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Oct 24 2014

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Chaco necesita un mapa del delito

Comienzo de un incipiente sistema de georreferenciación del delito

 

En la reciente presentación del trabajo realizado por la Oficina de Política Criminal del Ministerio Público y de la Dirección de Tecnologías de Información del Poder Judicial el presidente del Superior Tribuanl de Justicia (S.T.J), Dr. Rolando Toledo, presentó un muestreo del “mapa del delito”, al que denominó sistema de georreferenciación de hechos traídos a conocimiento del sistema penal.

La presentación comprendió un mapa que identificó 21 modalidades delictivas registradas entre junio y septiembre de este año, según las denuncias ingresadas al fuero penal, ubicándolos geográficamente en Resistencia y sus alrededores. Procesaron un total de 7.120 hechos. Informaron que la modalidad delictiva conocida como “motochorros” es la de mayor frecuencia, por lo que mereció un tratamiento especial, en dos sub modalidades.

Llamó la atención que tanto el Ministro de Gobierno, Javier Oteo, como el Secretario de Seguridad, Marcelo Churín no asistieran a la presentación del sistema del poder judicial. Cayó muy mal en el S.T.J. que Churín haya pegado el faltazo, aún habiendo comprometido su asistencia. Este dato también refleja desencuentros y funcionamientos sin coordinación entre los poderes del Estado.

Preocupación por los “motochorros”

 

El S.T.J. señaló que de las 21 categorías procesadas, las de mayor impacto en materia de inseguridad por su alta frecuencia fueron los hechos cometidos por “motochorros”, en dos modalidades. La primera, comprende robos, hurtos y arrebatos cometidos con el uso de motovehículos, sin violencia y sin armas, que arrojó un total 202 casos en el periodo de tiempo (4 meses) que abarcó el estudio. La segunda modalidad, contempló los delitos cometidos por “motochorros” con violencia, es decir aplicando golpes, agresiones y utilizando armas de diferente tipo para someter a las víctimas, registrándose 133 hechos. Estas categorías son las que preocuparon al Procurador General del S.T.J, Dr. Jorge Canteros, quien manifestó que “cuando hablamos de motochorros, lo que asusta es la cantidad de hechos con violencia y armas que se producen en Resistencia”. La opinión, por lo menmotochorro-la-bocaos, es dudosa porque de los propios registro de la justicia surge que fueron 133 los delitos cometidos con violencia por los “motochorros” de un total de 7.120 casos procesados en base a 21 tipos de delitos. Por otra parte, lo expresado no es ninguna novedad porque hace varios años que se viene registrando un crecimiento sostenido en las cifras de robos cometidos al acecho, generalmente por parejas, que a bordo de motocicletas roban especialmente a mujeres solas, arrebatándoles bolsos, carteras y celulares, en muchos casos seguidos de lesiones, algunas de ellas graves por la violencia con que se cometen estos hechos. Pero la mayoría de estos hechos, no son denunciados, lo que desvirtua que fueran 133 los delitos con violencia cometidos por los “motochorros”.

La modalidad delictiva de los “motochorros” es una de las que con mayor frecuencia se producen en la actualidad, prácticamente en todo momento y en lugares variados, de tal manera que no se necesita un mapeo delictivo georeferenciado para tomar nota de este flagelo y diseñar programas y acciones de prevención primaria del delito. Esto ya lo sabemos y lo sufrieron las miles de víctimas que en los últimos años fueron atacados por los “motochorros”. Por lo tanto, marcar puntos georreferenciados en estos casos no aporta mucho para planificar acciones, aunque ayudarían a mejorar el servicio de seguridad pública. Para que no queden dudas sobre este tema, vale la pena destacar que no existen zonas donde no operen los “motochorros” en el Gran Resistencia.

