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Feb 27 2012

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La Fidelidad: opiniones a favor y en contra sobre el fideicomiso por 60 millones

Locales

La Fidelidad: opiniones a favor y en contra sobre el fideicomiso por 60 millones.

Lunes, 27 de Febrero de 2012 – Publicado en la Edición Impresa.

“Será un proceso conflictivo. Haber fijado ese monto es un gran error que deslegitima profundamente el mecanismo para expropiar La Fidelidad y convertirla en parque nacional, porque conspira contra todas las buenas ideas e intenciones”, sintetizó Rolando Núñez, del Centro de Estudios Nelson Mandela, al dar cuenta de la opinión de la entidad sobre la oficialización del fideicomiso que buscará reunir 60 millones de pesos para resarcir a los herederos de Manuel Roseo.

Por su parte, el jefe de la bancada justicialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Sánchez, valoró la “gran convocatoria” que plantea la puesta en marcha del fideicomiso y convocó a “no perder de vista” que se trata de un inmueble emplazado en una zona con “severas restricciones al dominio” y resguardado por la Ley de Bosques como área amarilla con limitaciones para el aprovechamiento de los recursos.

Las opiniones surgieron un día después de la firma del decreto del Ejecutivo provincial que reglamenta las leyes de expropiación y la puesta en marcha del fideicomiso que posibilitará que las 130.000 hectáreas de la estancia La Fidelidad pasen a dominio estatal para finalmente constituirse en un parque nacional. Los 60 millones de pesos fijados como meta serán destinados al pago de la indemnización a los herederos de Manuel Roseo, el terrateniente asesinado en enero de 2011.

“Era necesaria la creación del fideicomiso para lograr la participación de sectores privados que aporten al fondo común para afrontar el pago del valor de expropiación. Es un mecanismo que estuvo previsto desde el comienzo por la ley de expropiación”, repasó Núñez, quien recordó también el aporte inicial que tuvo ese fideicomiso en aquel acto oficial de agosto de 2011 que convocó a una veintena de organizaciones ambientalistas en Casa de Gobierno. Fue allí donde la presidenta de la Administración de Parques Nacionales (APN), Patricia Gandini, entregó al gobierno un cheque por 2,5 millones de pesos, dinero proveniente de un fondo específico que la Nación destina a la creación de reservas en áreas protegidas.

Asimismo, el titular del Centro Mandela confió en que el fondo recibirá múltiples aportes de un amplio espectro de organizaciones no sólo ecologistas sino también de estados extranjeros. Destacó al respecto la campaña de difusión e instalación del tema en Buenos Aires, a través del líder del Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra, quien hizo “un gran proceso de difusión”.

Explicó a la vez que, completado el monto y pagado el precio de la expropiación, el dominio de la estancia se transfiere a la Nación y luego Parques Nacionales. Sin embargo advirtió que ese circuito podría interrumpirse ya que “los herederos impugnarán el precio de expropiación”. Aunque, de todos modos, la cifra establecida como monto indemnizatorio se depositará en la cuenta asignada en el marco del juicio sucesorio, acción que no invalidará los reclamos posteriores de los herederos. “Será un proceso conflictivo”, anticipó Núñez.

 

Proceso deslegitimado

Por otra parte, el dirigente consideró que los 60 millones de pesos establecidos como valor de indemnización por las 130 mil hectáreas de La Fidelidad no constituyen “un precio justo”. “Con este criterio, la provincia ha dificultado el avance hacia un entendimiento completo y pleno con los herederos. No escucharon a la familia y no lograron ese valor por consenso. Por eso es un gran error que deslegitima profundamente el proceso y el mecanismo para convertir esas tierras en un parque nacional”, resaltó.

Fue más allá y recordó que el Centro Mandela hizo su propia estimación sobre las tierras que pertenecieron a Manuel Roseo. Y apoyó ese cálculo en la evaluación precedente sobre las 20 mil hectáreas expropiadas por una ley sancionada durante el gobierno de Roy Nikisch, con la idea de reubicar allí a los criollos en conflicto con la Asociación Indígena Meguesoxochi. Así, el precio de cada hectárea fue fijado en 220 dólares (961,40 pesos). Tomando esos valores, las 130 mil hectáreas que son objeto de expropiación tendrían un valor de 124.982.000 pesos.

“Esos 220 dólares por hectárea significan un valor de referencia importante porque fue establecido por el propio Estado. Una expropiación necesita un precio justo, sobre todo en esta circunstancia y la finalidad que tendrán esas tierras de convertirse en un parque nacional, lo que implica un buen propósito que justifica la expropiación”, indicó Núñez.

Por otra parte advirtió que esas 20 mil hectáreas fueron “seccionadas inútilmente” a La Fidelidad para la reubicación de los criollos en conflicto. “Fueron los diputados (Juan José) Bergia y (Martín) Nievas, originarios de esa zona, y luego se sumó el diputado (Ricardo) Sánchez, quienes recuperaron la ley sancionada en la época de Nikisch. Sin embargo, a nosotros nos consta que los criollos no quieren ir a esa zona porque son terrenos bajos e inundables que no les permiten realizar sus actividades productivas”, aseguró Núñez.

 

Hacia el objetivo del parque nacional

“Me parece excelente la puesta en marcha de un fideicomiso que implica encaminarnos al objetivo de plantear a La Fidelidad como un parque nacional y una reserva de biodiversidad”, subrayó el diputado provincial Ricardo Sánchez (Frente Chaco Merece Más).

En diálogo con NORTE, consideró que “la puesta en marcha del fideicomiso abre una gran convocatoria para que instituciones nacionales e internacionales puedan ayudarnos a lograr el objetivo de reunir el dinero, sin perjuicio de que la representación legal de los herederos pueda hacer algún cuestionamiento a la tasación”. En ese orden dijo que ese tipo de alternativas quedarán para ser dirimidas por la Justicia.

“No debe perderse de vista que se trata de un inmueble enclavado en una zona con severas restricciones al dominio, razón por la cual no sería tan fácil ponerlo en venta y obtener un buen precio por hectárea, teniendo en cuenta que se trata de una zona inundable”, resaltó el legislador.

Por otra parte también se refirió a las 20 mil hectáreas que pertenecían a la estancia y fueron expropiadas durante el anterior gobierno de Roy Nikisch. “La ley había llevado una expropiación que nunca se concretó. Y para no discutir que haya una expropiación sobre otra expropiación, se respetó aquella ley previa”, explicó Sánchez. Dijo en ese sentido que algunas versiones indicaban que podría producirse resistencia de los criollos a radicarse en esos terrenos. “Desconozco cuál será el fin de esta cuestión. Como Bloque de diputados tenemos previsto viajar a la zona para reunirnos con los pobladores por ese problema de tierras y por otros reclamos que también existen”, concluyó.

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