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Mar 02 2012

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Tras rechazo a una acción de inconstitucionalidad. “Al Estado no le podrían plantear la falta de legitimidad”

Tras rechazo a una acción de inconstitucionalidad.

“Al Estado no le podrían plantear la falta de legitimidad”.

 

Lo afirmó el fiscal de Estado subrogante, Edgardo Aguirre Hayes, con respecto a la acción impulsada por el gobierno chaqueño para que la Justicia determine si fueron constitucionales las designaciones de los jueces del STJ Avalos, Franco y Toledo.

Dr. Edgardo Aguirre Hayes, fiscal de Estado ad hoc

El fiscal de Estado subrogante ad hoc, Angel Edgardo Aguirre Hayes, consideró que “la cuestión de la falta de legitimación no se me podría plantear como se la hicieron a los tres ciudadanos para mi en forma bastante arbitraria”. Así, el representante del gobierno chaqueño se refirió a la definición que adoptaría el Superior Tribunal de Justicia ad hoc con respecto a la acción de inconstitucionalidad contra las designaciones de los jueces Ramón Avalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo en el máximo órgano de justicia del Chaco, luego de haber rechazado un planteo similar por parte de tres ciudadanos chaqueños.

Vale recordar que el STJ ad hoc consideró que los ciudadanos chaqueños no tenían “legitimación” para impulsar ese recurso por no poder comprobar ser directamente damnificados por la designación supuestamente ilegal de los magistrados al no rendir concurso de antecedentes y oposición como lo prescribe la Constitución Provincial.

En diálogo con RADIO CIUDAD, Aguirre Hayes coincidió con los cuestionamientos a la sentencia realizados por el Centro Mandela. Consideró que “cuando se trata de una acción de inconstitucionalidad por el cual se cuestiona la designación de los tres jueces del Superior Tribunal en realidad existen intereses de orden superior los que están en juego. No solamente los intereses individuales de las personas sino el interés colectivo, que se cumpla con la Constitución y el respeto por la división de poderes”.

El abogado consideró que “jueces nombrados mediante procesos espurios de manera alguna pueden satisfacer la exigencia constitucional de que ellos sean jueces realmente independientes”. Y subrayó que “hay un interés colectivo, no solamente individual sino un interés social”.

 

No corresponde el juicio político

 

“Llama la atención que los jueces se hayan escapado por la tangente sin ir al fondo y analizar realmente si son o no constitucionales los procesos de selección”, señaló Aguirre Hayes. No obstante, observó que uno de los magistrados del STJ ad hoc insinuó que a los jueces cuestionado sólo se los podría destituir a través de juicio político. En ese sentido, consideró que “solamente puede ser sometido a juicio político para tratar cuestiones por actos posteriores a la designación. El hecho que hayan asumido no legitima absolutamente nada en cuanto al proceso de selección ni se afecta ningún proceso de independencia del poder judicial porque un juez que no es de la Constitución no puede tener estabilidad”.

El representante del Estado chaqueño citó el caso de la remoción arbitraria de un fiscal en la provincia de Santa Cruz y que la Corte Suprema de la Nación lo repuso en su cargo a pesar de que su cargo ya había sido ocupado por otro fiscal avalado por una ley. “La Corte dijo que cuando en un proceso se declara la inconstitucionalidad de una norma nadie puede pretender la estabilidad en el cargo o hacer planteos sobre derechos subjetivos constitucionalmente tutelados cuando justamente se declara la inconstitucionalidad de su nombramiento”, precisó.

“Es un fallo que llama la atención si lo vinculo con las declaraciones de la doctora María Luisa Lucas cuando asumió el cargo (como presidente del STJ) que anticipó el resultado de esta causa. No sé cómo porque ella no tendría por qué saberlo”, apuntó.

 

La actualidad de la acción del Estado

 

Con respecto a la actualidad de la acción impulsada por el Estado chaqueño, Aguirre Hayes precisó que se está notificando a los tres jueces cuestionados sobre el planteo pero destacó que en este caso existe un decreto del gobernador –previo a la designación de Aguirre Hayes como fiscal de Estado subrogante- “que reconoce la inconstitucionalidad de las tres designaciones fundadamente”. “En mi caso soy fiscal de Estado subrogante la cuestión de la falta de legitimación no se me podría plantear como se la hicieron a los tres ciudadanos para mi en forma bastante arbitraria”, reflexionó.

Por último, avizoró que una vez notificados los tres magistrados cuestionados plantearán “chicanas procesales que son comunes entre los abogados, y acá van a plantear todo”.

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