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Ene 27 2015

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El caso de la juez Corchuelo, el diputado Sánchez y el Consejo de la Magistratura: nuevamente, a las peores andadas

Por la posible gravedad institucional, el Centro Mandela sigue el enjuiciamiento de la Dra. Amanda Corchuelo que tramita el Consejo de la Magistratura. El pasado 14 de enero NORTE publicó una nota cuya fuente de información fueron las expresiones del actual presidente de tal Consejo, Marcos Verbeek, quién cometió errores manifiestos que resumidos permiten que sean calificados como opinión desinformada, además de que incurrió en interpretaciones sumamente incorrectas sobre varios puntos, que incluyó el desacierto de la fecha fijada para la realización del juicio oral y público dado que la audiencia ha sido fijada para el 24 de febrero de este año.

En la nota se hizo referencia a que la Dra. Corchuelo fue acusada en 2008 por el diputado Ricardo Sánchez de dar amparos a favor de los videopóker. Al respecto, debe quedar bien en claro que tal información no es veraz. La jueza no otorgó ningún amparo a favor de las empresas que explotaban el juego, sino que simplemente otorgó una sola medida cautelar, de carácter provisorio, a favor de 165 trabajadores tomándose en cuenta el fuero a su cargo y los derechos que debía tutelar. Dictó la resolución cautelar provisoria en virtud de que los empleados habían sido despedidos sin que se les abonara la correspondiente indemnización. Dicha medida fue dictada en octubre del año 2007 y no fue apelada por las partes que intervenían en el juicio, sobresaliendo que Lotería Chaqueña consintió el fallo provisorio, que poco después fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia por medio de un trámite sin precedentes y de manera acelerada. De cualquier manera, la medida cautelar dejó de tener vigencia en poco tiempo y la situación volvió al estado anterior a que fuera dictada. Sin embargo, el diputado Sánchez irregularmente realizó su denuncia en octubre de 2010, o sea a casi tres años de la cautelar dictada por la Dra. Corchuelo, es decir cuando la misma ya no tenía vigencia desde hacía mucho tiempo. La jueza fue ligeramente cuestionada por el denunciante por mal desempeño; sin embargo, nunca fue acusada de cometer delitos, lo que se extiende a lo largo de sus más de treinta y cinco años de ser funcionaria judicial, período en que nunca fue acusada ante el Consejo de la Magistratura, organismo que a pesar de las irregularidades halladas en la denuncia inicial del diputado Sánchez abiertamente vulneró la inmunidad de la que gozan los jueces, en igualdad de condiciones que los diputados, que es una protección dispuesta por el artículo 154, en función del 102, de la Constitución Provincial.

“Avanzó rápidamente”

Tampoco es verdad que la causa avanzara rápidamente. Desde hace cuatro años y cuatro meses que no se han dictado las resoluciones contempladas en la legislación vigente, según los plazos fatales previstos en cada caso. Esto condujo, inexorablemente, a que el Consejo de la Magistratura incurriera en morosidad manifiesta en dos oportunidades, en las que el enjuiciamiento debió haber caducado según los planteos que realizaran la defensa técnica, que fueron rechazados por la arbitrariedad de los pronunciamientos de aquel organismo. La primera, se produjo al inicio del proceso, cuando por la resolución del 27 de septiembre 2010 se consideró admisible la acusación contra la Dra. Corchuelo, señalándose audiencia de debate para el día 16 de mayo de 2011, o sea ocho meses después. De este modo se violó el artículo 18, en función del 14, de la Ley 188 que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, cláusula que establece que “dentro del término de 30 días, luego de aceptada la denuncia, deberá fijarse audiencia”. El expediente comprueba la objetividad de esta información, aún frente a la obcecada o inentendible postura de los juzgadores que avanzan con tantos errores que no se reconocen precedentes en la tarea de juzgar a jueces y magistrados, tanto cuando condenaron como cuando liberaron y deberían haber impuesto sanciones, lo que habla del muy mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura como jurado de enjuiciamiento, que es una realidad histórica que nunca se intentó mejorar y superar producto de los intereses en juego y del sistema de controles de poderes que siempre conspiró contra la independencia de tal organismo, aunque repetidamente predican que es un órgano extra-poder. Por el contrario, el Consejo es un organismo inter-poderes en el que se reflejan y plasman los intereses directos de los sucesivos gobernadores, diputados y de algunos integrantes del Superior Tribunal de Justicia, por lo que los Consejeros gestionan bajo los efectos coyunturales de factores políticos y personales, que casi siempre se mantienen en la sombra, pero que son conocidos por quienes forman parte de estas corporaciones.

