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Ene 28 2015

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La audiencia fue fijada para el 24 de febrero

Fuente: publicación de Diario NORTE del día miércoles 28 de enero de 2014, sección Locales, pág. 8.-

Las expresiones del presidente del Consejo de la Magistratura, Marcos Verbeek, respecto al enjuiciamiento que se tramita contra la jueza Amanda Corchuelo, motivó la reacción del Centro Mándela quienes salieron al cruce de los dichos del funcionario considerando “posible gravedad institucional”.

A través de un escrito, sostienen que el 14 de enero NORTE publicó una nota cuya fuente de información fueron las expresiones del actual presidente del Consejo, Verbeek, quién “cometió errores manifiestos que resumidos permiten que sean calificados como opinión desinformada, además de que incurrió en interpretaciones sumamente incorrectas sobre varios puntos, que incluyó el desacierto de la fecha fijada para la realización del juicio oral y público, dado que la audiencia ha sido fijada para el 24 de febrero de este año.

Las diferencias
Como primer punto advirtieron que en la nota se hizo referencia que Corchuelo fue acusada en 2008 por el diputado Ricardo Sánchez, por dar amparos a favor de los videopóker. Al respecto dieron cuenta que “tal información no es veraz. La jueza no otorgó ningún amparo a favor de las empresas que explotaban el juego, sino que simplemente otorgó una sola medida cautelar, de carácter provisorio, a favor de 165 trabajadores tomándose en cuenta el fuero a su cargo y los derechos que debía tutelar.
Explicaron que dictó la resolución cautelar provisoria en virtud de que los empleados habían sido despedidos sin que se les abonara la correspondiente indemnización. Dicha medida fue dictada en octubre del año 2007 y no fue apelada por las partes que intervenían en el juicio, sobresaliendo que Lotería Chaqueña consintió el fallo provisorio, que poco después “fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia por medio de un trámite sin precedentes y de manera acelerada”
De cualquier manera, resaltan que la medida cautelar dejó de tener vigencia en poco tiempo y la situación volvió al estado anterior a que fuera dictada. Sin embargo, “el diputado Sánchez irregularmente realizó su denuncia en octubre de 2010, o sea a casi tres años de la cautelar dictada por la doctora Corchuelo, es decir cuando la misma ya no tenía vigencia desde hacía mucho tiempo. La jueza fue ligeramente cuestionada por el denunciante por mal desempeño; no obstante, nunca fue acusada de cometer delitos, lo que se extiende a lo largo de sus más de treinta y cinco años de ser funcionaría judicial’.’

Más de 4 años
Entre los cuestionamientos a las declaraciones de Verbeek también refutaron que la causa avanzara rápidamente, reseñando que “desde hace cuatro años y cuatro meses que no se han dictado las resoluciones contempladas en la legislación vidente, según los plazos fatales previstos en cada caso. Esto condujo, inexorablemente, a que el Consejo de la Magistratura incurriera en morosidad manifiesta en dos oportunidades, en las que el enjuiciamiento debió haber caducado según los planteos que realizaran la defensa técnica, que fueron rechazados por la arbitrariedad de los pronunciamientos de aquel organismo. A la hora de reseñar estos rechazos que tuvo la defensa, recordaron que la primera se produjo al inicio del proceso cuando por la resolución del 27 de septiembre 2010 se consideró admisible la acusación contra Corchuelo, señalándose audiencia de debate para el día 16 de mayo de 2011, o sea ocho meses después. De este modo se violó el artículo 18, en función del 14, de la Ley 188 que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, cláusula que establece que “dentro del término de 30 días, luego de aceptada la denuncia, deberá fijarse audiencia”

“El expediente comprueba la objetividad de esta información, aún frente a la obcecada o inentendible postura de los juzgadores que avanzan con tantos errores que no se reconocen precedentes en la tarea de juzgar a jueces y magistrados, tanto cuando condenaron como cuando liberaron y deberían haber impuesto sanciones, lo que habla del muy mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura como jurado de enjuiciamiento.

Una fantasía

Sobre el tema de que la jueza Corchuelo habría conseguido “amparos y medidas cautelares que Impidieron el inicio del jury’,’ indicaron que “nada está más alejado de la realidad pues solamente se ha interpuesto una cautelar y una acción de amparo, dado que se habían violado sistemáticamente su derecho de defensa y el principio de debido proceso por expresa parcialidad manifiesta de los Integrantes del Consejo, que fueron resueltos por la sentencia dictada el 23 de junio de 2014 por el Superior Tribunal de Justicia, notificado a las partes el 30 del mismo mes, lo que constituyó la segunda oportunidad en que el juicio estuvo en situación de caducidad.

Para el Centro Mándela a partir de aquella fecha el Consejo debió señalar la audiencia debate para iniciar el juicio oral y público, “mientras tanto, el acusador Sánchez ni siquiera efectuaba el seguimiento y activación de la causa, coincidiendo con la inactividad de los Consejeros, que se produjo por razones desconocidas e inexplicables. Concretamente, el vencimiento de los plazos procesales condujo -a la fecha- a la caducidad o prescripción de hecho del juicio, por el simple paso del tiempo; no obstante ello, irregularmente continúa el trámite.

