬sentarse ante un tribunal tiene la legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad y está perfectamente legitimado”.Además, otros autores que consideraron esta medida procesal, sostienen que la legitimación activa para iniciar una acción de inconstitucionalidad es una legitimación ampliada, extendida, que significa que es mucho mayor que la legitimación en un sentido clásico, tradicional que la del Derecho Privado”.

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