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Feb 28 2012

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Más detalles del fallo adverso al exsubsecretario de Información Pública del Chaco

RESISTENCIA • Martes 28 de Febrero de 2012 • NORTE *

Más detalles del fallo adverso al exsubsecretario de Información Pública.

La Justicia preservó la dimensión individual y social de la libertad de expresión.

 

 “La libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social”. Así lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado en forma inequívoca que “quienes están bajo la protección de la Convención (Pacto de San José de Costa Rica) tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás”.

Ese es uno de los párrafos destacados de las 21 carillas que conforman la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Resistencia, que rechazó la demanda entablada por Carlos Carossini contra Rolando Núñez, presidente del Centro de Estudios Nelson Mandela, y Orlando Núñez, titular del Sindicato de Prensa del Chaco. A fines de 2004 el Centro Mandela había divulgado en una conferencia de prensa -realizada en el local del gremio de periodistas- los gastos publicitarios realizados durante los ocho años de gobierno de Ángel Rozas, instrumentados a través de la Subsecretaría de Información Pública al mando de Carossini.

Deja sentado el fallo que de la causa penal surge que hubo un primer informe de gastos de publicidad de la Contaduría General que fue erróneo. Era el que hablaba de gastos por 436.804.421,47 pesos. Y señala un segundo informe rectificatorio, emitido días después de la conferencia, que habla de erogaciones publicitarias por 89.906.118,86 pesos.

El exfuncionario y excomerciante gastronómico había demandado a ambos dirigentes por daño moral, reclamando el pago de un resarcimiento de 250.000 pesos más intereses, o el equivalente según los términos del artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial. En esa demanda, Carossini esgrimió como fundamentos que debía tener en cuenta el juez “factores como el efecto producido por la difamación, humillación anterior y actual, permanencia de la misma, difamación perjudicial anterior, actual y futura, escarnecimiento producido, capacidad intelectual de los accionados, capacidad económica de los demandados e incidencia social de la difamación”.

 El fallo

 

“La conferencia de prensa se enmarcó en la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos que permite difundir información de marcado interés público, como es el gasto de publicidad y propaganda pagada con dinero público”, interpretó la jueza Gladys Zamora en su sentencia. Y agregó: “Las conclusiones y opiniones que dio a conocer, como la documentación entregada a los periodistas, se fundaron en un informe confeccionado por la Contaduría General de la Provincia, que respetó literalmente, citando la fuente oficial de información”.

También señala, en cuando a las opiniones o valoraciones vertidas en oportunidad de dar a conocer la información sobre el gasto público, que Rolando Núñez “se ha valido de un lenguaje que incluye opiniones críticas sobre ciertas circunstancias que han sido mencionadas asertivamente”. En ese punto cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indicaba “no puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social”.

En ese orden, la jueza consideró que “las opiniones críticas vertidas por Rolando Núñez, aun cuando puedan considerarse ácidas, fuertes o punzantes, tienen la finalidad de cuestionar las políticas públicas del gobierno en ejercicio en el período 1996-2003, incluso en otras áreas ajenas a la Información Pública. (En tanto), no se advierte que ataquen a la persona del actor, menos aún con expresiones ofensivas, innecesarias, del tipo de insultos, que excedan el marco del debate público sobre temas de marcado inte rés general”.

No obstante, considera “entendible” que el exfuncionario “se haya sentido afectado por los hechos que dan origen a esta demanda (…) pero ello forma parte del precio que hay que pagar por vivir en un Estado de Derecho que respeta la libertad de expresión”. Más adelante indica, en cuanto a lo manifestado por Orlando Núñez en la apertura de la conferencia, que el dirigente sindical “se ha limitado a reiterar la posición del Sindicato de Prensa en punto al manejo de la pauta publicitaria, en términos objetivos, con moderación, sin emitir expresiones o valoraciones que puedan agraviar a la persona del actor”.

¿Agravios, agresiones, ofensas?

Al presentarse ante la Justicia provincial para entablar la demanda, Carossini había denunciado que “cuando se ha cargado contra el gasto publicitario durante el período en que se desempeñara como gobernador Ángel Rozas, directa o indirectamente, nombrándoselo, publicándose fotografías suyas contratitulares o refiriéndose al subsecretario de Información Pública” se lo ha agraviado, agredido verbalmente, ofendido y afectado su honor, consecuentemente, su hombría de bien”. Dijo luego que se le imputaron “conductas deshonestas so pretexto de la realización de un gasto publicitario de 500 millones de pesos”.

Argumentando que los diri-gentes, al exponer esa información, “sabían que la agresión era perpetrada contra su persona” por estar al frente del área que tenía a cargo la contratación en forma directa de toda publicidad oficial, Carossini reclamó “daño moral”. Pidió así que fueran tenidos en cuenta factores como “el efecto producido por la difamación, humillación anterior y actual, permanencia de la misma, difamación perjudicial anterior, actual y futura, escarnecimiento producido, capacidad intelectual de los accionados, capacidad económica de los demandados, incidencia social de la difamación, todo lo cual implicará seguramente arribar a una suma indemnizatoria verdaderamente integral y reparadora”.

 

 

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El fallo

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