El tema clave es como se previenen estos tipos de delitos y como trabaja la policía para prevenirlos. En este plano es muy poco lo que podemos señalar porque no se conoce que existan planes y programas de prevención focalizados y permanentes para evitar la multiplicación de delitos cometidos por “motochorros”. Tan solo es posible notar el funcionamiento operativo de grupos de motoristas policiales en Resistencia, principalmente en zonas del micro y macro centro, bajo la conducción de un conocido suboficial que se caracteriza por su violencia y su desapego en el cumplimiento de normas elementales de comportamiento y despliegue policial, por los malos tratos que aplica contra jóvenes sospechosos, generalmente pobres y morochitos, como también hacia circunstanciales testigos de los procedimientos que ejecutan en la vía pública, sin mayor control de los jefes policiales. Claro que esta no es la manera en que debe actuar del personal policial en un estado de derecho, en el que la Policía debe manejarse en base a las normas sobre uso de la fuerza y de armas de fuego universalmente conocidas y aprobadas por los países y Naciones Unidas, que están vigentes en nuestra nación a través de las leyes, de la Constitución y de los Tratados Internacionales ratificados por Argentina.

Incipiente elaboración del sistema georefenciado del delito

 

En el origen del trabajo presentado por el S.T.J participaron profesionales de la policía, quienes aportaron su visión sobre la formación de la base de datos de hechos delictivos que se trabajó desde hace más de una década. Sobresalió el trabajo de un ingeniero, con estado policial, que presta servicio en la Jefatura de Policía, que sigue el desarrollo y gestión del sistema de estadísticas delictuales desde aproximadamente el año 2.001, en cuyo esquema ya se había previsto la georreferenciación de los hechos delictivos, pero que el poder político no apoyó. Además, hace 14 años Gastón Pezuchi, quién actualmente es oficial jefe de la Bonaerense y es uno de los cinco expertos en el mundo sobre el tema, dictó un curso de capacitación al personal policial en sistema de información geográfica, aplicando el software Gis, que permite desarrollar la potencia que debe lograr todo mapeo criminal, que se debe caracterizar por la universalidad de los datos georeferenciados procesados y de los resultados obtenidos, que deben basarse en la experiencia empírica, o sea plenamente demostrables.

El aporte de la Policía se dio en el marco de acciones de coordinación y articulación que se desarrollaron durante el año pasado y hasta comienzos de este año con el fin de unificar la gestión de conocimiento de la cuestión criminal, a través de una base de datos única y compartida entre el fuero penal del poder judicial y la policía del Chaco, que lamentablemente se frustró por desencuentros políticos en los máximos niveles de conducción de los dos poderes del Estado. Esto quiere decir que a pesar del esfuerzo realizado por los niveles técnicos intermedios, tanto del poder judicial como de la Policía, estos organismos continúan funcionando como compartimientos estancos, sin compartir la información sobre la cuestión criminal que procesan por separado, lo que es verdaderamente descabellado frente al creciente aumento de la inseguridad pública, que para resolverlo exige la máxima integración de la información disponible dentro del sistema penal, para mejorar la prevención primaria y la investigación de los delitos que llegan a conocimiento de la justicia y de la Policía.

Precisamente, en medio de una relación bastante tirante e inestable entre las máximas autoridades de los poderes ejecutivo y judicial, en los últimos tiempos, fundamentalmente por la cuestión presupuestaria, se presentó lo que algunos medios de comunicación llamaron “Mapa del Delito”, pero que en realidad no lo es, tal cual lo aclaró luego el Procurador General Jorge Cantero, cuando dijo que se trata de un “sistema de georreferenciación de hechos delictivos ingresados en el fuero penal”, exclusivamente.

No obstante ello, una de las aristas, quizás la más importante de la presentación realizada, es que tanto el Procurador General como el presidente del Superior Tribunal de Justicia, coincidieron en que “planificar mejor la prevención” es el principal atributo que tendría esta nueva herramienta informática. Ambos reconocieron, de esta manera, que se metieron de lleno en el área de gestión del poder ejecutivo, en cuya cartera debiera desarrollarse la tarea de prevención primaria del delito. Esto es muy importante, y tiene varias lecturas posibles, sobretodo en el contexto en que se dio la presentación del sistema de georreferenciación.

