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Nov 21 2014

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Droga y violencia en el Centro Socio Educativo Juvenil del Ministerio de Desarrollo Social de Chaco

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, recientemente aseguró que “estamos construyendo un mejor futuro para nuestros hijos, que es lo más sagrado que puede tener una sociedad”. Así se manifestó en el marco de la jornada multipartidaria de “Diálogo sobre el fortalecimiento nacional y regional del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes”, cuando se recordó el 25° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, al que adhirió Argentina. Además de Domínguez, formaron parte del panel la presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, Norma Morandini; el presidente de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, Felipe Solá; la presidenta del Observatorio de Derechos Humanos y Género de los Bloques Legislativos de la UCR, María Luisa Storani; la representante del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Nora Pulido, y el vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (2003-2007), Norberto Liwski.

El Centro Socio Educativo Juvenil

El Centro Socio Educativo Juvenil, ubicado en Arturo Illia Nº 1313, comenzó a funcionar el 9 de enero de 2013. Recibieron más de 270 adolescentes, con un porcentaje de reincidencia de casi el 20%. Este Establecimiento público reemplazó al mítico Centro de Orientación del Adolecente “Juan Pestalozzi”, cuya negra y nefasta historia fue ocultada, que ahora se repite en el actual Establecimiento.

El Área Penal del Departamento Adolescencia de la Dirección de Niñez, depediente de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social opera con adolescentes de 14 a 18 años que son infractores de la ley, en la modalidad de libertad asistida y de régimen semi-abierto. Son múltiples los delitos que se atribuyen a estos adolecentes.

En lo relativo a la educación de los adolecentes en conflicto con la ley, específicamente analizados desde el esquema de educación formal (escolaridad), según la información recabada en el Centro surgieron datos muy reveladores que reflejaron la consecuencias negativas derivadas de la crisis del sistema educativo, que sumado a la fragmentación familiar y social generaron el caldo de cultivo para que los adolecentes experimenten las adicciones, la violencia y el delito.

Cuando el Centro Socio Educativo Juvenil funcionaba bastante bien identificaron que el 80% de los adolescentes consumían alcohol, marihuana, cocaína y psicofármacos. Algunos ya eran padres de familia. Manifiestan desinterés en retomar sus estudios. Detectaron que eran jóvenes sin proyecto de vida. A través de visitas domiciliarias y de sondeos vecinales, concluyeron –a mediados de este año- que “de la población total de adolescentes 586 han tenido de consumo de sustancias toxicas”.

La trágica vida de los menores que cometen delito

La existencia de menores en conflicto con la ley es un complejo y penoso problema social, con un historial bastante largo, que pone en evidencia los múltiples conflictos que se reproducen y se multiplican en escenarios marcadamente negativos (familia, escuela, deporte y otros espacios sociales, políticos e institucionales).

En los últimos años, Argentina y Chaco legistaron para aplicar los nuevos paradigmas para lograr el abordaje y resolución de estos conflictos. Se apoyaron en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, que propone la consideración del menor de edad como un sujeto de derecho. En ese marco, en 2012 se sancionaron las leyes nacional 26.061 y la provincial 7.162, de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

A partir de la sanción de la ley 7.162 se dispuso que la atención de menores no imputables en conflicto con la ley quedara a cargo de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Chaco, compartiendo los espacios de resolución –en distintos tramos- con el poder judicial. En la aprobación en particular de la ley se introdujo una modificación, disponiéndose que el poder judicial remitiera al órgano administrativo solamente una copia del expediente en el cual se investiga a los menores, no desprendiéndose de la causa. Vale decir que el poder judicial no resignó su competencia, sino que deriva el tratamiento de los menores al Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, existe co-responsabilidad institucional.

