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Feb 29 2012

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El coordinador del Centro Mandela criticó el fallo del STJ ad hoc que rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la designación de tres jueces del máximo tribunal del Chaco

 

Rolando Núñez 

“La sentencia nos parece arbitraria y desatinada”

 

El coordinador del Centro Mandela criticó el fallo del STJ ad hoc que rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la designación de tres jueces del máximo tribunal del Chaco.

 

“Es una sentencia arbitraria y desatinada”. Así definió el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, a la decisión del Superior Tribunal de Justicia ad hoc que rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la designación de los jueces Ramón Avalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo por no haber rendido concurso de antecedentes y oposición para acceder a sus cargos como lo prescribe la Constitución Provincial.

 

En declaraciones a RADIO CIUDAD, Núñez recordó que el planteo que ahora rechazó el tribunal especial se remonta a una acción impulsada por particulares en el año 1997. “El fallo no se expidió sobre la cuestión de fondo, solamente lo hizo sobre la cuestión formal”, aclaró. Y advirtió que “el Superior Tribunal de Justicia especial no le reconoce derecho a los litigantes para haber promovido la acción de inconstitucionalidad argumentando que no fueron afectados en sus intereses ni en sus derechos”.

 

“La sentencia a la primer lectura nos parece arbitraria y desatinada”, aseveró el coordinador del Centro Mandela y uno de los fundadores del Foro por una Justicia Independiente. Vale recordar que por una importante demanda de la sociedad chaqueña el gobierno provincial – a través de la Fiscalía de Estado- promovió una acción de inconstitucionalidad para que la justicia revise si las designaciones de los jueces Avalos, Franco y Toledo se ajustaron a los requerimientos constitucionales.

 

“La acción de inconstitucionalidad es de derecho público”

 

Núñez subrayó que en la obra jurídica del Dr. Edgardo Rossi se establece que la acción de inconstitucionalidad pertenece al derecho público. Y que por lo tanto “no se requiere el presupuesto del perjuicio particular de aquel que promueve”. El abogado destacó que “además de reconocerle el carácter de derecho público, la define como una acción popular para que la comunidad participe en el control del cumplimiento de la Constitución, cuya defensa en realidad es una obligación ineludible de todos ante cualquier violación de cualquiera de sus cláusulas”.

 

“Al escapar del derecho privado escapa del interés particular. No se necesita que aquel que inicia la acción de inconstitucionalidad vea afectado su derecho subjetivo o su patrimonio porque está en juego el interés público, el interés general. Creo que entendiendo esta parte es suficiente para que la opinión pública comparta más adelante la opinión que estamos dando que es una sentencia arbitraria y absolutamente desatinada”, puntualizó el coordinador del Centro Mandela. “La legitimación activa que menciona ese fallo en el caso de la acción de inconstitucionalidad por ser de derecho público está ampliada, está extendida la legitimación para iniciar esta acción”, recalcó.

 

Núñez consideró que los impulsores de la iniciativa deberían presentar un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordene al STJ ad hoc que se expida sobre la cuestión de fondo.

 

La acción planteada por el Ejecutivo

 

Con respecto a la acción de inconstitucionalidad impulsada en el mismo sentido por el fiscal de Estado ad hoc, Edgardo Aguirre Hayes, en representación del Ejecutivo chaqueño, el coordinador del Centro Mandela señaló que “se corrió traslado a los jueces cuestionados”. Y señaló que “el fiscal Aguirre Hayes estaba valorando la probabilidad de cuestionar algunas herramientas legales internas que regulan el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Si se inclina en ese sentido, compartimos la estrategia porque ha sido nuestro pensamiento originario que hay que cuestionar los instrumentos internos del Consejo de la Magistratura porque ahí estarían los avales de las designaciones inconstitucionales”.

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