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Nov 06 2014

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Las comisarías del Gran Resistencia alojan casi la misma cantidad de presos que la Alcaidía local

 

Mientras el poder ejecutivo de la provincia promete, desde hace varios años, cumplir con la meta de no alojar más detenidos en las comisarías, en la actualidad una numerosa cantidad de personas permanecen privadas de libertad en dependencias policiales, cuando deberían estar detenidas y custodiadas en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Provincial.

El promedio de detenidos en comisarias del Gran Resistencia -que incluye las ciudades de Barranqueras, Vilelas, Fontana y la ciudad Capital- aumentó este año un 17%, alcanzando el promedio diario récord de 350 detenidos, mientras que en la Alcaidía Resistencia la población carcelaria fue de 394 internos, cuando su capacidad de alojamiento es de 195 plazas, según datos relevados el 5 de noviembre. Esto hizo que la Alcaidía progresivamente se transformara en la “Casa del Horror”, según las expresiones del ex arzobispo Carmelo Giaquinta, que cuando visitó el lugar encontró un establecimiento ruinoso e inhabitable para los seres humanos. Hoy la situación, al cabo de varios años más, empeoró brutalmente.

La congestión y el hacinamiento de presos en las comisarías y en las cárceles provinciales son fuentes generadoras de más inseguridad. La superpoblación y los brutales conflictos entre presos, entre éstos y el personal policial y penitenciario, no solo pone al descubierto la antigua y profunda desinversión estatal, sino que contribuye a aumentar la inseguridad pública por falta de política penal carcelaria, de buenos tratos, de rehabilitación y de readaptación de aquellos que cometieron delitos, realidad que responsabiliza directamente a los poderes ejecutivo y judicial. Es extraordinaria la superpoblación de presos que permanecen cautivos absolutamente hacinados y mortificados por el profundo deterioro del sistema de permanencia y alojamiento de presos.

Principales resultados de la investigación social de datos realizada por el Centro Mandela

Los principales análisis y resultados derivados de la investigación social de datos y de realidades iniciado por el Centro Mandela tiene como fuentes un informe parcial suministrado por la Jefatura de Policía, que fuera proporcionado en base a un cuestionario elaborado al amparo de la Ley 6431, las visitas a comisarias y los testimonios de presos, familiares y personal policial.

La mayoría de los jefes de comisarías de toda la provincia informaron sobre la situación de los centros de detención que funcionan en unidades policiales. Los datos corresponden al período transcurrido desde el año 2012 hasta el 31 de agosto 2014. El informe desnuda una nefasta realidad, desconocida por la opinión pública y posiblemente ignorada en su integralidad por los funcionarios públicos responsables que forman parte del poder ejecutivo y por algunos integrantes de la justicia penal y del Superior Tribunal de Justicia. De otra forma no se explica cómo se ha llegado a una realidad absolutamente degradada y degradante.

El promedio diario de presos durante el periodo mencionado arrojó un total de 300 detenidos en comisarías y departamentos especializados del Gran Resistencia, notándose un paulatino incremento de las personas privadas de libertad en causas penales y contravencionales, como también de menores en conflicto con la ley alojados a disposición de sus familiares.
Al proyectar los datos de los ocho primeros meses de 2014, el promedio de detenidos registra un crecimiento sostenido, hasta llegar a 350 personas privadas de libertad en el total de centros de detención que funcionan en el área del Gran Resistencia. Este dato es revelador para poner en evidencia la falta de una política penal carcelaria y, sobre todo, de la prolongada y fuerte desinversión que por años se acumuló atravesando distintas gestiones de gobierno, hasta llegar a la etapa actual en la que es notable el nivel de superpoblación de presos por falta de lugares donde permanezcan privado de la libertad.

Superpoblación de presos en comisarias: creciente factor generador de conflictos y de mortificaciones

La extraordinaria superpoblación de presos en la mayoría de las comisarías y departamentos especializados del Gran Resistencia es una fuente concreta y efectiva para generar conflictos entre los detenidos y el escaso personal policial dedicado a la guarda y custodia de los privados de libertad.