Más mora del Estado, esta vez muy grave

Como otras normas de la provincia, la ley 7162 tampoco ha sido totalmente implementada. En este caso, la mora estatal es grave porque conspira contra la plena vigencia de esta ley. No fueron creados algunos organismos o dependencias, como el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. El gobernador en ejercicio, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, junto al ministro Roberto Lugo, firmaron en agosto pasado el Decreto 1466/14, de creación de la Comisión Interpoderes, preparatoria del citado Consejo Provincial. Esta comisión debería estar ya integrada por dos miembros del poder ejecutivo, dos del legislativo y dos de poder judicial.

A mediados de septiembre, las diputadas Beatriz Vázquez, y la ex ministra y diputada, Beatriz Bogado, visitaron el Superior Tribunal de Justicia para invitar a ese poder a integrar la comisión. Fueron, apenas, pequeños pasos dados para las fotos. En los hechos, reflejó la confirmación de la mora del Estado en el cumplimiento de normas tendientes a la protección de los menores chaqueños. La ex diputada, Wilma Molina, miembro informante del oficialismo al momento de la sanción de la Ley 7162, cerraba su discurso en aquel debate de diciembre de 2012, señalando lo siguiente: “Esperemos todos poder festejar que esto no quede en el espíritu de los legisladores, que no sea letra muerta, y que a través de la implementación, fundamentalmente, del basamento de esta ley, que son las políticas públicas, pueda ser llevado a cabo para el bien de los niños, niñas y adolescentes de la provincia del Chaco y sus familias”.

Consumo de drogas

Desde mediados de septiembre de este año se produjeron graves violaciones a las normas de protección de los derechos de los adolescentes que están alojados en el Centro Socio Educativo. Este ciclo comenzó poco después de que asumiera la nueva responsable del Establecimiento. Silvana Tuzzanotti, cuyo desempeño ha sido netamente negativo. A tal punto ha llegado el descontrol que se consume drogas y se desató la violencia en el Establecimiento. Estos gravísimos hechos fueron denunciados ante la justicia penal, aunque no se sabe si se comunicara tales hechos a la justicia de menores, que derivó a los pibes al citado Centro. Un escrito, dando detalles de todas estas irregularidades, fue elevado a la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia el 20 de octubre pasado, con las firmas de aproximadamente 20 personas que trabajan en el lugar, entre administradores y “operadores convivenciales”.

La presencia de la nueva titular derivó inmediatamente en conflictos, fundamentalmente con el personal que trabaja en el lugar, la mayoría de ellos becados, con haberes inferiores a 2700 pesos, con preparación insuficiente y nula capacitación en la actual etapa. Los trabajadores del lugar denunciaron una serie de hechos persecutorios que alteraron la convivencia en la Institución, que inevitablemente generó consecuencias muy negativas en la población de menores que se encuentran alojados en el Establecimiento.

Los conflictos fueron crescientes y virulentos. Tuzzanotti solicitó la baja de un agente, acusándolo -en una nota remitida a la Directora de Niñez y Adolescencia- que había proporcionado drogas y alcohol a los menores. Sin embargo, el curso dado a la nota firmada por la encargada del Centro Socio Educativo apenas mereció un simple y mero trámite administrativo, casi neutro, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados, que podría suponerse que son ignorados en toda su extención por la justicia penal y de menores de Chaco y por el Juzgado Federal de Resistencia.

Sin embargo, la posible grave omisión oficial fue suplida o cubierta por el empleado acusado del grave delito, a través de una presentación ante la Fiscalía de Investigación Penal en turno. Si bien este educador asegura que la imputación que se le formuló tuve fines persecutorios, paralelamente relató que en el Centro Socio Educativo se consumían drogas (marihuana), dejándose constancias de tales hechos en los registros de los Libros de Novedades, en los que se deben asentar todo lo que ocurre en el Establecimiento.