Potencia de los mapeos criminales

 

El mapeo criminal presentado por el S.T.J. es parcial, incompleto y con algunas inconsistencias en la frecuencia de hechos relevados y graficados, que debieran merecer algunas aclaraciones por quienes lo elaboraron, por lo que no se pueden analizar las cifras resumidas en los resultados del trabajo. Lo que si se aclaró es que no habrían incluído algunos hechos registrados por la Policía ya que exclusivamente procesaron datos disponibles en el fuero penal. Tampoco se tuvo en cuenta las “cifras negras” de la inseguridad, que son los delitos que no se denuncian y que deberían ser relevados a través de encuestas de victimización encargadas o realizadas por el Ministerio de Gobierno, por lo que trabajaron -en el mejor de los casos- con el conocimiento de un tercio del universo completo de hechos delictivos. Se sabe por encuestas de victimización, realizadas hace varios años por consultora privada del medio, que dos de cada tres delitos no se denuncian, aunque estas “cifras negras” podrían ser aún mayor en la actualidad producto de la creciente evolución del delito.

La potencia del mapeo criminal a través de sistemas de georreferenciación consiste en la posibilidad de convertir datos de hechos delictuosos en puntos críticos georreferenciados, lo que permite visualizar la evolución a través del tiempo, los movimientos y corrimientos en territorios, las zonas calientes, y la posibilidad -a través de algoritmos determinados- de proyectar las series de tiempo con el fin de adoptar conductas anticipativas a los hechos, es decir típicamente preventivas, y no desplegar lo que se viene haciendo desde siempre que es ir detrás de los hechos y detrás de los autores de los delitos una vez cometidos. La potencia del mapeo también permite superponer distintas capas de otras bases de datos con información socio-económica de la población, como son los indicadores sociales, sanitarios y educativos, lo que permite una amplitud de visión y accesos a varias bases de datos que son vitales para el procesamiento y la obtención de los resultados globales.

Estamos bastante lejos

Con lo que presentó el S.T.J. la semana pasada se está muy lejos del procesamiento y elavoración de datos vitales para planificar la prevención primaria del delito y la efectiva persecución de tales hechos. Se necesita trabajar con una base de datos completa, que comprenda todos los delitos, o sea los denunciados en la Policía y en la justicia penal, como también los no denunciados (cifras negras), en todas las modalidades posibles, con localización de todos de lugares de ocurrencia, con los medios utilizados para cometer delitos, en un lapso que abarque varios años para comparar y ver la evolución de la violencia y el delito, para luego proyectar las cifras y planificar los programas y acciones de prevención primaria de la seguridad y la persecución de los delitos, que debe implementar el Estado a través de los poderes y organismos públicos, especialmente de la Policía y de la justicia penal, con activa participación de la comunidad.

O sea que estamos bastante lejos de encaminarnos por senderos correctos para contar con una politicia de promoción de la seguridad pública y de prevención primara del delito. Ni siquiera hemos confeccionado los trazos generales para la construcción de un modelo eficiente, democrático y participativo. El futuro diseño de una política de promoción de la seguridad pública y de prevención primaria del delito requiere la previa formulación de una política de seguridad social que respete los postulados contemplados en la Constitución Nacional. En ese marco será posible la formulación de una política criminal moderna y democrática, que auspicie la vigencia de los derechos, de las garantías y de las libertades públicas y privadas. A su vez, la traza de estas políticas constituirá la expresión más fiel de la vigencia de los Tratados Internacionales incorporados a nuestro ordenamiento a través del inciso 22 del art. 75 de la Constitución Nacional. De cualquier manera, los rasgos fundamentales de la futura política de seguridad pública y de prevención primaria del delito deberán establecerse a través de la democratización del debate, con participación de toda la sociedad, que luego se debe plasmar en leyes modernas que sustituirán en el futuro a algunas de las leyes actuales. De este modo lograremos que los espacios privados y públicos sean escenarios seguros, en donde podamos ejercer razonablemente nuestros derechos, con una fuerte cuota de tranquilidad y de seguridad. La peor de las políticas de promoción de la seguridad pública constituye la mejor prevención contra el delito. A su vez, a mayor seguridad social, corresponde una seguridad pública superior y de mayor calidad.

De lo contrario, se repetirán los casos del mediático “Conejo” Aguirre, que solamente es una partecita de la punta del iceberg, en un complejo y descontrolado mundo del delito y de la violencia, en el que por impunidad se ocultan los “delitos de cuellos blancos”, que crecieron aceleradamente en los últimos años en el seno de las sociedades cerradas entre funcionarios públicos y empresarios corruptos.

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