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Ene 20 2015

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Un nuevo caso de posible corrupción: denuncia administrativa presentada ante el gobernador de Chaco que realizaran la Fundación Encuentro por la Vida y el Centro Mandela por la obra licitada para el manejo de los ríos Guaycurú e Iné. Una obra de irrigación destinada a fracasar, que costará 22 millones de dolares

RESISTENCIA, 15 de enero de 2015

SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
JUAN CARLOS BACILEFF IVANOFF
SU DESPACHO.-

FORMULAN DENUNCIA ADMINISTRATIVA
SOLICITAN HABILITACIÓN DE FERIA ADMINISTRATIVA
SOLICITAN TRÁMITE PREFERENTE/URGENTE Y DE PRONTO DESPACHO

REF.: POSIBLES IRREGULARIDADES, DE CARÁCTER INSUBSANABLES, QUE CONLLEVAN A INMINENTES NULIDADES EN EL PROCESO Y/O TRÁMITE ADMINISTRATIVO INICIADO EN JURISDICCIÓN DE CHACO, QUE TIENE POR OBJETO LA OBRA IDENTIFICADA COMO: “REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN GUAYCURÚ INÉ”, LICITCIÓN PÚBLICA Nº002/14. CUESTIONAMOS EL “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL MANEJO DEL GUAYCURÚ-INÉ” Y EL DECRETO PROVINCIAL Nº 1982/14, QUE ARPUEBA EL CONVENIO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE “MANEJO PRODUCTIVO DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYCURÚ INÉ”, OBRA DE IRRIGACIÓN QUE COSTARÁ 22 MILLONES DE DÓLARES.

SOLICITAMOS: La suspensión del trámite administrativo, el saneamiento de los tramos tramitados y todas las restantes medidas que importen el fiel cumplimiento y aplicación del principio de legalidad, en el marco de la moderna tutela administrativa efectiva, que se imponen ante los eventuales daños patrimoniales que pueden afectar el erario público, algunos de los cuales ya se han materializado, y que se pueden consolidar mediante el resultado incierto de destinar recursos fiscales a una obra pública que, tal como está planteada, inevitablemente se orienta al fracaso, independientemente de que -en forma selectiva e inequitativa- pueda beneficiar a una cierta cantidad ínfima de personas, productores o empresarios que son titulares de predios rurales situados territorialmente en el área de influencia de la obra pública en cuestión.

APERCIBIMIENTO LEGAL: Finalmente, se formula esta presentación por el término y bajo el correspondiente apercibimiento de ley, dirigido al señor Gobernador como representante legal (institucional) de la Provincia del Chaco, como también bajo los términos del artículo 76 de la Constitución Provincial, independientemente de las eventuales responsabilidades legales de todos y de cada uno de los funcionarios públicos chaqueños que sean autores y/o participes en los tramos de planificación, estudios, preparación y ejecución de la obra de referencia, comprendida de punta a punta.
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Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en las calidades que invocamos, en relación al funcionamiento de la Fundación Encuentro por la Vida, con sede en Santa María de Oro nº 1266, y el Centro Mandela DD.HH., con domicilio en Avenida Alberdi 338, Ciudad, con el patrocinio letrado de PABLO FERNÁNDEZ BARRIOS, Matrícula Profesional Nro. 4131, abogado del foro chaqueño, quien constituye domicilio legal en calle Remedios de Escalada Nº255, Ciudad de Resistencia, a los fines de:

I) OBJETO DE ESTA PRESENTACIÓN: en tiempo y forma, solicitamos la suspensión del trámite administrativo, el saneamiento de los tramos tramitados y las restantes medidas que importen el fiel cumplimiento y aplicación del principio de legalidad, en el marco de la moderna tutela administrativa efectiva, que se impone ante los eventuales daños patrimoniales que pueden afectar el erario público, algunos de los cuales ya se han materializado, y que se pueden consolidar mediante el resultado incierto de destinar recursos fiscales a una obra pública que, tal como está planteada, inevitablemente se orienta al fracaso, independientemente de que -en forma selectiva e inequitativa- pueda beneficiar a una cierta cantidad ínfima de personas, productores o empresarios que son titulares de predios rurales situados territorialmente en el área de influencia de la obra pública en cuestión.
Más abajo daremos cuenta de los fundamentos por los cuales formulamos el presente planteo, basados en las posibles irregularidades, de carácter insubsanables, que conllevan a inminentes nulidades en el proceso y/o trámite administrativo iniciado en jurisdicción de Chaco, que tiene por objeto la obra identificada en la referencia, como también expondremos la motivación concreta que socialmente nos autoriza a cuestionar el contenido, los alcances y la validez jurídica y fáctica del Estudio de Impacto Ambiental realizado para la futura ejecución de la obra destinada al manejo del Guaycurú-Iné, obra de irrigación que costará 22 millones de dólares.
Por último, expresamente se consigna que la presente denuncia administrativa se desarrolla por el término y bajo el correspondiente apercibimiento de ley, puntualmente extendido en la referencia y sintetizado en el petitorio que cerrará este escrito.