En la nota elevada a la Subsecretaria Mariela Dolce el 20 de octubre pasado se detalla que quedó registrado en el “libro de informes diario” la detección de olor a marihuana en uno de los baños de los jóvenes y la decisión de la autoridad del Centro de no realizar ninguna acción que permitiera, al menos, esclarecer el hecho. También se informó que la titular del Centro había preguntado a los “operadores convivenciales” quién estaría dispuesto a “acompañar a los adolescentes a fumar marihuana en la vereda de la institución, cuando los alojados sintieran la necesidad de hacerlo”.

En resumen, de lo que existe certeza es que en el Centro Socio Educativo Juvenil los pibes allí alojados consumen droga y experimentan la violencia. O sea que, además de no brindárseles asistencia rehabilitadora para sacarlos de las adicciones, la cuestión se agravó de la mano directa del Estado, que no solo no cumple con el nuevo paradigma, cuyo eje es “el menor sujeto de derechos”, sino que permite o auspicia el consumo de drogas de adolescentes en conflicto con la ley penal. La cuestión se hace aun más grave cuando se sabe que de estos hechos están en conocimiento altos funcionarios, además de la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Delia Portela y la subsecretaría Mariela Dolce. Dolce es la cabeza del área Administrativa, órgano de aplicación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aunque el último responsable del funcionamiento total del ministerio es el actual Ministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo, sobre el cual nos ocupamos cuando investigamos los “polirubros” que se alimentan de ese espacio de gobierno.

Violencia desatada

Se desató la violencia en el Centro Socio Educativo Juvenil. La deficiente conducción, los conflictos con el personal y la pérdida de los objetivos que dieron origen a la creación del Establecimiento fue el caldo de cultivo ideal para que se perdieran los niveles aceptables de convivencia que se había logrado.Se dañaron algunas áreas del edificio, aberturas y mobiliarios del Centro. El pasado 19 de noviembre uno de los menores allí alojado, según una denuncia efectuada en sede policial, “comenzó a promover un desorden. Agredía físicamente a los demás menores. En un momento dado tomó un hierro con punta con el cual amenazaba de muerte a todos”.

La inseguridad como instrumento de gobierno

Esta es la situación a la que se llegó en el Centro Socio Educativo Juvenil producto de los graves y repetidos errores (o no) que comete el Estado, esta vez en un tema vital y estratégico dado que se supone que en el referido Establecimiento los jóvenes en conflicto con la ley tienen derecho a ser reeducados y rehabilitados de sus adicciones, para luego tener la posibilidad y el derecho de reintegrarse a la comunidad, en términos de convivencia civilizada. Es como que el Estado apuesta al sacrificio de todo un sector social de máxima exclusión y, al mismo tiempo, contribuye a la creciente inseguridad pública. Parece que políticamente se decidió gobernar con la inseguridad. Esto está comprobado por el dato objetivo que indica que no existe persecución plena del delito, sino una política de perseguir “selectiva y diferencialmente” los delitos. A algunos se los persigue, mientras que otros gozan de la garantía de impunidad o no se los investiga.

El funcionamiento del Centro Socio Educativo Juvenil también comprueba que las políticas sociales verdaderamente no están destinadas a combatir la desigualdad social, sino a acallar los reclamos y las protestas. Hace muchos años que la “política de inseguridad” es un instrumento de gobierno, es una forma de gubernamentalidad, que se ejecuta a través de la especulación y de la utilización de los miedos y de la inseguridad personal, que terminan siendo avales sociales y políticos para el diseño y ejecución de los planes de persecución de los sectores más pobres. Es que la desigualdad social tiene que ver con una desigualdad de poder; por lo tanto, la impunidad y la inmunidad de los poderosos es cada vez más fuerte.

NOTA DE ACTUALIZACIÓN:

A las 12:15 hs de hoy (21/11/2014) presentamos la correspondiente DENUNCIA ADMINISTRATIVA ante el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, señor ROBERTO LUGO, a los fines de que tome directa intervención en este caso tan grave, con el objeto señalado en la referida presentación.

A continuación, incorporamos el texto de la denuncia, con el sello de recepción puesto por la Mesa de Entradas del Ministerio referido:presentacion

 

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