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Sep 05 2011

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SINCERICIDIO

Inesperado y esclarecedor aporte del Consejo de Abogados de Resistencia

SINCERICIDIO

El comunicado del Consejo de Abogados, que se publicó este fin de semana, se parece demasiado a un parte de prensa de la época de la dictadura militar. El perfil netamente corporativo y elitista de los que escribieron quedó en evidencia porque repitieron los hábitos petulantes de predicar tolerancia y respeto por las ideas y posiciones diferentes, para inmediatamente después concentrarse en tratar de descalificar a un miembro del Centro Mandela. Recurrieron a la inescrupulosa estrategia de insinuar pertenencias a la inteligencia política, a la indecencia intelectual y a la distribución de información total o parcialmente falsa. Lo hicieron después de quedar expuestos, como casi en ninguna otra ocasión, a la valoración de la opinión pública. Sin embargo, involuntariamente transitaron por la etapa de responder la punzante experiencia del sincericidio, que en esta provincia es una tarea altamente insalubre y descalificada a través de los lobbys de los sectores corporativos, que en muchos casos terminan  en querellas por injurias y calumnias, que repetidamente son iniciadas por quienes militan en la corrupción y en el tráfico de influencias.

Respecto al Consejo de Abogados, dijimos que formó y forma parte del núcleo que conduce y orienta el establishment local. Destacamos que la tarea permanente ha sido la formación y el ejercicio del poder institucional, político y económico. Esto ha sido y es verdad.

En relación al actual presidente José Sánchez, dijimos que compartió lista de candidatos justicialistas en Barranqueras con el comisario Thomas, el triste y célebre jefe de la brigada de investigaciones de la policía del Chaco, cara visible de la dictadura militar más violenta y perversa que asoló a la población a través del terrorismo de estado. También esto ha sido y es verdad, lo que constituye un fuerte descrédito y una notable contradicción social, política e institucional para el sector. Además, el partido justicialista y Sánchez nunca brindaron una explicación mínimamente entendible sobre su participación política con un genocida.

Respecto del doctor Moreschi, como representante del Consejo de Abogados y presidente del Consejo dela Magistratura, dijimos que no contestó la acción de inconstitucionalidad que iniciara el Fiscal especial Aguirre Hayes como un simple informe circunstanciado (detallado) de los antecedentes y hechos ocurridos, sino que potencialmente se inclinó por la postura que afirma que los jueces Ávalos, Franco y Toledo fueron correctamente propuestos y nombrados, de acuerdo con el orden legal chaqueño, de lo que interpretó que no se los puede destituir a pesar de que fueron designados a dedo por el régimen político de la época, sin que rindieran concursos públicos de antecedentes y oposición como método de selección de jueces, salvo el doctor Toledo quién cómodamente superó un amañado concurso bajo el auspicio de la ley Saife. Dijimos que Moreschi potencialmente se manifestó a favor de la plena constitucionalidad de las designaciones de los tres jueces del Superior Tribunal, a pesar de que fueron duramente cuestionados por varios sectores en el curso de los últimos años. Y destacamos que Moreschi contradijo el mandato al que arribaron los socios del Consejo de Abogados a comienzos de 1.998, cuando Rozas pretendía designar a dedo al doctor Fernando Franco. Por último, destacamos que Moreschi se había excedido cuando contestó la demanda de inconstitucionalidad porque no había respetado la voluntad y la decisión de algunos consejeros. Y todo esto es verdad.

Moreschi se apartó del mandato

No dijimos que Moreschi mintió o que es mentiroso. Fue suficiente con relatar, objetivamente, los hechos y analizarlos apropiadamente. Con el avance de los días se conocieron más detalles de la sesión del Consejo dela Magistratura en la que se resolvió contestar la demanda de inconstitucionalidad que iniciara Aguirre Hayes. El acta que se confeccionó el 30 de mayo refleja que de los presentes, el consejero Ramón Rubén Ávalos, uno de los jueces cuestionados, se retiró de la sesión. Quedaron Miguel Ángel Moreschi, Darío Augusto Bacileff Inanoff, Gloria Beatriz Zalazar, Eduardo Aníbal Siri y Omar Vicente Judis. Los consejeros presentes dispusieron que el presidente Moreschi contestara la demanda de inconstitucionalidad, sin que anotaran en el acta el contenido y los alcances de la referida contestación, lo que por cierto constituye una gravísima irregularidad que compromete a todos los consejeros, y que los coloca en situación de ser destituidos por el manifiesto incumplimiento de sus deberes. No obstante ello, esta situación permite comprender lo mal que funciona el Consejo dela Magistratura.

El 23 de agosto el ministro Judis, que participó como consejero suplente en la sesión del 30 de mayo, puso en conocimiento del fiscal especial Aguirre Hayes que había instruido al presidente Moreschi para que realice un informe circunstanciado de los hechos cuando contestara la acción de inconstitucionalidad; y textualmente agregó que “de ningún modo dichas instrucciones fueron las de ratificar la legalidad y constitucionalidad de las tres designaciones (de los jueces Ávalos, Franco y Toledo), sino más bien todo lo contrario… las manifestaciones vertidas por el mandatario (Moreschi) exceden el propio mandato, contrariando no solo las instrucciones impartidas en dicha sesión sino también extralimitándose en sus funciones”. La afirmación de Judis, que no lleva a dudas por su contundencia, ya fue presentada en el juicio de inconstitucionalidad. Después siguió una manifestación similar del consejero Basileff Ivanoff. Por lo tanto, el paso siguiente que probablemente encare Aguirre Hayes será el de demostrar que la contestación de la demanda implicó que Moreschi se apartó del mandato de estos consejeros y que producto de que no contaba con quórum (necesitaba cuatro posturas coincidentes, conforme el número de consejeros presentes), respondió demanda sin tener la indispensable legitimidad para hacerlo, lo que importa no solamente un exceso en el ejercicio de sus funciones, sino posiblemente un desvío de poder. Si esto finalmente se comprueba, la contestación de demanda que firmó Moreschi no tendrá validez ni eficacia jurídica porque debería ser anulada, con lo cual emergerá una nueva situación consistente en la pérdida del derecho del Consejo dela Magistratura en la tarea de contestar la demanda de inconstitucionalidad, lo cual significará otra grave irregularidad, de enorme alcance institucional negativo.