II) SE SOLICITA HABILITACIÓN DE FERIA ADMINISTRATIVA, BAJO TRÁMITE PREFERENTE/URGENTE Y DE PRONTO DESPACHO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PETICIONAR: nuestra solicitud de Habilitación de Feria Administrativa, y contemporáneamente de Trámite Preferente y de Pronto Despacho, se encuentra perfectamente justificada por el INTERÉS PÚBLICO en riesgo.
Dicho factor público legitima plenamente la petición referida en este capítulo, con tal vigor y entidad que el actual receso administrativo no puede constituir un impedimento que obstruya el trámite que necesariamente se debe dar a la presente denuncia administrativa.
Razones de tiempo y oportunidad, impulsados por el citado INTERÉS PÚBLICO, generan absoluta oficiosidad a nuestro planteo, formulado al amparo de la custodia indispensable de los derechos colectivos y de la correcta administración de los fondos públicos destinados a obras (también públicas), que en el caso de ejecutarse implicará un resultado negativo para la comunidad, en los planos económico, financiero y de resultado de la obra, que anticipamos será negativo en punto al proyectado objeto de la misma, no pudiendo descartarse su total fracaso y consecuencias adversas en lo social, productivo y ambiental.
Por último, la legitimidad final que hace a la oficiosidad de este planteo está íntimamente vinculado con el ejercicio de la irrenunciable garantía constitucional de CONTROL SOCIAL que sobre las gestiones de gobierno tenemos todos los ciudadanos, facultad que emana de la interpretación amplia del artículo 22 de la Constitución Nacional, que permita atenuar los repetidos -y a veces extremos- excesos del sistema representativo de gobierno, activando la participación comunitaria en la vigilancia de los actos de cada administración, cualquiera fuera su color político.
Por lo tanto, corresponderá que el señor gobernador reconozca y admita la legitimación invocada a los fines de ejercer el derecho que da origen a la presente denuncia administrativa.

III) LOS FUNDAMENTOS (ANTECEDENTES) SEGÚN LOS CUALES DEBE PROSPERAR ESTA DENUNCIA ADMINISTRATIVA, CUYA ADMISIBILIDAD Y PERTINENCIA ES OBJETIVA E INDISCUTIBLE, DESDE EL INICIO:
En razón de toda la información oficial que se ha logrado recoger sobre el Guaycurú-Iné, se comprueba que se está ante una propuesta que por haber obtenido recursos para su financiamiento, se desea avanzar a toda costa siguiendo principalmente el impulso de intereses particulares (consultores, empresas contratistas, autoridades territoriales y propietarios rurales) que se han ilusionado con una propuesta que ni siquiera alcanza el nivel de idea de proyecto y mucho menos cuenta con la información básica suficiente para saber si el mismo es factible técnica y económicamente.
El Documento de EIA del “Manejo del Río Guaycurú-Iné”, el Decreto 1982/14 que aprueba el Convenio del “Manejo productivo de la Cuenca del Río Guaycurú-Iné” y el Pliego de Licitación Pública 002/14 de UNCAR sobre la “Refuncionalización del Sistema de Riego del Guaycurú-Iné”, son suficientes por si mismos, para demostrar que estamos en presencia de una propuesta destinada al fracaso y al conflicto, de inconveniente realización en estas condiciones por sus impactos ambientales y la generación de inequidades y conflictos socio-ambientales de muy difícil resolución. La imposibilidad real de lograr los fines y resultados propuestos por haberse elegido una vía inconveniente para cualquier emprendimiento que se pretenda de desarrollo y mucho menos que este sea sustentable.
Los pasos dados hasta el momento, colocan al Gobierno de la Provincia en una situación de extremo incumplimiento de la normativa y estructura institucional vigente. Se puede presumir que la misma deviene de la impericia y negligencia en el manejo de la cosa pública, como mínimo.
Por ello es conveniente reformular el camino seguido y reparar los errores cometido por apartamiento del sentido común y el buen arte para la formulación de proyectos y su concreción.
En el campo se suele decir “a caballo regalado no se le miran los dientes” y da la impresión que todos y cada uno de los funcionarios provinciales han optado por este camino. Pero en este caso no es muy buen camino pues las responsabilidades Institucionales y Funcionales no se pueden delegar en flagrante violación a las normas que nos rigen y constituyen como sociedad.