La fantasía de amparos “deliverys”

En cuanto a que la Dra. Corchuelo habría conseguido “amparos y medidas cautelares que impidieron el inicio del jury”, nada está más alejado de la realidad pues solamente se ha interpuesto una cautelar y una acción de amparo, dado que se habían violado sistemáticamente su derecho de defensa y el principio de debido proceso por expresa parcialidad manifiesta de los integrantes del Consejo, que fueron resueltos por la sentencia dictada el 23 de junio de 2014 por el Superior Tribunal de Justicia, notificado a las partes el 30 del mismo mes, lo que constituyó la segunda oportunidad en que el juicio estuvo en situación de caducidad porque a partir de la sentencia del máximo tribunal el Consejo de la Magistratura se encontraba en condiciones y obligado a continuar el juicio contra la citada jueza. O sea que a partir de aquella fecha el citado Consejo debió señalar la audiencia debate para iniciar el juicio oral y público. Mientras tanto, el acusador Sánchez ni siquiera efectuaba el seguimiento y activación de la causa, coincidiendo con la inactividad de los Consejeros, que se produjo por razones desconocidas e inexplicables. Concretamente, el vencimiento de los plazos procesales condujo -a la fecha- a la caducidad o prescripción de hecho del juicio, por el simple paso del tiempo; no obstante ello, irregularmente continúa el trámite.

Aún más ligeramente el denunciante aseguró “que la última medida fue un amparo delivery, que como expresión no solamente fue desafortunada sino absurda. Confundió a la opinión pública a pesar de que como diputado tiene la obligación legal de generar certezas cuando se dirige a la comunidad o emite opinión a través de los medios de comunicación, carga que pesa sobre todos los funcionarios públicos y que generalmente no cumplen. Así de ligero se comportó el diputado, quizás bajo los efectos de la inconsciencia o incomprensión de su rol y de sus deberes. Lo que realmente sucedió fue que cuando el Consejo de la Magistratura señaló las audiencias de debates para los días 17 de septiembre y 31 de octubre de 2013 estaba vigente la medida cautelar dictada por la Dra. Mónica Lotero. Esto era así porque el Superior Tribunal de Justicia no se había pronunciado en la causa. Recién lo hizo el 23 de junio de 2014. Las partes fueron notificadas el 30 del mismo mes. Ante el manifiesto error del Consejo de la Magistratura, para colaborar en la correcta tramitación del caso, la Dra. Barranco Cortés advirtió a los Consejeros que la cautelar estaba vigente, lo que permitió que el organismo no continuara un trámite, que de avanzar sería absolutamente nulo. Todas estas cuestiones no fueron comprendidas por el denunciante Sánchez, vaya a saber por qué o para qué; en cualquier caso, refleja su mal desempeño como diputado y como denunciante.

También conviene señalar que no es cierto que los “magistrados actuaron en tiempo record y que dieron la protección que necesitaba la jueza acusada”. Esta afirmación es verdaderamente desopilante, propio de los funcionarios públicos que se apoderan de la verdad a contrapelo de los factores objetivos que están en los expedientes tramitados. La Jueza a cargo de la última medida cautelar que interpuso Corchuelo únicamente se redujo a poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura que estaba vigente la medida que había dictado la Dra. Mónica Lotero. La jueza Barranco Cortés efectuó un aporte con su decisión, evitando que el Consejo de la Magistratura cometiera más errores de los que ya acumuló, generalmente emparentado con los procesos nulos que desembocan en sentencias arbitrarias, que no es nuevo para tal organismo como es de público conocimiento a través de casos resonantes.

