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Dic 30 2014

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Más adjudicaciones extraordinarias en Colonización

El expediente 321/2007 se inició en el Instituto de Colonización con el registro de una aprobación de transferencia de tierras fiscales a favor de Luís Angel Lofeudo. Se trató de la parcela 349, circunscripción VII, zona “B” del Departamento Almirante Brown, con una superficie de 2459 hectáreas. La aprobación de la venta se instrumentó el 21 de noviembre de 1995, a través de la Resolución 892. Luego se realizaron otras transferencias a favor de personas oriundas de Buenos Aires, generándose una disputa judicial por derechos hereditarios entre Lucas Emiliano Cristobal y el heredero de quien en vida habría vendido sus mejoras, que fue Hugo Néstor Báñez.

A fojas 178 del expediente se agregó una planilla de inspección que fue realizada el 6 de noviembre del 2006 por Walter Ferreyra, quien informó que el ocupante era Lucas Emiliano Cristobal, desde hacía varios años. Detalló una serie de importantes mejoras realizadas, como también la existencia de ganados y de actividad productiva. Después, el 4 de diciembre de 2007, se dictó la Resolución 925 a través de la cual se otorgó la posesión de la tierra a favor de Cristobal.

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El 20 de diciembre del 2012 se presentó en Colonización el Dr. Gustavo Chapur. Solicitó que el referido predio fiscal fuera adjudicado en venta a favor de Adalberto Omar Campana, quien se comprometería a abonar el canon correspondiente. Argumentó que la situación se encuadraba en lo establecido por el Decreto 1732/12, que exhorta al Fiscal de Estado a adoptar medidas para la mejor atención, seguimiento y finalización de los juicios iniciados a partir de la adjudicación, venta o titularización irregulares de tierras fiscales, con la finalidad de llegar a transacciones judiciales o extrajudiciales convenientes a los intereses de la Provincia del Chaco. Lo concreto es que tal decreto no debió aplicarse en el caso Campana porque no tenía nada que ver con la cuestión, ni con precedentes similares, además de que en Colonización nunca se pagaron cánones, ni siquiera en los proyectos de subdivisiones prediales.

Luego, Campana presentó documentaciones de las que surge que se domiciliaba en Perón 2375, de la ciudad de Buenos Aires. A fojas 216 el agente Ramón Taboada, quien también realizó la inspección en el resonante caso Hupaluk, informó que el 7 de setiembre del 2013 fue atendido por Rodrigo Gauna y Bernardino Villalba, quienes le manifestaron que el campo era de Adalberto Campana. El referido agente público detalló las mismas mejoras que ya habían sido descriptas a fojas 178 por el agente Walter Ferreyra, que coinciden con las detalladas, el 27 de octubre de 2004, por el Dr. Gustavo Del Corro como apoderado de Cristobal. O sea que el agente de Colonización no tuvo en cuenta ni miró el expediente o realizó las inspecciones sin llevar el expediente en mano, como correspondía. Por lo tanto, cabe suponer razonablemente que Taboada no cumplió cabalmente con su función de inspector que debe defender los intereses del Estado.

 

Compra de campanas

 

El 10 de octubre del 2013 la Contadora Miriam Zini, con un sello que dice Secretaría de Presidencia y sin que figure referencia alguna del expediente, derivó con la firma de Paris la actuación al Banco de Tierras de Colonización, a cargo del Dr. Andrada, a los fines de que verificara la factibilidad de la adjudicación en venta a favor de Campana, quién el 30 de octubre de ese año se presentó en Colonización. Le solicitaron que complete la documentación para concretar la venta. El agente Ramón Taboada confeccionó las planillas, pudiendo apreciarse -al menos en la fotocopia que Colonización entregara al Centro Mandela- que las firmas que se encontraban al pie de las planillas serían de Campana. Sin embargo, la caligrafía aparenta ser distinta comparada con la que figura en el acta de presentación de fojas 223. Poco después se agregó una declaración jurada de Campana, que podría ser falsa o apócrifa. Fue confeccionada en Resistencia, el 30 de octubre de 2013, o sea con fecha anterior al acta y a las planillas donde manifestara ser propietario de las mejoras enclavadas en la parcela 349, circunscripción VII, zona “B”, Departamento Almirante Brown, con superficie de 2459 hectáreas. El Dr. Andrada, el agente Taboada y los restantes que participaron en el trámite del expediente no observaron las posibles irregularidades, entre las que sobresalen los resultados de las inspecciones anteriores y el informe del Dr. Del Corro. La referida declaración jurada, que figura a fojas 229 del expediente, no debió tomarse en cuenta porque no tendría validez al no estar certificada por ninguna autoridad competente. Sería, en el mejor de los casos, una simple manifestación de voluntad de Campana. Claramente se puede observar que la firma puesta al pie de la declaración jurada es diferente a las anteriores y posteriores que existen en el expediente.

El 6 de noviembre de 2013 el Dr. Andrada emitió un informe avalando la procedencia del domicilio (Buenos Aires) de Campana. Señaló que tal factor no obstaculizaba la adjudicación, como también que acreditó la explotación del predio y que el caso se encuadraba legalmente para que la venta se realizara. Dos días después el Presidente París, personalmente, elevó el expediente a la Dirección de Legislación de la Tierra, sin referencia, sello redondo, escalera y otros requisitos formales incumplidos. Lo hizo para el estudio y continuidad del trámite legal indicado por el Dr. Andrada, o sea para la venta del campo fiscal.