Es notable la superpoblación de presos en al menos 12 de los 18 centros de detención del área metropolitana. En promedio alojan alrededor de 136 personas, lo que representa un 154% de presos más de lo que corresponde, según los indicadores de superficie mínima por detenido, que es de 5,4 metros cuadrados de acuerdo a las pautas nacionales e internacionales. Esta superficie es equivalente a una cama de una plaza y a un espacio igual para permanecer y deambular en la celda

El informe suministrado por la Jefatura de Policía revela que existe una gran superpoblación en las comisarías del Gran Resistencia. La situación se agrava, porque supera más del doble de las pautas de superficie por preso, en las Comisarías 1ª, 2ª, 8ª y 10ª de Resistencia, en la comisaría 1ª de Fontana y en el Departamento Drogas Peligrosas, con riesgo concretos para generar conflictos. Aunque no informaron el máximo de detenidos durante el corriente año en las Comisarías 4ª, 9ª y 11ª de esta ciudad, también se ubicarían en este lote de superpoblación de presos. Las Comisarías 3ª y 12ª de Resistencia y la 2ª de Fontana registran una menor superpoblación promedio y un menor riesgo de conflictos. Pero los casos extremos y más preocupantes se dan en las Comisarías 5ª, 7ª y en la Brigada de Investigaciones, donde se registra una superpoblación que triplica la capacidad de alojamiento permitido, donde el riesgo de conflictos aumenta considerablemente, como también la congestión y el hacinamiento de presos.

Precarias y ruinosas instalaciones

En el área Gran Resistencia existen 54 celdas y calabozos, con una superficie cubierta de 756 metros cuadrados. La capacidad total de alojamiento informada por los jefes de comisarías es de 216 detenidos. Al aplicar el indicador de 5,4 metros cuadrados por preso, la capacidad de alojamiento se reduce a 140 detenidos. El déficit promedio de plazas determinado en el estudio, en base a los datos suministrados por 12 de los 18 centros de detención del Gran Resistencia, es de 136 plazas. Pero si proyectamos las cifras de las 6 unidades policiales que no informaron el número máximo diario de detenidos, el faltante de plazas se elevaría a 170, aproximadamente. Este dato revela que el poder ejecutivo provincial no ha decidido aplicar una verdadera política de descompresión de la superpoblación existente. El centro de detención transitoria que se inauguró en Barranqueras, invirtiéndose una modesta suma que apenas supera el millón de pesos, albergará a 80 detenidos. Es apenas un paliativo, bastante insuficiente para resolver un conflicto grave y complejo, lo que desvirtúa y pone al descubierto el discurso engañoso de las autoridades en el día de la inauguración.

Preocupación por la situación actual de los centros de detención

Los jefes de comisarías han expresado su preocupación por la falta de infraestructura mínima adecuada para la guarda y custodia de detenidos, por la falta de personal suficiente derivado de la superpoblación de presos, como así también por el alojamiento prolongado de algunos procesados e, inclusive, de condenados, estadías que se extienden desde algunos meses hasta dos o tres años, en ciertos casos.

En su gran mayoría, los jefes de unidades policiales han reconocido el incumplimiento del indicador de 5,4 metros cuadrados por cada detenido, como también la falta de mantenimiento de los lugares de detención, con infraestructura sanitaria y elementos de seguridad deficientes. Las celdas predominantemente están muy deterioradas en sus estructuras e instalaciones. Son sucias, algunas directamente son mugrientas, con olores nauseabundos, invadidas por cucarachas, pulgas y otros insectos, lo que las hace inhabitables. Son lugares mortificantes, sin que corran las responsabilidades de funcionarios del poder ejecutivo, de la institución policial y del poder judicial. También brilla por su ausencia la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial, que en los hechos no inspeccionan comisarias, unidades especiales, alcaidías y cárceles, cuando debería ser uno de los objetivos fundamentales de su funcionamiento.

