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Ene 30 2015

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Human Rights Watch puso como ejemplo de abuso policial la represión perpetrada en el Chaco

29/01/2015 Para ejemplificar los casos en donde se cometieron abusos policiales en Argentina durante 2014, la organización no gubernamental internacional, Human Rights Watch, se refirió a la brutal represión perpetrada contra sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales el 4 de junio a manos de la Policía del Chaco. Afirmó que en esa oportunidad hubo más de 100 personas heridas.

La prestigiosa organización internacional, Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), publicó esta semana su Informe Mundial 2015, donde se aporta un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en más de 90 países. En el apartado dedicado a la Argentina criticó en duros términos los abusos policiales que se cometieron el año 2014 en el país. Entre los ejemplos, citó la represión perpetrada por la Policía del Chaco en el centro de Resistencia, donde se disipó una protesta social y gremial a cachiporrazos, balas de goma y gas lacrimógeno, dejando como saldo más de 100 heridos.

“Los abusos policiales siguen siendo un problema grave, a pesar del compromiso que tomaron en 2011 autoridades de al menos 19 provincias quienes se comprometieron a no recurrir al uso excesivo de la fuerza cuando se trata de protestas públicas”, señala el documento. En esta línea, la ONG recordó dos casos paradigmáticos de represiones acaecidas en provincias de Argentina el año pasado: una cometida en Tucumán y la otra en Resistencia, Provincia del Chaco.

“En mayo de 2014, 22 personas resultaron heridas después de que fuerzas de policía locales dispersaron una manifestación de trabajadores en la provincia de Tucumán, utilizando balas de goma y porras de la policía con demasiada fuerza, de acuerdo con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). En junio, la policía de la provincia de Chaco disparó balas de goma contra manifestantes. Los golpearon y detuvieron, dejando más de 100 heridos”, sostiene el informe.

Cabe recordar que el 4 de junio fue una jornada negra para el Chaco. Ese día, el gremio UPCP, sindicatos docentes y organizaciones sociales, campesinas e indígenas confluyeron en una multitudinaria movilización a la Casa de Gobierno. Antes de llegar, fueron sorprendidos por un exorbitante despliegue de las fuerzas policiales que desalojaron a los manifestantes a fuerza de gases lacrimógenos, balas de goma y policías de la montada cazando a hombres, mujeres y niños, y con particular saña a los miembros de las comunidades indígenas. Quien dio la orden de reprimir fue el gobernador interino, Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

Contradicciones

A nivel país, HRW considera que el historial de derechos humanos en Argentina “sigue siendo contradictorio”. “Mientras que muchas de las libertades fundamentales están protegidos, todavía la preocupación existente, incluyendo las amenazas a la libertad de expresión, la falta de completa libertad de información, abuso policial, las malas condiciones carcelarias, las barreras para acceder a los productos y servicios de salud reproductiva, y la falta de protección de los derechos indígenas”.

“Argentina sigue teniendo progresos significativos en materia de derechos LGBT y el enjuiciamiento de los funcionarios por los abusos cometidos durante la ‘guerra sucia’ (1976-1983), aunque los ensayos han sufrido retrasos”, afirma el documento.

En cuanto a la libertad de expresión, la ONG indica que las “multas y procesos judiciales penales en casos específicos han socavado el derecho de publicar libremente información de interés público”. “En 2011, la Secretaría de Comercio impuso una multa de 500.000 pesos (aproximadamente US $ 125,000) a 11 economistas y empresas de consultoría para la publicación de las estadísticas de inflación no oficiales que cuestionan la exactitud de las oficiales”, recuerda. “Uno de los economistas, Graciela Bevacqua, fue objeto de dos multas, y fue también investigado penalmente a petición del ex secretario de Comercio (Guillermo Moreno) por supuestamente ‘defraudar al comercio y la industria’. A partir de noviembre de 2014, la causa penal, junto con uno de los multas contra Bevacqua quedaron pendientes”, indica.

“En mayo, el periodista Juan Pablo Suárez fue acusado de ‘incitación a la violencia colectiva’ con la intención de ‘aterrorizar a la población’. Los primeros fiscales habían invocado una ley 2011 que permite el aumento de penas para ciertos delitos de ‘terrorismo’. Suárez, que trabaja para un medio de comunicación digital, había publicado información sobre los choques de la policía en la provincia de Santiago del Estero. La pena agravada fue abandonada tras la fuerte reacción negativa del público, pero el caso contra Suárez continuó en el momento de la escritura”, sostiene el informe.

“En 2011, el periodista Juan Alberto Gaspari fue multado con 50.000 pesos (unos 12.500 dólares) por criticar a un funcionario público en Mendoza. Según Gaspari, el padre del funcionario público, quien fue “desaparecido” durante la dictadura militar de Argentina, no había sido el dueño legítimo de la tierra. A partir de noviembre de 2014, un recurso de apelación seguía pendiente ante el Tribunal Supremo”, señala el documento.