Mal desempeño del jurado de enjuiciamiento
El Centro de Estudios Mandela en todo momento apunta al “mal desempeño” del jurado de enjuiciamiento en el caso de la jueza Amanda Corchuelo, y recuerdan que la primera de las audiencias fijada para el día 19 de septiembre de 2013, debió ser suspendida por una denuncia efectuada por Corchuelo contra los miembros del Consejo de la Magistratura por el posible delito de abuso de autoridad y de violación a los deberes de funcionarios públicos. Esta causa penal se radicó en la Fiscalía de Investigación Preliminar 9, situación que aseguran no ha sido resuelta hasta la fecha o no notificada a Corchuelo, como “una de las tantas causas morosas de la justicia penal aunque esté de por medio un eventual caso de gravedad institucional.

“A pesar de que uno de los denunciados fue el presidente del Consejo Marcos Verbeek, éste no se inhibió de actuar en la causa a pesar de que fue recusado. Sin embargo, en su momento sí lo hicieron el doctor Darío Bacileff Ivanoff y el ingeniero Ornar Judis, por una simple cuestión ética.”
En definitiva sostienen que la información publicada en base a las opiniones de Marcos Verbeek, ministro de Infraestructura y actual presidente del Consejo de la Magistratura, “ha sido dada por quién evidentemente no conoce -en mínima medida- la causa Corchuelo ni el estado en que la misma se encuentra en la actualidad.

Tal cual surge de las constancias del expediente, la causa se encuentra en condiciones de ser concluida por lainsubsistencia de la acción, tal cual ocurrió en el jury de la doctora Mónica Lotero, por el mero transcurso del tiempo. Si cabe alguna duda, vale la pena resaltar que el 29 de septiembre del año pasado la doctora Corchuelo realizó una presentación de previo y especial pronunciamiento justamente para plantear la insubsistencia de la acción y la caducidad de la causa con apoyo en lo dispuesto por el artículo 18, en función del 14, de la Ley 1887 Esta presentación fue tardíamente contemplada por el Concejo de la Magistratura a más de dos meses de ser presentada. Recién el 9 de diciembre de 2014 fue resuelta, o sea después de que venciera el plazo para que se llevara adelante el juicio oral y público. “Tal pronunciamiento fue objeto de un pedido de aclaratoria por parte de la doctora Corchuelo, planteo que desató un verdadero disparate jurídico firmado por el consejero Luis Alberto Meza el 16 de diciembre de 2014. Este consejero se atribuyó la representación del Consejo de la Magistratura, firmando en soledad un pronunciamiento absolutamente irregular, que correspondía ser resuelto por la totalidad del cuerpo de consejeros. O sea que, con audacia manifiesta, asumió la suma de las facultades de todos los integrantes del organismo, rol que podría ser calificado como un posible delito por usurpación de cargos, además de la absoluta nulidad de su dictamen”.

Pésimo funcionamiento
Ante estos datos enfatizan que no hace más que “corroborar el pésimo funcionamiento del Consejo de la Magistratura como jurado de enjuiciamiento. El caso Corchuelo es una prueba más de que este organismo debe ser reformado porque funciona bajo una legislación vetusta, muy imperfecta y complaciente para desatar las discrecionalidades.

“Es innegable que se necesita que se legisle para crear una herramienta jurídica moderna y democrática, que garantice transparencia en los procesos de nombramientos y de enjuiciamientos de jueces y de magistrados, eliminando las discrecionalidades aberrantes con las que rutinariamente se manejan los Consejeros, que paradójicamente son súper-jueces que sistemáticamente violan la ley.

También detallaron que “con bastante frecuencia los nombramientos de jueces y magistrados estuvieron precedidos de factores ajenos a los concursos de antecedentes y oposición. Varios debieron mendigar para llegar, para lo cual debieron pasar por la “calesita”. Los más capaces debieron ser nombrados a fuerza de insistir en someterse a concursos, por lo que el sistema finalmente los tuvo que proponer. Otros fueron enjuiciados con la finalidad de amedrentarlos o disciplinarlos. A algunos de ellos ni siquiera fue necesario iniciarles un jury; fueron suficientes las advertencias o lo que les podía pasar o el miedo a las represalias. Eso bastó para que se alinearan, aunque otros se mantuvieron firmes por sus convicciones y responsabilidades institucionales.

Por último dijeron que “el funcionamiento irregular del Consejo ha determinado la pérdida de independencia interna y externa del poder judicial, a punto tal que este poder estratégico del Estado también ha perdido neutralidad, transparencia y eficiencia, por lo que muchas veces actúa bajo los efectos de intereses ajenos a la correcta prestación del servicio de justicia. De esta manera, el poder judicial cada vez le sirve menos a la comunidad.

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