En cuanto a la alimentación de los detenidos, reconocieron que no se brinda comida a los presos porque no existe el servicio de cocina en las comisarías. La constante es que los familiares alimenten a los presos mediante la entrega de la comida en la guardia de la unidad policial, lo que también genera otras dificultades en materia de revisión y de entrega efectiva de los alimentos a los detenidos. Solo en aquellos casos en que el detenido no tenga familiares, se solicita la colaboración del Servicio Penitenciario Provincial, que en algunos casos entrega una magra ración para el preso. Cuando esto no ocurre, algunos de los restantes presos asisten al indigente.

Otro déficit señalado reiteradamente por los jefes de comisaría se relaciona con la falta de provisión de elementos de descanso, en especial de colchones ignífugos en cantidad suficiente, que debe ser suplido también por los familiares de los detenidos, que entregan colchones comunes y ropa de cama.

Profunda desinversión en los centros de detención y más inseguridad

Como adelanto sobre este tema, una de las primeras revelaciones que surgen del informe brindado por la Jefatura de Policía tiene que ver con la profunda y prolongada desinversión en materia de infraestructura para alojamiento de detenidos, de por lo menos treinta años o más en algunas unidades policiales. Existe un notorio déficit en el mantenimiento preventivo y correctivo en los edificios policiales en general, algunos de los cuales fueron construidos hace más de 50 años y se hallan en estado ruinoso. La mayoría de las comisarías cuentan con estructuras obsoletas, totalmente amortizadas por el uso, por la falta de un adecuado mantenimiento y por el simple transcurso del tiempo. Y ni hablar de las instalaciones eléctricas y sanitarias, con continuos problemas que hacen muy difícil, insalubre y peligrosa la estadía de personas privadas de su libertad. Esta situación afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino al propio personal policial que convive en un ambiente degradante y a las personas que concurren a las visitas de los detenidos, que se encuentran con un panorama desolador por las condiciones que deben soportar quienes se hallan privados de libertad en condiciones infrahumanas.

La institución policial ha identificado las necesidades de inversión en edificios policiales, incluyendo los espacios destinados a la guarda y custodia de detenidos. Hace por lo menos treinta años que no se destinan partidas presupuestarias para reemplazar los edificios policiales obsoletos. Cada año que pasa aumenta la desinversión y el desinterés de los gobiernos de turno en un aspecto que hace a la seguridad y al cumplimiento de normas mínimas sobre la guarda y custodia de detenidos en centros de detención.

Para el año 2015 tampoco se prevén partidas presupuestarias específicas, a pesar que hace varios años se viene anunciando y publicitando desde el gobierno provincial la refacción, ampliación y renovación de los edificios de todas las comisarías de la provincia, y del pedido realizado por la Jefatura de Policía para iniciar un plan de construcciones con una inversión estimada en 100 millones de pesos para el próximo año, cifra que no fue prevista en el presupuesto elevado a la Cámara de Diputados de la provincia el 30 de septiembre último.

En definitiva, el 2015 es un año más de un largo proceso de desinversión y de mal funcionamiento de comisarías obsoletas o ruinosas, con presos hambrientos, que viven hacinados y maltratados en celdas infrahumanas. Lo que no reconoce el gobierno es que esta realidad, absolutamente degradada, es un factor determinante para generar más inseguridad. Los presos que pasaron por la Alcaidía, las comisarías y unidades especiales de Resistencia egresan con una mayor carga criminógica dado que para sobrevivir en las condiciones de detención salen con una mayor carga de violencia y de capacidad para cometer delitos en el corto plazo luego de recuperar la libertad. Esto explica objetivamente porque reinciden en la violencia, en las contravenciones y en los delitos que azotan a la comunidad y el fenómeno creciente de la inseguridad pública.

GRAFICOS DE TABLAS: para acceder a las tablas en las que se detallan las personas privadas de la libertad en comisarías del Gran Resistencia en el período comprendido entre 2012 hasta el mes de agosto de 2014.

Hacer click en: DETENIDOS, SEGÚN EDADES DE IMPUTABILIDAD, EN COMISARIAS DEL GRAN RESISTENCIA. SUPERFICIES Y CAPACIDADES DE LAS CELDAS DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN

RESISTENCIA, 06 de noviembre de 2014.-

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