Todos estos posibles hechos irregulares tendrán un hondo significado institucional a futuro, con implicancias inestimables por ahora, pero todas de notable gravedad. Por supuesto que esto también debe traer aparejado el análisis y valoración de las instrucciones dada por el Consejo de Abogados al Dr. Moreschi, a su vez presidente del Consejo dela Magistratura. Por supuesto que también se tendrá que analizar la responsabilidad de Moreschi y de los restantes consejeros que participaron del acto, como también los que faltaron, por que el deber de hacer conforme a la ley y la obligación de vigilancia, son exigencia permanentes para estos funcionarios.

Imaginando méritos

El sincericidio posibilitó que el Consejo de Abogados efectuara un inventario de lo que suponen son sus propios méritos. A tal punto llega el desenfreno, que se postulan como confrontando al poder o a los poderosos, asociando al Centro Mandela a los poderes políticos. Es tan irracional esta especulación, que no advirtieron que desde siempre estuvieron de acuerdo con los sucesivos poderes en la tarea de designar jueces y magistrados de modo absolutamente discrecional, explotando al máximo la ley188, a la que reglamentaron de tal manera que deciden lo que quieren y no tienen que dar ningún tipo de fundamentos. Este hábito interrumpido de la dirección gremial tiene que ver con los intereses de cada uno y no les importó la degradación del poder judicial, alimentado por nombramientos y enjuiciamientos amañados, mientras no solamente se mantenían silenciosos, sino silenciando a los sectores que pretendían hacerlo. Hastala Asociación de Magistrados, que también es uno de los máximos responsables de la degradación institucional sistémica de la justicia chaqueña, reconoció este fenómeno en el documento que difundiera en el mes de junio de 2002, cuando la presidía el Dr. Julio Martínez Arias y la vicepresidenta erala Dra. Esther Pereyra,  para sorpresa de muchos, entre los cuales se encontró el Consejo de Abogados.

 La estrategia comunicacional fue tan desafortunada que poco tiene que ver con la seriedad o decencia intelectual. Es tan fácil rebatir los manotazos de los escribas que se torna penosa la tarea de responder porque la mirada ha sida absolutamente subjetiva e imaginaria. Sin embargo, para no pecar de perezoso, conviene recordar que la designación de Ávalos, que no rindió concurso público de antecedente y oposición, fue votada por el Dr. Osvaldo Simoni en representación del Consejo de Abogados, sosteniendo que la ley que regía en 1.998 para la selección de jueces no se aplicaba para el nombramiento de los miembros del Superior Tribunal. De este modo se violóla Constitución. Cuando se designó a Franco, tampoco existía una ley especial para nombrar a los jueces del Superior; no obstante ello, no rindió concurso público. Cuando se propuso a Toledo, aplicaron la nefasta ley Saife y sortearonla Constitución. El representante del gremio de abogados fue el Dr. Kapeica, que se abstuvo. Nuevamente se violóla Constitución.

Además, los directivos del Consejo de Abogados nunca se expidieron sobre la acción de inconstitucionalidad, ni apoyaron el proceso social que luego permitió que Aguirre Hayes iniciara las acciones. Moreschi aplicó la teoría de los hechos consumados y contestó la demanda de la manera que venimos difundiendo. El doctor Siri, actual diputado y socio del gremio de abogados, apoyó la teoría que luego sostuvo Moreschi. En el caso dela Dra. Lotero,  apoyaron la suspensión de esta juez, a pesar de que los consejeros fueron recusados; participó Kapeica. El socio Siri fue el autor de la ley de desamparo. Todos están de acuerdo en negar la entrega de la documentación de los concursos a los aspirantes, de manera que no son públicos. Por décadas mantuvieron herméticamente cerrado el Consejo dela Magistratura, impidiendo el acceso a la documentación. El Consejo siempre guardó silencio ante esta situación, como también frente al amañado enjuiciamiento dela Dra. Corchuelo. El gremio se mantiene silencioso a pesar de que Moreschi contrató al doctor Sandoval, lo que derivó en la recusación de la doctora Lotero en la acción de amparo que promoviera el Dr. Sinkovich, en cuyo caso cometieron todas las tropelías habidas y por haber. Y para no incurrir en omisiones que pueda generar malas interpretaciones, respecto ala Dra. Gladis Beatriz Regosky, extitular dela Defensoría Oficial N° 1 de J.J. Castelli, la población de dicha ciudad sabe perfectamente los motivos por los cuales vemos, con mucha preocupación, que la designaran como jueza de familia. Hemos recibido a numerosos padres que han planteado quejas y denuncias muy graves contra la misma, además de su pertenencia y participación política incompatible con la función. Se agregó que recientemente ingresó una denuncia en el juzgado federal en Sáenz Peña por un catálogo de supuestos ilícitos que deberán ser investigados. 

Lo que si tomamos como aporte, son las inesperadas confesiones del Consejo; fundamentalmente, que participan de la fatídica y distorsionante “calesita” de aspirantes y que votan sin dar motivos o fundamentos.

Resistencia, 5 de septiembre de 2011.

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