Para HRW, “la ausencia de criterios transparentes para el uso de los fondos del gobierno a nivel federal y en algunas provincias para comprar anuncios en los medios, crea un riesgo de discriminación en contra de los medios de comunicación que critican a los funcionarios del gobierno”. “En 2007 y 2011 dos sentencias de la Corte Suprema de la Nación consideró que, si bien las compañías de medios no tienen derecho a recibir contratos de publicidad pública, los funcionarios del gobierno pueden no aplicar un criterio discriminatorio al momento de decidir dónde colocar los anuncios”, subraya.

“Argentina no tiene una ley nacional de garantizar el acceso público a la información en poder de organismos gubernamentales”, critica la ONG. “Un decreto presidencial vigente en la materia sólo se aplica al Poder Ejecutivo Federal, y algunos gobiernos provinciales han adoptado regulaciones para sus jurisdicciones”, sostiene.

“En 2009, el Congreso aprobó una ley para regular los medios de difusión, que incluye disposiciones para aumentar la pluralidad en los medios de comunicación. En 2013, la Corte Suprema estableció parámetros claros respecto a cómo la ley debe aplicarse para proteger la libertad de expresión. Sin embargo, la autoridad federal a cargo de la aplicación de la ley no se ha asegurado una amplia gama de perspectivas en la programación de los medios de comunicación estatal”, cuestiona el documento.

“En 2014, se adoptó unilateralmente un plan para forzar el mayor conglomerado de medios de Argentina, el Grupo Clarín, para cumplir con los límites de la ley sobre medios de radiodifusión de propiedad, después de rechazar la propuesta de la empresa sobre la forma de hacerlo”, remarca.

Justicia Transnacional

HRW también dedica unas líneas al caso AMIA, las cuales fueron redactadas antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Al momento de escribir”, señala la ONG, “nadie ha sido condenado por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires de 1994, que mató a 85 personas e hirió a más de 300. Desde principio de la investigación, la corrupción judicial y la obstrucción política impidieron avanzar en las investigaciones y procesos penales”.

“En enero de 2013, Argentina e Irán, sospechoso de haber ordenado el ataque, firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para crear una comisión internacional de juristas para revisar la evidencia e interrogar a sospechosos iraníes identificadas por la Argentina. En mayo de 2014, un tribunal federal argentino determinó que el MOU era inconstitucional. Al momento de escribir, el fallo estaba en apelación y el memorando de entendimiento no se ha aplicado”, indica.

Frente a los abusos del pasado

“Varios casos de violaciónes de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983) fueron reabiertos en 2003 después que el Congreso anuló las leyes de amnistía existentes”, valora HRW. “Posteriormente, el Tribunal Supremo dictaminó que las leyes de amnistía eran inconstitucionales, y los jueces federales revocó el indulto a favor de ex funcionarios condenados o enfrentan juicio por, violaciones de los derechos humanos”.

“En agosto de 2014, se habían realizado 121 juicios por los crímenes de lesa humanidad procedentes de la dictadura, lo que resulta en 503 condenas. El Centro de Estudios Sociales (CELS) ha informado que 42 personas han sido absueltos durante la instrucción y otros 1.611 sospechosos están siendo investigados”, indica HRW.

“Dado el gran número de víctimas, los sospechosos y casos, los fiscales y los jueces se enfrentan a desafíos en llevar a los responsables ante la justicia a la vez que se respetan los derechos de debido proceso de los acusados. Otras preocupaciones incluyen retrasos en los juicios significativos, el hecho de no capturar a dos oficiales militares convictos que escaparon en julio de 2013, y la suerte no resuelta de Jorge Julio López, un ex víctima de la tortura que desapareció en 2006, un día antes de que se debió a asistir al juicio de uno de sus torturadores”, remarca.

HRW también celebró la recuperación del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Argentina ha logrado avances significativos en la identificación de hijos de desaparecidos que fueron apropiados ilegalmente durante la dictadura, y conectarlos con sus familias biológicas. En julio de 2014, el Banco Nacional de Datos Genéticos identificó el nieto de Estela de Carlotto, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. A partir de agosto, se habían encontrado 115 nietos. Al momento de escribir, un desafío legal a una ley de 2009 que limite la recolección de muestras de ADN a los casos de la dictadura estaba pendiente ante el Tribunal Supremo”, indica.

“En diciembre de 2013, César Milani, jefe de las fuerzas armadas, fue ascendido a jefe del Estado Mayor, a pesar de estar bajo investigación penal por la desaparición en 1976 de un soldado en la provincia de Tucumán, y la tortura de un civil en la provincia de La Rioja en 1977”, gestiona.