Colonización también es una feria

 

El 15 de noviembre de 2013 la Dra. Gabriela Alonso emitió un dictamen en el que hizo referencia a la nota presentada por el Dr. Chapur, en la que se mencionara el Decreto Nº 1732/12. La Dra. Alonso argumentó que Campana presentó una declaración jurada, que las mejoras eran de su propiedad, que el director de Banco de Tierras efectuó un pormenorizado análisis de la situación fáctica y jurídica, mencionando la Ley de Tierras y la Constitución Provincial, para -también- argumentar a favor de la venta de la tierra pública, reconociéndole a Campana la calidad de ocupante, según surge de las fojas 263/267 del expediente. Finalmente, la Dra. Alonso presentó un proyecto de resolución de venta.

También el 15 de noviembre se dejó sin efecto la posesión de Lucas Emiliano Cristobal; esto se dispuso a través de la Resolución 2100. A fojas 287 el responsable del Departamento Concesión de la Tierra elevó el proyecto de adjudicación en venta a favor de Campana. Al día siguiente, por Resolución 2389, se concretó que lo que Colonización auspiciaba, aún cuando en el caso se habría violado el régimen legal. Terminaron por adjudicar en venta la tierra fiscal a Campana, en pleno receso administrativo, repitiéndose la misma matriz que ejecutó cuando se adjudicara otra tierra fiscal a Pablo Alberto Leonhardt. Este y otros casos especiales, gestionados con tanta rapidez y sin que se respetaran todas las pautas legales, también descubre la extraordinaria lentitud, morosidad e injusticia que se producen en los trámites de la gran mayoría de pequeños productores o minifundistas que aspiran a que se les adjudique en venta campos fiscales de reducidas superficies, que la mayoría de las veces no constituyen unidades productivas más básicas o elementales, que naturalmente los condena a la pobreza o a la indigencia permanente como población rural.

Tenedor libre

 

La modalidad aplicada en el caso Campana y en otros especiales es definidamente atípica, plagada de posibles irregularidades, aprovechándose que los trabajadores de Colonización estaban de vacaciones. O sea que la feria administrativa fue muy intensa y activa, altamente productiva para algunos que obtuvieron beneficios. En el trámite del expediente también sobresale que se confeccionó una carta al director de Bosques, acompañada con copia de la Resolución 2100/13, la que no está agregada al expediente 0321/2007, que fue llevada por Taboada y recibida por Soto, quien se desempeñaba en la Delegación de Taco Pozo, para que realizara la inspección. No obstante ello, esa tarea fue efectuada y firmada por Taboada, lo cual pone en evidencia todo un sistema de funcionamiento irregular, paralelo y distorsionante. Sin embargo, es posible que se pueda comprobar que en el Instituto de Colonización existiría una política de blanqueo y entrega de grandes superficies de tierras fiscales a productores y empresarios, dejándose de lado muchas pautas legales, especialmente las más esenciales, que distorsionaron o desvirtuaron los postulados sostenidos por la Constitución de Chaco respecto a la función social de la tierra, especialmente cuando es pública, y el destino de las mismas. Los intervinientes siempre son los mismos. Trabajan estrechamente con la presidencia de Colonización.

En el organismo se repitieron, selectivamente, las delegaciones de roles y funciones de gravitantes responsabilidades institucionales en personal becado. Se produjeron “caídas de fichas” detrás de los armarios, foliaturas irregulares y evolucionaron los trámites hechos a mano y a medida de los funcionarios, productores y empresarios, que como corolario produjo un funcionamiento absolutamente desordenado, caótico y funcional a la continuidad de las negociaciones de las tierras públicas, que terminarán por concentrarse en muy pocas manos.

Claramente sobresale, en el esquema utilizado para instrumentar ciertas adjudicaciones extraordinarias en Colonización, el dudoso origen y data de la Resolución 915/13, no mencionada en cientos de resoluciones de adjudicaciones y de titularizaciones. Esta resolución aniquiló el máximo de 1250 hectáreas de superficie predial establecida como límite para las adjudicaciones en venta de tierras fiscales, que respondiera a pautas objetivas para su determinación como unidad productiva y radicación de la familia campesina, y para evitar la concentración de los predios públicos en manos de grandes empresarios o productores. Ahora se está en un punto terminal porque se pueden “vender” tierras públicas sin ningún tipo de limitaciones en cuanto a la cantidad de hectáreas. Pueden resolver como mejor les parezca o convenga a los funcionarios con capacidad de decisión y a empresarios. Pueden convertir la gestión, si es que esto ya no se produjo, en un festival de venta de los saldos que quedan de las ricas tierras fiscales de propiedad de los chaqueños, pero que por el modelo de administración virtualmente dejaron de ser los dueños.

El caso Campana también forma parte del lote de casos posiblemente irregulares que el Centro Mandela presentó ante la Fiscalía de Investigación Adminstrativa de Chaco en diciembre de 2014 para ser agregado al expediente 2842/13, en donde se investiga la denuncia que realizaron los delegados de los trabajadores del Instituto de Colonización.

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