SOLICITA:
1) Detener cualquier tipo de actos administrativos (adjudicaciones, firma de contratos, consultorías, etc) que consistan en acciones físicas concretas que impliquen violación a las normas vigentes en materia hídrica y ambiental de la Provincia y que no sean diseñadas y propuestas dentro del ordenamiento institucional vigente de nuestra Constitución Provincial, la ley de ministerios, el Código de Aguas y las competencias de la Autoridad de Aguas de la Provincia (Art. 50 de la Constitución Provincial y Ley3220 del Código de Agua, art. 196 al 216).
2) Modificar el Decreto 1982/14 adecuándolo a la estructura institucional y normativa de la Provincia. (Constitución Provincial, art 50: Autoridad Única del Agua y Ley 3220 Código de Agua); Ley de Ministerios (responsabilidades y competencias de cada Ministerio) y concurrentes.
3) Suspender la adjudicación de la Licitación de la “Refuncionalización del Sistema de Riego del Guaycurú Iné” por no contar con la correspondiente aprobación de la Administración Provincial del Agua, ni haber cumplido con toda la normativa establecida en el Código de Agua (Ley 3230 y decreto Reglamentario 173/90). La misma no cuenta con Estudios de Impacto Ambiental previos aprobados, que requiere la Constitución Provincial (art 38, inc. 8). No se han realizado consultas previas y formales a las comunidades indígenas de la zona sobre la base de un proyecto concreto. (Convención 169 de la OIT).
4) Rechazar el Estudio de Impacto Ambiental del Manejo de la Cuenca del Guaycurú Iné, por basarse en un esquema de obras que no cuenta con el estudio de Factibilidad Técnico- Económica aprobado por la Autoridad de Aguas (Arts. 196 a 208 de Código de Agua y Arts. 70 a 80 del Decreto Reglamentario del Código de Agua173/90), no haberse cumplido las etapas de Estudios (los mismos son incompletos e insuficiente para aprobar cualquier tipo de obra hidráulica pública). La autoridad exclusiva para la aprobación de los Estudios, Proyectos y Obras es la APA (art198-199) y para pasar a su ejecución requieren previa autorización, que no se ha dado en este caso (art 216). La información básica del proyecto es totalmente insuficiente para evaluar su impacto. Solo para ejemplificar: no hay ningún estudio de la relación entre las dinámicas del agua atmosférica (lluvias torrenciales) aguas superficiales (desbordes y caudales de los ríos) y agua subterránea (de esta última no se ha realizado ningún estudio). No se ha demostrado que los suelos son aptos para su irrigación y finalmente no se identifican obras de drenajes, que es un elemento que no debe faltar en ningún sistema de diego. Aquí está ausente. (Más detalles se dan en nuestras Observaciones : AS Nº E5-2014 – 104-10480ª, nota del 29/12/14 a la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del MPA)
5) Iniciar un proceso racional de construcción de propuestas y alternativas técnicas, económicas y productivas viables y sustentables tanto social como ambientalmente, para responder a los requerimientos de las poblaciones criollas, aborígenes, de la agricultura familiar y productores en general de la zona.

IV) PETITORIO: conforme lo expuesto, SOLICITAMOS:

1) En tiempo y forma, se tenga por efectuada la correspondiente DENUNCIA ADMINISTRATIVA, con la finalidad y el objeto clara y perfectamente desarrollado en la referencia y en el CAP. I), respectivamente.
2) Conforme los fundamentos desarrollados en CAP. II), corresponderá se Habilite Feria Administrativa, Trámite Preferente/Urgente y Pronto Despacho.
3) Conforme los fundamentos expuestos, al que adicionamos la totalidad de la documentación técnica que obra en poder de los gobiernos de Nación y de Chaco, corresponderá que el Señor Gobernador disponga todas las medidas administrativas destinadas a suspender el trámite administrativo, el saneamiento de los tramos tramitados y las restantes medidas que importen el fiel cumplimiento y aplicación del principio de legalidad, en el marco de la moderna tutela administrativa efectiva, que se imponen ante los eventuales daños patrimoniales que pueden afectar el erario público, algunos de los cuales ya se han materializado, y que se pueden consolidar mediante el resultado incierto de destinar recursos fiscales a una obra pública que, tal como está planteada, inevitablemente se orienta al fracaso, independientemente de que -en forma selectiva e inequitativa- pueda beneficiar a una cierta cantidad ínfima de personas, productores o empresarios que son titulares de predios rurales situados territorialmente en el área de influencia de la obra pública en cuestión.
4) FINALMENTE, EL APERCIBIMIENTO LEGAL: se formula esta presentación por el término y bajo el correspondiente apercibimiento de ley, dirigido al señor gobernador como representante legal (institucional) de la provincia del Chaco, como también bajo los términos del artículo 76 de la Constitución local, independientemente de las eventuales responsabilidades legales de todos y de cada uno de los funcionarios públicos chaqueños que sean autores y/o participes en los tramos de planificación, preparación y ejecución de la obra de referencia, comprendida de punta a punta.

ATENTAMENTE

Firmantes:

Ramón Vargas, por la Fundación Encuentro Por la Vida

Rolando Núñez, por el Centro Mandela

 Pablo Fernández Barrios, abogado patrocinante

Nota: copias de la denuncia administrativa fueron presentadas ante la Autoridad Provincial del Agua (APA), el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Planificación y Ambiente, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de Gobierno y la Fiscalía de Investigación Administrativa, todo de la provincia del Chaco.

Está pendiente de ser presentada la referida denuncia ante la Defensoría del Pueblo del Chaco porque está en receso adminitrativo.

Nota relacionada: http://www.centromandela.com/?p=10739

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