Mal desempeño del jurado de enjuiciamiento y consecuencias

Con respecto a la primera de las audiencias señaladas, fijada para el día 19 de septiembre de 2013, debió ser suspendida por una denuncia efectuada por la Dra. Corchuelo contra los miembros del Consejo de la Magistratura por el posible delito de abuso de autoridad y de violación a los deberes de funcionarios públicos, causa penal que se radicó en la Fiscalía de Investigación Preliminar 9, a cargo del Dr. Azcona, situación que no ha sido resuelta hasta la fecha o no notificada a la Dra. Corchuelo, como una de las tantas causas morosas de la justicia penal aunque esté de por medio un eventual caso de gravedad institucional. A pesar de que uno de los denunciados fue Verbeek, éste no se inhibió de actuar en la causa a pesar de que fuera recusado Sin embargo, en su momento sí lo hicieron el Dr. Darío Bacileff Ivanoff y el Ingeniero Omar Judis, por una simple cuestión ética.

En definitiva, la información publicada en base a las opiniones de Marcos Verbeek, Ministro de Infraestructura y actual presidente del Consejo de la Magistratura, ha sido dada por quién evidentemente no conoce -en mínima medida- la causa Corchuelo ni el estado en que la misma se encuentra en la actualidad. Tal cual surge de las constancias del expediente, la causa se encuentra en condiciones de ser concluida por la insubsistencia de la acción, tal cual ocurrió en el jury de la Dra. Mónica Lotero, por el mero transcurso del tiempo. Si cabe alguna duda, vale la pena resaltar que el 29 de septiembre del año pasado la Dra. Corchuelo realizó una presentación de previo y especial pronunciamiento justamente para plantear la insubsistencia de la acción y la caducidad de la causa con apoyo en lo dispuesto por el artículo 18, en función del 14, de la Ley 188. Esta presentación fue tardíamente contemplada por el Concejo de la Magistratura a más de dos meses de ser presentada. Recién el 9 de diciembre de 2014 fue resuelta, o sea después de que venciera el plazo para que se llevara adelante el juicio oral y público. Tal pronunciamiento fue objeto de un pedido de aclaratoria por parte de la Dra. Corchuelo, planteo que desató un verdadero disparate jurídico firmado por el Consejero Luís Alberto Meza el 16 de diciembre de 2014. Este Concejero se atribuyó la representación del Consejo de la Magistratura, firmando en soledad un pronunciamiento absolutamente irregular, que correspondía ser resuelto por la totalidad del cuerpo de consejeros. O sea que, con audacia manifiesta, asumió la suma de las facultades de todos los integrantes del organismo, rol. que podría ser calificado como un posible delito por usurpación de cargos, además de la absoluta nulidad de su dictamen.

Estos datos objetivos, que se apoyan en las constancias escritas del expediente, corroboran el pésimo funcionamiento del Consejo de la Magistratura como jurado de enjuiciamiento. El caso Corchuelo es una prueba más de que este organismo debe ser reformado porque funciona bajo una legislación vetusta, muy imperfecta y complaciente para desatar las discrecionalidades. Es innegable que se necesita que se legisle para crear una herramienta jurídica moderna y democrática, que garantice transparencia en los procesos de nombramientos y de enjuiciamientos de jueces y de magistrados, eliminando las discrecionalidades aberrantes con las que rutinariamente se manejan los Consejeros, que paradójicamente son súper-jueces que sistemáticamente violan la ley. Con bastante frecuencia los nombramientos de jueces y magistrados estuvieron precedidos de factores ajenos a los concursos de antecedentes y oposición. Varios debieron mendigar para llegar, para lo cual debieron pasar por la “calesita”. Los más capaces debieron ser nombrados a fuerza de insistir en someterse a concursos, por lo que el sistema finalmente los tuvo que proponer. Otros fueron enjuiciados con la finalidad de amedrentarlos o disciplinarlos. A algunos de ellos ni siquiera fue necesario iniciarles un jury; fueron suficientes las advertencias o lo que les podía pasar o el miedo a las represalias. Eso bastó para que se alinearan, aunque otros se mantuvieron firmes por sus convicciones y responsabilidades institucionales.

Y lo peor, lo venimos presenciando desde hace varios años. El funcionamiento irregular del Consejo ha determinado la pérdida de independencia interna y externa del poder judicial, a punto tal que este poder estratégico del Estado también ha perdido neutralidad, transparencia y eficiencia, por lo que muchas veces actúa bajo los efectos de intereses ajenos a la correcta prestación del servicio de justicia. De esta manera, el poder judicial cada vez le sirve menos a la comunidad.

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