Condiciones penitenciarias

HRW marcó especial preocupación por la situación carcelaria de la Argentina. “El hacinamiento, los malos tratos a manos de guardias de prisiones, instalaciones inadecuadas, y la violencia entre internos continúan siendo un grave problema en las prisiones. Según la Oficina Nacional Penitenciario (Procuración Penitenciaria de la Nación), un organismo oficial creado por el Congreso, hubo 88 muertos, entre ellos 41 de los violentos, en las cárceles federales, entre enero de 2013 y octubre de 2014. La oficina también documentó 724 casos de tortura o malos tratos en las prisiones federales en 2013, y 520 en los primeros 10 meses de 2014”, sostiene el texto.

Derechos indígenas

“Los pueblos indígenas de Argentina se enfrentan a obstáculos en el acceso a la justicia, la tierra, educación, salud y otros servicios básicos”.

“Las leyes existentes obligan al gobierno a realizar un estudio de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas antes de noviembre de 2017, antes de que las autoridades de fecha no puede desalojar legalmente a las comunidades. En junio de 2014, ocho organizaciones de derechos humanos presentaron un amicus curiae ante la Corte Suprema, con el argumento de que una encuesta de la tierra en la provincia de Formosa no había garantizado los derechos de los miembros de la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh”.

Derechos Reproductivos

“El aborto es ilegal en Argentina, con excepciones limitadas, y las mujeres y las niñas se enfrentan a numerosos obstáculos que acceden los productos y servicios de salud reproductiva, como la anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación o si la salud o la vida de la mujer está en riesgo (la algunas circunstancias en las que no se castiga aborto). Estas barreras significan que las mujeres y las niñas pueden enfrentar embarazos no deseados o de salud o potencialmente mortales, y están sujetas a un proceso penal por la búsqueda de abortos”.

“En junio de 2014, después de que consultaron por dolor abdominal, una mujer en la provincia de Jujuy fue arrestado y acusado de homicidio basado en la sospecha de que había tenido un aborto. La mujer, que más tarde confesó bajo coacción que ella tuvo un aborto tras ser violada, seguía encarcelado en el momento de la escritura, junto con dos compañeros de trabajo que también fueron acusados de homicidio por su presunta participación en el procedimiento”.

“En un fallo histórico en marzo de 2012 la Corte Suprema determinó que la autorización judicial previa era necesaria para el aborto por violación e instó a los gobiernos provinciales para garantizar el acceso a abortos legales. A partir de marzo de 2014, más de la mitad de las 23 provincias de la Argentina aún no había adoptado protocolos que cumplieron con los requisitos de la corte, de acuerdo con los grupos locales”.

Orientación Sexual e Identidad de Género

“En 2010, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil permite a las parejas del mismo sexo para entrar en los matrimonios civiles y establece la igualdad de derechos y las protecciones legales del matrimonio otorgadas a parejas de distinto sexo que incluyen, entre otros, los derechos de adopción y las pensiones. Desde entonces, casi 10.000 parejas del mismo sexo se han casado en todo el país”.

“En 2012, la Ley de Identidad de Género hito estableció el derecho de las personas mayores de 18 para elegir su identidad de género, se someten a un cambio de sexo, y revisar los documentos oficiales sin ninguna aprobación judicial o médica previa. Procedimientos de reasignación quirúrgicos y hormonales están cubiertos como parte de un seguro de salud públicos y privados”.

Actores internacionales

“Un informe de diciembre 2013 del Comité contra la Desaparición Forzada, el organismo que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconoció que la legislación desapariciones forzadas de Argentina está muy en línea con sus obligaciones internacionales, pero observó con preocupación que datos estadísticos disponibles son insuficientes para evaluar el cumplimiento de las normas internacionales”.

“En abril, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se encontró que las autoridades argentinas habían logrado garantizar que un preso con discapacidad tienen igualdad de acceso a las instalaciones y los servicios penitenciarios, y subrayó la obligación del Estado de adoptar medidas para corregir esta situación y evitar violaciónes similares en otros casos”.

“Impulsada por su crisis de deuda, Argentina impulsó una resolución internacional sobre la reestructuración de la deuda soberana, argumentando que era necesario que los gobiernos cumplan con las obligaciones ciertos derechos. En septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una, establecer un marco multilateral para ayudar a los países que enfrentan dicha reestructuración. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina apoyó la acción de la ONU para poner violaciónes de los derechos humanos en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los Territorios Palestinos Ocupados, y Siria bajo estrecha vigilancia. Argentina ha sido un líder de los esfuerzos internacionales para proteger mejor a las escuelas a través del proceso para desarrollar y aplicar las Directrices para la Protección de Lucens Escuelas y Universidades de uso militar durante los conflictos armados”.

“En septiembre de 2014, Argentina fue uno de los copatrocinadores de una importante resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. La resolución se pide a la Alta Comisionada para los derechos humanos para actualizar un informe de 2012 sobre la violencia y la discriminación, con el fin de compartir las mejores prácticas para superar estos abusos”, finaliza el apartado.

Se puede consultar el informe completo de HRW en inglés en esta dirección: http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf

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